By Andrea Godínez
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Por: Andrea Godínez / Brújula

El fenómeno de la migración en los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) tiene su origen en problemas estructurales de país, que van desde la pobreza, desnutrición, violencia y desigualdad, hasta muchas otras causas que condicionan a que las personas de acuerdo a los accesos y oportunidades que han tenido, posean un estilo de vida determinado.

Centroamérica es una de las regiones más violentas en el mundo. En 2012, se asemejaba a países africanos con uno de los mayores números de homicidios promedio en la región: 34 por cada 100,000 habitantes. Fuente: Barómetro de las Américas, 2014.

Sin embargo, el problema generalizado es la pobreza. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vivienda 2014, en Guatemala el 59.3% de la población vive en condiciones de pobreza. Es decir, más de 7.5 millones de guatemaltecos viven con el mínimo. Esta condición y falta de accesos a una salud, educación y seguridad de condiciones óptimas, junto con una alta tasa de desigualdad, ha obligado por décadas a que muchos guatemaltecos abandonen sus lugares de origen en búsqueda de una vida digna para ellos y sus familiares en Estados Unidos, un viaje que representa grandes riesgos tanto para la vida del que decide irse, como para los familiares que se quedan. Es así, como miles de guatemaltecos aún conociendo los riesgos y amenazas del viaje, deciden abandonar sus hogares sin la certeza de que lograrán cruzar las fronteras. Esta disposición y vulnerabilidad del migrante centroamericano, ha hecho también que el narcotráfico encuentre en la migración, una ruta para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Estados Unidos representa el país con mayor consumo de drogas de acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2015 de Naciones Unidas.

En 2014, la migración en Centroamérica reflejó un nuevo rostro. Más de 50,000 menores de edad fueron retornados de tierras yankees. Los porcentajes más altos de retornados que no cumplían con la mayoría de edad eran guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, quienes  habían emprendido tan arriesgado viaje sin la compañía o supervisión de algún adulto, reflejando así una de las crisis migratorias más graves de las últimas décadas para el gobierno de Barack Obama.

Esta realidad llevó a que en 2014 los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, establecieran mesas regionales para discutir y encontrar una forma de evitar o frenar las causas que obligan a miles de centroamericanos a buscar oportunidades y refugio principalmente, en Estados Unidos. Tras varias reuniones y contando con el apoyo a través de las embajadas del gobierno estadounidense y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se establece el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), como una iniciativa que busca generar fuentes de empleo y mejorar las condiciones de vida en los territorios de los tres países más propensos a migrar hacia el norte del continente americano.

Sin embargo, el plan no convence a todos. De acuerdo a la mexicana Leticia Gutiérrez, directora y fundadora de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR) en México e integrante de la Misión Internacional de verificación sobre la situación de los Derechos Humanos de la población migrante en Honduras, en una visita que realizó a la Ciudad de Tegucigalpa para presentar un informe con respecto a la situación de los migrantes, la propuesta del Plan Alianza para la Prosperidad más allá de buscar empoderar a las comunidades expulsoras y mejorar la economía local, promueve la instalación e ingreso de megaproyectos multinacionales en los territorios del triángulo norte seleccionados por el plan. De ser así, Gutiérrez asegura que las comunidades serán desplazadas y representaría una amenaza para el medioambiente provocando únicamente el agravamiento de las condiciones de vida de las personas, forzándolas a encontrar nuevos motivos para migrar, no cumpliendo los objetivos de dinamizar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia; así como fortalecer las instituciones para mejorar la transparencia que el plan promete.

–  LEER 10 COSAS QUE NO SABÍAS DEL PAP –

El Plan Alianza para la Prosperidad está buscando mejorar las problemáticas de seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, educación y transparencia administrativa, entre otras, que son los principales indicadores que ha identificado como detonadores de la migración hacia Estados Unidos. Para ello, ha priorizado de los 340 municipios a nivel nacional, beneficiar específicamente a 51 de estos que representan las tasas más altas en expulsores del país. Esto representa un 39% de la población nacional priorizada para mejorar las condiciones de vida en estas localidades. 

