By José Andrés Franco
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José Andrés Franco /Opinión/

El decreto Decreto No. 26-2016 presenta reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la fiscalización y control sobre el financiamiento a los partidos políticos, y las sanciones que se pueden llegar a aplicar a estos. Así como la asignación de mayores recursos a esta institución y la distribución igualitaria de espacios y tiempos de propaganda en los medios de comunicación.

El contenido de estas reformas volvió a ser objeto de discusión en la opinión pública debido a la intención de vetar el decreto por parte del presidente, por considerarlas insuficientes al no responder a las demandas que se realizaron en las protestas del 2015. A pesar de considerarse insuficientes debido a temas que no fueron reformados o discutidos a profundidad, pareciera que existe un consenso en la opinión pública sobre la importancia de las reformas electorales que fueron aprobadas por el Congreso de la República.

Entonces vale la pena preguntarse: ¿Es el contenido de las reformas la razón del posible veto por parte del Ejecutivo? ¿El veto sería utilizado para otros objetivos?

Este no es el primer decreto que el Ejecutivo buscó vetar: el Decreto No. 13-2016 fue vetado en el mes de marzo, el cual reformaba el Código Penal para establecer la pena de prisión para los ministros y funcionarios que no asistan a las citaciones del Legislativo. Sin embargo,con 106 votos a favor y 35 en contra, el veto fue rechazado en el pleno del Congreso de la República y las reformas fueron promulgadas.

No es una gran revelación el decir que la presente legislatura se caracterice por una cantidad de reformas importantes realizadas, exponer casos de plazas fantasmas y poseer una agenda que cada día parece tener menos influencia del partido oficial y el presidente. Se impulsaron reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) y se presionó a la Corte de Constitucionalidad para que conozcan la propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre otras acciones.

En los primeros meses del año, se argumentaba que una de las razones en la imposibilidad para llegar a acuerdos o negociar dentro del pleno, se debía a la cantidad bastante baja de diputados del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con respecto a otras bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Sin embargo, en los primeros días de marzo, FCN-Nación ya contaba con 31 diputados y representaba a una de las bancadas más grandes del Legislativo. Entonces, ¿por qué el veto no fue apoyado por el partido oficial, al regresar al pleno? O viéndolo desde otro punto, ¿por qué el Ejecutivo vetó un artículo si este no contaba con el apoyo de FCN-Nación?

Cada vez es más evidente de que el Ejecutivo no tiene el apoyo por parte de la bancada oficial, y busca formas para manejar o influir en la agenda legislativa por medio de mecanismos como el veto presidencial .

Sin embargo al utilizar dicho mecanismo, los resultados no son lo que se esperaba, y por lo tanto el presidente se ve obligado, en las reformas a la LEPP, a desistir, sancionar y promulgar la ley. El Ejecutivo se ve forzado a buscar otro tipo de plataformas y la alianza con otros actores que le permiten tener peso para buscar la negociación. Su participación en la discusión sobre las reformas constitucionales para el fortalecimiento del sistema de justicia podría ser utilizada como una plataforma alternativa. El hecho que participen la Fiscal General del MP, el Comisionado de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Procurador de los Derechos Humanos, puede llegar a ser una oportunidad para tener más peso, con respecto a otros poderes como el Legislativo. 

En esta discusión se busca la reforma a temas como el derecho a antejuicio (la eliminación de este a diputados al Parlamento Centroamericano, alcaldes, gobernadores, director general y adjunto de la Policía Nacional Civil), elección e integración de la Corte de Constitucionalidad (CC), creación de Consejo de Carrera Judicial, modificación a la elección del fiscal general del MP (incluir a los presidentes de los tres poderes del Estado), entre otros.

Cuando el Ejecutivo presenta una percepción de improductividad por parte de la población y así como un distanciamiento del partido oficial, imposibilitando algún tipo de acuerdos dentro del Legislativo, este se ve obligado a utilizar otro tipo de mecanismos (formales o no) así como alianzas con otros sectores para gobernar.

Los resultados que presente la plataforma sobre estas reformas al sistema de justicia así como los beneficiarios de estas, se estarán observando mientras se desarrollen los espacios de dialogo. Pero no hay que olvidar que si se establece una agenda legislativa, fruto de estas discusiones, la importancia del Congreso de la República y su apoyo o no de estas, jugaran un papel determinante en el éxito o no de tales reformas.  

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Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Rafael Landivar, me considero inesperadamente diferente y no me gustan las limitaciones que evitan expresarnos. Me gusta vivir para aprender y aprender para vivir.

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