By Luis Enrique Aguilar
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Luis Aguilar/ Brújula/

Desde hace ya unos meses ha venido resonando un tema en medios de comunicación, en la universidad e incluso en discusiones familiares; las célebres “Reformas Constitucionales”. Pero,  ¿sabemos de qué hablamos cuando nos referimos a dichas reformas?

A grandes rasgos, las reformas parten de una iniciativa de la Secretaría Técnica (CICIG, MP y PDH) y posteriormente son impulsadas por los presidentes de los tres organismos del Estado (Jimmy, Taracena y Ranulfo Rojas, en ese entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia) y lanzadas al Diálogo Nacional, iniciado el 25 de abril de 2016.

Dicho diálogo se llevó a cabo a nivel regional, primeramente, y luego se estableció una mesa nacional con aproximadamente seis meses de proposición y discusión de propuestas, en donde participaron diversos actores incluyendo sociedad civil.

Las reformas superaron las tres lecturas en el Congreso; sin embargo el proceso de aprobación por artículos se estancó el último 28 de noviembre y está aún pendiente de retomarse –tentativamente el próximo miércoles 15 de febrero-.

La espina dorsal del proceso de reformas constitucionales está constituida por tres ejes elementales:

  1. Antejuicio
  2. Pluralismo jurídico
  3. Consejo Nacional de Justicia

Y es, precisamente de este último del que basaremos el resto de la discusión.

Actualmente, los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son electos a partir de comisiones de postulación. Estas han demostrado una enorme cantidad de desaciertos en cuanto a su capacidad ideal como mecanismo de selección de magistrados –existen innumerables análisis que se plantean comprobar que existe un proceso de descomposición de las comisiones de postulación-.  Además, la CSJ es la encargada del nombramiento de jueces y  personal auxiliar y es ella misma quien decide cómo se integran las distintas Salas de Corte de Apelaciones y demás tribunales de la misma categoría. Si algún juez no responde a lo que yo como magistrado de la CSJ le sugiero en alguna sentencia de un juicio, por ejemplo (faltando a mi ética profesional), estoy en la capacidad de enviarlo al rincón más lejano del país y pongo a otro que responda a mis intereses; vaya problema.

Por lo tanto, distintos actores se han cuestionado si esa cuota de poder no es excesiva y la posibilidad de redistribuirla o crear un organismo alternativo que reste dichas características a la CSJ y que esta se encargue, únicamente, de impartir justicia.

La reforma constitucional, específicamente la iniciativa 5179, propone la creación de un Consejo Nacional de Justicia (CNJ) con la carrera judicial como bandera, para garantizar la separación de las funciones administrativas de las judiciales. El Consejo Nacional de Justicia, sin romper con la propia unidad del Organismo Judicial como poder estatal, asumiría funciones administrativas (como preocuparse, por ejemplo,  porque haya papel en los juzgados) y de fortalecimiento judicial.

Para esto, el CNJ se subdividirá en dos direcciones (sé que es un poco complicado de explicar, pero no os desesperéis):

  1. Dirección de la Carrera Judicial y
  2. Dirección Administrativa

Por una parte, la Dirección de la Carrera Judicial estaría integrada por tres representantes de todas las esferas de jueces y magistrados (de Paz, de Primera Instancia y Corte de Apelaciones) a través de un proceso de selección público por sorteo en el Congreso, un representante de la CSJ, electo por mayoría calificada de la misma CSJ y tres profesionales de distintas disciplinas externos al Organismo Judicial, electos por los anteriormente seleccionados. Esta dirección tomaría la batuta en todos los procesos relacionados con la carrera judicial, por ejemplo, la selección y el traslado de jueces, entre otras.

Por la otra parte, a la Dirección Administrativa le competería la selección del personal auxiliar y la ejecución de las políticas administrativas y financieras. La misma estaría integrada por tres profesionales en la materia seleccionados por la CSJ (ellos eligen 1), el Congreso de la República con mayoría calificada (ellos eligen 1) y el Presidente de la República en consejo de Ministros (también elige 1).

Fuente: Landivarianos

Ya en el pleno del Consejo Nacional de Justicia, los diez miembros de ambas direcciones, se encargarán, a su vez, de aprobar las listas de los candidatos a postularse a cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (los elegirá el Congreso) y los magistrados de Corte de Constitucionalidad, donde sí tendrían un papel de elección directa.

Sin embargo, existen muchas críticas al CNJ, como que fractura la unidad del Poder Judicial o que no limita realmente la injerencia de los otros dos organismos del Estado en el judicial, ya que el ejecutivo y el legislativo eligen a una buena cantidad de los integrantes de ambas direcciones. Además, algunos actores critican que este ente tenga la capacidad de moldear y aprobar las listas de candidatos a CSJ o incluso que se concentre la capacidad de elección de magistrados de la CC entre el Ejecutivo, el Congreso y el mismo Consejo Nacional de Justicia.

Algunos de estos cuestionamientos pueden tener una resolución concreta y serían fácilmente disueltos, otros a lo mejor no. Eso sí, debemos tomar en cuenta que no existen –ni existirán- mecanismos incorruptibles de selección de funcionarios, incluso de impartición de justicia, ya que siempre juega (y jugará) un rol fundamental el factor humano en estos, “la carne es débil”.

El Consejo Nacional de Justicia plantea delimitar, con mayor claridad, los procesos de elección de funcionarios y de separar las funciones administrativas de las judiciales -evitando una posible verticalidad marcada que interfiera en la independencia de jueces y magistrados- dejándole a la CSJ la única y elemental función de impartir justicia. 

A favor o en contra, eso depende de vos. Lo importante es que conozcamos las reformas y nos formemos un juicio propio. Al final de cuentas, no estuvo tan complicada la explicación, ¿o sí?

Imagen: Globovisión

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