¿QUÉ BUSCA MEJORAR EL PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD?

REDUCIR LA POBREZA

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, si el plan busca mejorar las condiciones de pobreza, se le ha olvidado incluir a Sololá, que es el departamento con la tasa más alta en pobreza con un 80.9%. Además, los departamentos de Guatemala con un 17%, Jutiapa con un 12% y Quetzaltenango con un 15.4%, han aumentado su nivel de pobreza durante los últimos años. Es decir, en vez de reducirse los porcentajes, van en aumento, siendo estos últimos tres departamentos los que tienen las tasas más altas a nivel nacional.

MEJORAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

En cuanto a mejorar las condiciones que provocan inseguridad alimentaria, el plan deja a un lado a departamentos como Escuintla (22.9%), Santa Rosa (29.9%) y Suchitepéquez (31.1%) que reflejan los niveles de inseguridad alimentaria severa más altos del país.

PREVENIR CONDICIONES DE VIOLENCIA Y MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Escuintla al igual que Zacapa, es el segundo departamento que refleja la tasa más alta de homicidios a nivel nacional con 84.2% que hasta 2012, reflejaba un total de 169 sentencias condenatorias por violencia ciudadana. Y de nuevo, Escuintla es de los no incluidos en el plan.

 

Es cierto que un plan que busca frenar las condiciones para migrar dando prioridad a los departamentos con mayor número de personas migrantes, no puede atender los problemas estructurales de todo el país y es por esto que a pesar que muchos de los departamentos anteriormente mencionados reflejan condiciones de vida alarmantes para los guatemaltecos, no han sido tomados en cuenta para ser beneficiados. Pero es precisamente el criterio de selección y priorización, lo que ha generado mucha discusión en cuanto a su autosostenibilidad y buen funcionamiento, ya que a pesar de que el Gobierno de Obama se ha comprometido a aportar económicamente para sostener el plan, el aporte de los norteamericanos es únicamente el 20% de lo que el plan requiere. El otro 80% es responsabilidad de los Estados del triángulo norte, que buscarán generar mayores ingresos en las localidades seleccionadas promoviendo la inversión del sector privado y empoderando a las comunidades a través de la creación de mipymes. Las brechas de desigualdad, pobreza, seguridad alimentaria, combate contra la corrupción, violencia, transparencia y fortalecimiento de la justicia son sin duda altas y la inversión en los territorios buscaría disminuirlas; sin embargo, dicha inversión tampoco garantiza un “derrame de la riqueza” que se vea reflejado en la mejora de la calidad y vida digna de quienes más lo necesitan. 

Una compilación de investigaciones sobre conflictos socioambientales publicados por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, da cuenta de que territorios como Quiché, Huehuetenango y San Marcos, presentan altos índices de conflictos medioambientales, en su mayoría por la instalación de proyectos extractivos.

A pesar que el Plan representa un ingreso alto económicamente hablando para cada país, Estados Unidos estableció una serie de condicionantes para que la ejecución del presupuesto por parte de los Estados centroamericanos cumplan los objetivos constituidos por el mismo. Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, asegura que las principales condiciones que el gobierno de Obama ha presentado son establecer una entidad pública y autónoma que se encargue de monitorear la implementación del plan, establecer políticas de participación, evaluación y consulta de actores locales, y apoyar en programas que disminuyan la pobreza, generen empleo y promuevan un crecimiento económico equitativo. Sin embargo, la mayor preocupación para muchos académicos y actores sociales es que este plan no fue consensuado con los territorios que abarca y que el Estado de Guatemala no posea las capacidades necesarias financieras, institucionales y operativas para la sostenibilidad del proyecto.

De la mano a Roldán, Lisa Haugaard, directora ejecutiva de Latin America Working Group, durante una conferencia de prensa para la discusión de este plan en Guatemala el pasado mes de mayo, recomienda que más allá de impulsar un plan poco sostenible, lo que se debería hacer para realmente encontrar una solución a las olas de centroamericanos migrantes, es la implementación de una reforma migratoria por parte de Estados Unidos que puede venir a tratar de fondo algunos de los problemas estructurales de los estados centroamericanos.

