By Carlos Muñoz
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Carlos B. Muñoz/ Brújula/

La nueva ola de investigaciones, declaraciones y órdenes de captura por parte del MP-CICIG nos han sacado de nuestro adormecimiento ciudadano. Se abren nuevas convocatorias para volver a La Plaza y nuevas exigencias en vistas de la depuración del sistema: muchas personas regresan y para ello, estar informados es indispensable. Podemos caer en la tendencia de pensar que el caso La Línea y el caso Cooptación del Estado, al igual que el caso TCQ y La Cooperacha,  son lo mismo.  Pero no, pese a tener una misma línea conductora y repetir algunos protagonistas (como Otto Pérez y Roxana Baldetti), no necesariamente corresponden a un mismo mecanismo corruptor. Conocer las similitudes y diferencias entre los 4 casos nos permiten entender cuáles son los orígenes de las diferentes formas de corrupción. Esto con el objetivo de ir abandonando la idea de que la fuente del problema y la culpa radican únicamente en el Partido Patriota y sus líderes. La corrupción también tiene otros nombres y apellidos.

Los 4 casos (La Línea, TCQ, Cooptación del Estado y La Cooperacha) corresponden a investigaciones hechas por el MP-CICIG que han llevado a redes de corrupción a tribunales. Las investigaciones han llevado meses de recolección de datos y han representado un sinnúmero de escuchas telefónicas e informes consultados. Cada uno de ellos ha concluido en acusaciones a varias docenas de personas, la mayoría de ellas en importantes puestos de instituciones públicas. Trasciende en todas ellas la figura del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti como cabezas de la estructura criminal, así como la de Juan Carlos Monzón como el facilitador del acceso por parte de la gente del Partido Patriota a las redes de corrupción.  En los 3 primeros están implicados, además de funcionarios públicos, inversionistas extranjeros y empresas nacionales.

Hasta aquí lo común en los 4 casos. Ahora veremos las diferencias dentro de estas redes para ir reconociendo las formas de corrupción en cada caso y así poder darnos cuenta que la problemática de la corrupción no es un mal de un partido político y su binomio presidencial sino un quehacer estatal-empresarial. Es un sistema que se sirve de estructuras estatales para fines personales ya sea de funcionarios públicos o empresas privadas.

Caso la Línea: Corrupción aduanera

El caso la Línea es un caso de defraudación aduanera. Es decir, acciones de contrabando en las aduanas que les permitían a los importadores evadir los impuestos por medio de una red de tramitadores aduaneros que iban desde los altos mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)  hasta los empleados de las aduanas. Esta red funcionaba en turnos de trabajo específicos, en los cuáles los empleados tenían indicado cumplir las órdenes que llegaban de la organización criminal.  La Línea hace referencia al número telefónico que se les proporcionaba a los importadores para que “negociaran” el paso de sus mercancías. Fue la interceptación de esta línea la que permitió el desmantelamiento de la red de corrupción.

Para marzo de este año. el Ministerio Público había registrado la defraudación de 28 millones de quetzales aunque el monto podría seguir subiendo. Dentro de los principales implicados se encuentran los altos mandos de la SAT, siendo los más conocidos Omar Franco y Carlos Muñoz, ex-jefes de esta  institución, así como funcionarios del Puerto Quetzal y vistas aduaneros.

Caso TCQ: Contratos irregulares

No hay que confundir el caso TCQ (Terminal de contenedores Quetzal) con el tema de las aduanas únicamente porque hace referencia a un puerto comercial. TCQ es una empresa que firmó un contrato por 25 años con la empresa Portuaria Quetzal que estipulaba la construcción de una terminal de contenedores que facilitaría la operación de la entrada y salida de mercancías dando así más eficiencia al Puerto Quetzal. A grandes rasgos, parecía algo beneficioso para el país. Sin embargo, el proyecto de la terminal sirvió para el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos e inversores extranjeros.  Esto a través de un contrato paralelo al oficial, en el cual se estipulaba que los pagos de los inversores se tenían que hacer durante el gobierno del PP al  binomio presidencial y a Juan Carlos Monzón por US$24 millones. Por su parte,  Pérez Molina se aseguraba de que la empresa obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación  promoviendo reuniones con bancos internacionales y nacionales en las que participó, asegurando así el respaldo gubernamental al proyecto.  Además designó a funcionarios públicos allegados como interventores que no denunciaran ninguna de las ilegalidades.

Dentro de los denunciados por el MP-CICIG se encuentra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, acusado de tráfico de influencias por favorecer a TCQ en denuncia por falta de licencia de construcción. Además de él, se encuentran implicados en el caso Allan Marroquín y Guillermo Lozano, interventor y operador del puerto Quetzal respectivamente, así como Ángel Pérez-Maura y Mauricio Garin quienes fueron los representantes de TCQ durante las negociaciones.

