By Carlos Martínez Roca
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He dicho y escrito esto hasta la saciedad, pero irremediablemente la coyuntura que vive actualmente el país así lo demanda.

Es importante recordar una vez más que, si bien es cierto el conflicto armado interno que tuvo de rodillas a Guatemala por más de treinta años finalizó con la anhelada firma de los Acuerdos de Paz. También es cierto que actualmente nos encontramos en la etapa denominada “post-conflicto”, donde vivimos aún las secuelas que la guerra interna dejó a su paso, con un pueblo lastimado que busca sanar las heridas del pasado y, a través del efectivo cumplimiento de los Acuerdos de Paz, llegar así a la verdadera reconciliación y armonía social.

No obstante, después de casi veintiún años de la firma de la paz firme y duradera (que en realidad no ha sido ni tan firme ni tan duradera que digamos) pareciera que las heridas del conflicto aún no han sanado por completo.

Si al evidente incumplimiento de lo contenido en los acuerdos de paz, le sumamos la existencia de un enfrentamiento, que pasó de ser un enfrentamiento armado a una batalla ideológica absurda que ahora, en pleno siglo XXI, toma lugar con reiterada frecuencia en las redes sociales, convirtiéndose en la plataforma perfecta para despotricar a diestra y siniestra en contra de cualquier persona que piensa diferente al resto.

Curioso resulta el hecho que la sociedad guatemalteca no ha logrado superar ese absurdo enfrentamiento ideológico que dio origen al conflicto mismo: por un lado, si defendés el libre mercado, la libre empresa, la inyección de capital extranjero, la propiedad privada, entre otros principios de una sociedad libre, inmediatamente serás tachado de capitalista, extrema derecha, burgués, explotador y opresor del pueblo. Mientras que, contrario sensum, si defendés los intereses de los más desprotegidos, velas por el respeto de sus derechos humanos y exigís de las autoridades estatales el cumplimiento de sus obligaciones en favor de las clases más bajas del país, inmediatamente serás tachado de izquierdista, guerrillero, comunista, haragán y vividor del conflicto: la tristemente célebre “polarización”.

Se preguntarán, ¿por qué pongo sobre la palestra de discusión el tema de las consecuencias sociales post-conflicto? Trataré de dibujar mi línea de pensamiento en relación al papel que juegan a día de hoy los defensores de derechos humanos en el país, el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos y ¿por qué no?, el reavivamiento del enfrentamiento ideológico al que hacía referencia al principio con motivo de las Reformas Constitucionales que se están discutiendo actualmente en el Congreso de la República.

1. Los Defensores de Derechos Humanos:

La consecución de la anhelada paz “firme y duradera” que todos los guatemaltecos deseamos, requiere necesariamente la aplicación de justicia en aquellos casos de graves violaciones a derechos humanos durante la época del conflicto armado.

Ojo, la amnistía que en su momento se otorgó por delitos comunes o menos graves cometidos en el contexto del Conflicto Armado Interno, no puede otorgarse a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o el genocidio, esto debido a que tanto el derecho nacional como la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo prohíben. De hecho, es pertinente subrayar la existencia del Derecho Internacional Humanitario – que vendría a ser la lex specialis que rige lo relativo a la conducción de las hostilidades – y que desarrolla en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 las reglas del juego dentro del contexto de un conflicto armado interno, llamados también conflictos armados de carácter no internacional, y cuya finalidad no es más que proteger a la población civil de ese fuego cruzado entre las partes en contienda, siendo la prohibición del genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra la regla más fundamental de ellas.

De tal manera que, dado el marco jurídico internacional anteriormente mencionado, la excusa de “estábamos en una guerra interna” no puede servir de justificación para evitar el juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos durante la época del conflicto, sino que en estos casos los Estados tienen la obligación internacional de investigar y juzgar a los responsables de dichas violaciones a derechos humanos.

Desde la firma de la paz, han surgido una serie de grupos defensores de Derechos Humanos en nuestro país, que han enarbolado la bandera de la búsqueda de justicia para las víctimas y familiares de las víctimas del conflicto armado interno, y que lamentablemente, en lugar de verse “abrazados” y “arropados” por la sociedad guatemalteca en esa búsqueda de protección de los derechos humanos de los más vulnerables en nuestro país, es mi parecer que muchas veces el ciudadano común ha sido un poco – sino es que bastante – cruel e insensible en relación a este realidad y es frecuente escuchar que se haga referencia a los defensores de derechos humanos en el país como “vividores del conflicto”. Los defensores de derechos humanos no se dedican con exclusividad a atender a las víctimas de la guerra interna, sino también existen muchos grupos pro derechos humanos en favor de las comunidades en resistencia a la actividad minera, por ejemplo, o a favor de las causas de los pueblos indígenas, las mujeres y niños víctimas de violencia sexual, entre otros.

Hago especial énfasis en un concepto denominado Criminalización de Defensores de Derechos Humanos, el cual ha sido definido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como “la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos”. (CIDH, Criminalización de Defensoras y defensores de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15 31 diciembre 2015)

La CIDH ha enfatizado que la criminalización puede tomar lugar, por ejemplo, mediante la presentación de denuncias espurias e infundadas, basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las conductas que castigan; o también puede darse a través de la sujeción a procesos penales prolongados y mediante la aplicación de medidas cautelares con fines no procesales.

Así pues, la manipulación del derecho penal en perjuicio de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Guatemala – y en general en Latinoamérica – se ha convertido en un obstáculo que amerita la atención prioritaria por parte de los Estados, y que tiene por efecto directo amedrentar la labor de defensa y protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de las defensoras y defensores, dado que su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa.