Durante el foro debate organizado por la Universidad Rafael Landívar, FLACSO Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala el pasado mayo, representantes de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala FUNDESA, el Programa Nacional de la Competitividad PRONACOM, OXFAM, las universidades y otros actores, discutieron sobre los vacíos y fortalezas desde una visión regional sobre el PAP. Varios de los participantes discutieron sobre cómo el plan no detendrá la migración en el corto o largo plazo, porque su enfoque más allá de atacar los factores o causas de la migración, lo que pareciera buscar es generar mayor inversión por parte del sector privado en los territorios y por ello, ven más importante la creación de nuevas estrategias enfocadas al empoderamiento y generación de riqueza desde las mismas localidades fortaleciendo la educación y participación política en la toma de decisiones necesarias de cada lugar. Sin embargo, otro actor importante que ha estado presente, tanto para la elaboración del plan, como intermediario entre sector privado, público e internacional, ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual afirma que el plan tiene altas expectativas para poder frenar el fenómeno de la migración en el Triángulo Norte de Centroamérica, coincidiendo con esto con las posturas de otras entidades de gobierno como PRONACOM.

Vicky Gaas, asesora política para Centroamérica de OXFAM,  también asegura que si el plan en 5 años no va a detener las migraciones hacia Estados Unidos, a largo plazo reducirá las estadísticas de población menor de edad que se ve forzada a dejar su país de origen y mejorará las condiciones de vida que provocan que miles de guatemaltecos anualmente abandonen la tierra del Quetzal. Al igual que Gaas, el director ejecutivo de PRONACOM, José Fernando Zuriano, asegura que los fondos que se tienen para ejecutar los programas del plan permitirán que las causas que obligan a las personas a migrar, se reduzcan y “le hagan pensar que quedarse en su país, es lo mejor que les puede pasar.” Asimismo, reconociendo que los tres países tienen la característica de ser Estados corruptos, se establecerá una institución autónoma que se encargará de la auditoría y ejecución de los objetivos del plan en compañía de la Contraloría General de Cuentas para el caso de Guatemala.

Es así como la discusión sobre los alcances y beneficios del Plan Alianza para la Prosperidad aun no pueden darse por agotadas.  A pesar que el PAP ya se encuentra en su fase de implementación, es importante continuar discutiendo y analizando el mismo, especialmente desde la percepción que este plan será la receta mágica para frenar la migración en la región.  El Plan podrá ser una entre muchas estrategias y proyectos que busquen mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos y como resultado final, es probable que se logren alcanzar algunos resultados en conjunto. Sin embargo, es necesario tener claridad de los objetivos y territorios que el plan abarca, y saber que con un solo plan, no se detiene la migración.

Otros datos que debes saber sobre el Plan Alianza para la Prosperidad

  • Estados Unidos aporta únicamente el 20% para la ejecución del plan. El 80% restante proviene de recursos propios del gobierno, banca multilateral de desarrollo y sector privado empresarial. ICEFI, 2015.
  • No es igual al Plan Colombia o Plan Puebla Panamá pero la lógica es la mismo, de acuerdo a declaraciones del director ejecutivo de PRONACOM, José Fernando Zuriano.
  • El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es el secretario técnico para la implementación del proceso del PAP.
  • El plan en su resumen estratégico, indica que a través de la inversión del sector privado empresarial, se generarán mayores oportunidades de empleo y por consiguiente, se reducirá la migración de los tres países. Asegura que los sectores económicos beneficiados son el textil, agroindustrial, industria ligera y el turismo.
  • En Guatemala, entre los líderes del sector empresarial que promueven el plan, se encuentran el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA).
  • En las negociaciones y establecimiento de estrategias se ha dejado fuera de la toma de decisiones a la academia, iglesias, organizaciones de migrantes, organizaciones de sociedad civil y organizaciones sindicales y campesinas.
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Me cansé de definirme entre líneas porque nunca he estado dentro de ellas. Veo lo que comparto, comparto lo que veo.

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