Caso Cooptación del Estado: Lavado de dinero para fines electorales

Este caso se distingue de los otros por el hecho de que la estructura criminal no inicia en el gobierno sino en época electoral. Se trata del conjunto de empresas que financiaron la campaña del Partido Patriota del 2008 al 2012 a través de redes de lavado de dinero. El lavado de dinero consiste en hacer que fondos provenientes de actividades ilegales aparezcan como fruto de actividades legales. A través de una aparente legalidad se creó una red mafiosa de financistas que lo único que buscaban era el enriquecimiento ilícito.

Por su parte, el Partido Patriota utilizó el sistema electoral para hacerse con el poder gracias a la financiación recibida. Para esto, Otto Pérez y Roxana Baldetti crearon empresas de cartón a través de terceros en las cuales recibían beneficios para la campaña. Un ejemplo de ello fue la financiación recibida por Ángel González (dueño de canal 3, 7, 11, 13, TN23, Radio Sonora, Circuito Alba), quién aportó Q17 millones a la campaña, aporte que luego cobró durante el gobierno, a través de contratos millonarios y protección a su monopolio. Otro actor importante fueron las autoridades de bancos, siendo señalados y capturados los gerentes de Banrural y G&T.  Las personas sindicadas financiaron la campaña del PP de forma ilícita y Banrural gestionó el lavado de dinero, producto de transacciones ilícitas. Dentro de las otras empresas señaladas se encuentran farmacéuticas, empresas de seguridad y de telecomunicaciones.   Una vez que el PP asume el poder, las redes de lavado de dinero se dan a nivel estatal buscando no el bien común sino el bien de la estructura criminal. Cuando el Estado responde a intereses particulares que lograron filtrarse en sus instituciones, se dice que está cooptado.

Caso Cooperacha*: Cooperación de ministros para regalos presidenciales.

Este es el último caso revelado hace apenas algunos días. Se llama la Cooperacha porque responde a una dinámica por la cuál los ministros se organizaban para aportar cada uno de ellos una suma de dinero para darles regalos lujosos (lanchas, helicópteros, casas de playa) a Otto Pérez y Roxana Baldetti en el día de sus cumpleaños. Este tipo de mecanismos son muy comunes en estructuras de crimen de organizado en las cuales los integrantes buscan agradar a los jefes por medio de regalos y así mantener sus puestos.  Esto se dio entre 2012 y 2015 y las sumas de dinero aportadas por los ministros no corresponden a sus declaraciones de probidad.  Dado que los aportes se hacían en dinero en efectivo, la CICIG deduce que este se sustraía de  fondos públicos. Dentro de los ex ministros implicados se encuentran: Mauricio López Bonilla (Ministro de Gobernación), Erick Archila (Ministro de Energía y Minas y principal accionista de los medios de comunicación pertenecientes al Grupo A), Héctor López Ambrosio y Ulises Anzueto (Ministros de Defensa) y Alejandro Sinibaldi (Ministro de Comunicaciones y pre-candidato presidencial del partido).  El ex presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, también figura entre los señalados.  Se estima que la suma de los regalos ascendió alrededor de Q36 millones 950 mil.

Infografía Corrupción-01-1

Queda en evidencia que los actores principales se repiten pero no las formas de corrupción. Evasión de impuestos, contratos anómalos, lavado de dinero, entre otros, son mecanismos que se dan dentro del Estado de los cuáles también participan las empresas, las multinacionales, los cacicazgos e incluso muchos de los ciudadanos. Es un sistema que es corruptor de funcionarios públicos y adormecedor de la ciudadanía. Antes, parecía normal que se robaran recursos públicos, que se evadieran impuestos y que prevaleciera el interés personal. Esto pareció cambiar en el 2015; sin embargo, parece que muchos se conforman con las cabezas de estas redes de corrupción.

Los casos judiciales iniciados evidencian la red de implicados en estas estructuras, más allá del ex presidente y vicepresdiente.  Personas y estructuras que han facilitado la debilitación del Estado y por ende, la facilidad para su cooptación. Es importante dejar de enfocarse en  los actores de la corrupción e indagar en  los mecanismos por los cuales la corrupción se da. El primer paso es poder distinguir los 4 casos aquí presentados.

*La palabra es un término que en el lenguaje coloquial de México y Guatemala es sinónimo de colecta. Normalmente se escribe “coperacha” pero en el informe de la CICIG el caso esta nombrado como “La Cooperacha”. Es por ello que se ha usamos el término utilizado por la CICIG.

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