Es correcto afirmar que defender los derechos humanos, no solo de las víctimas del conflicto armado interno, sino en general, de los grupos más vulnerables en nuestro país, pareciera resultar más contraproducente que satisfactorio.

2. La Procuraduría de los Derechos Humanos

La institución del Procurador de los Derechos Humanos ha ganado particular relevancia en los últimos meses. “¡Esos de la PDH únicamente se dedican a defender a los delincuentes!”, afirman algunos con gran vehemencia, según ellos, con toda la autoridad moral para señalar a una institución, noble en sí misma y que la misma Constitución protege robustamente, confiriéndole la labor de defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Esa errónea percepción del papel del Procurador de los Derechos Humanos se ha formado por parte de algunos sectores, no solamente en Guatemala sino también a nivel internacional y atiende fundamentalmente al desconocimiento de lo que en realidad significan los Derechos Humanos, el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad humana.

Ojo al Dato: Legal y constitucionalmente, hasta el más grande criminal tiene una serie de derechos, que le son inherentes a su calidad de ser humano y que le deben ser respetados en todo momento:

  • La presunción de inocencia: nadie será declarado culpable, si no es en virtud de sentencia de juez competente que declare dicha responsabilidad.

 

  • El debido proceso y el derecho de defensa: las garantías mínimas y la observancia de los procedimientos legales establecidos. Nadie puede ser condenado, ni privado de sus derechos, sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio.

 

  • Aunque sea declarada la culpabilidad de un acusado, éste no deja de ser persona humana, y como tal, tiene derecho a una serie de condiciones mínimas de reclusión, donde se respeten sus derechos, siempre dentro del límite de lo que la misma ley y los estándares internacionales de protección de derechos humanos establecen.

No negaré el hecho que es probable que en algún punto también haya existido un abuso por parte de algunos grupos delincuenciales, las maras, narcotraficantes o algunos funcionarios públicos corruptos, quienes su pretexto de hacer valer sus derechos fundamentales, han requerido a la autoridad una serie de concesiones casi ridículas y que sobrepasan a todas luces esos estándares mínimos de dignidad humana.

Es igualmente irresponsable que algunos sectores tachen de “defensores de delincuentes” a la Procuraduría de los Derechos Humanos, siendo que los Derechos Humanos nos asisten a todos los seres humanos, no solamente a cierto grupo. Por lo que deben ser respetados por la colectividad y de manera especial por los Estados, quienes se encuentran en posición de autoridad y ejercen el ius puniendi o poder punitivo del Estado, en relación a sus subordinados. ¡Proteger derechos debería ser visto como un ideal noble y no como una barrabasada! Qué ironías las de la vida…¿no?

3. La Polarización y las Reformas Constitucionales

Por último y no menos importante, el tema de moda: las Reformas Constitucionales. Tal y como lo he mencionado al principio del presente artículo, en lugar de ser debatidas las reformas de una forma civilizada, atendiendo a principios de bien común y los intereses del Estado, las mismas han venido a consolidarse como un punto de enfrentamiento entre conservadores y progresistas, la derecha y la izquierda, y en general, estos grupos que siguen alimentando el odio y la polarización en nuestra sociedad.

Sí te manifiestas a favor de las Reformas Constitucionales, serás tachado como un revoltoso, izquierdista, guerrillero, que defiende la anarquía, que ama a Venezuela y defensor de la injerencia extranjera; por el otro lado, si estás legítimamente en contra de las reformas, serás tachado como un defensor del status quo, corrupto, miembro de la extrema derecha que tiene en el subdesarrollo al país y un retrógrada que no quiere que el país avance. ¡Por Favor! Más seriedad.

Si estás a favor de reformar la Constitución, por razones legítimas, estás en tu derecho de defender tu postura. Por otra parte, si te manifestás en contra de las reformas, también por razones legítimas, estás en tu derecho de defender tu postura. Pero, ¿por qué descalificar? ¿Por qué las trifulcas en el balcón del Congreso? ¿Acaso somos animales? ¿Por qué la polarización? ¿Por qué la división?

Siempre he pensado que Guatemala va a salir adelante en la medida que busquemos la unidad de la nación y la integración de los distintos intereses de los sectores que conforman la sociedad guatemalteca. ¡Hay más cosas que nos unen que las que nos dividen! Ahora, si alguien me viene a decir que la defensa de los derechos de los más necesitados es polarizar a la sociedad, en ese caso tendría que decir que estoy a favor de ese tipo de polarización; porque la búsqueda de justicia no es dividir, es simplemente un ejercicio del legítimo derecho de estas personas que históricamente han reclamado justicia y cuyos derechos han sido violentados desde épocas inmemorables.

Con la polarización con la que no estoy de acuerdo es con la polarización que, con base en puros discursos ideológicos, busca dividir a nuestra sociedad y confrontarla. No estoy de acuerdo con esa polarización que abunda en redes sociales, donde la gente se ataca, se descalifica, se agreden los unos con los otros, se insultan de guatemalteco a guatemalteco, todo por estúpidos pensamientos ideológicos retrógradas que impiden el desarrollo del país.
Al final, mientras la gente se saca toda la generación por las redes sociales, en un universo paralelo al que ellos viven, en Guatemala los ricos son cada día más ricos y los pobres cada día más pobres.

Como diría Cantinflas, en realidad no es necesario acabar con los ricos, con los que hay que acabar es con los pobres. Porque la pobreza trae miseria a los pueblos. La miseria es la negación misma de los derechos humanos: “los derechos de los delincuentes” dirían algunos insensatos por ahí.

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Estudio Derecho, no leyes. Zurdo, soñador y poeta. Idealista hasta el tuétano.

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