By Brújula
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El Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL) fue registrado como área protegida en 1996. En 2006, tanto el parque como su zona de amortiguamiento (Figura 1) fueron reconocidos como áreas de importancia e interés internacional para la conservación al pasar a formar parte de los sitios amparados por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convención Ramsar. La denominada Ecorregión Lachuá alberga alrededor de 40 especies de vertebrados en peligro de extinción y una quinta parte de los mamíferos silvestres reportados para Guatemala. Asimismo, sus cuerpos de agua forman parte de una provincia ictiológica considerada como centro de evolución de peces de agua dulce, una de las áreas de mayor endemismo en la región mesoamericana.

Figura 1. Mapa de la Ecorregión Lachuá

Fuente: Elaboración propia

En 2013 se iniciaron las gestiones para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico denominado Central Rocjá-Pomtilá, para generar 40 MW de electricidad. Esta iniciativa se sustenta en la desviación del río Icbolay, principal fuente de agua para los humedales ubicados al sur del PNLL. En 2013 y 2014 la empresa interesada presentó para su aprobación estudios de impacto ambiental (EIA) al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

En ambas ocasiones, tanto el MARN como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) dictaminaron que el proyecto no es procedente debido a que representa una amenaza a la integridad ecológica del PNLL. Sin embargo, en 2015 un nuevo EIA fue presentado al MARN y, a pesar de la opinión desfavorable que emitieron tanto el Conap como el Instituto Nacional de Bosques (INAB), co-administrador de la Ecorregión Laguna Lachuá, el MARN le dio su aprobación en noviembre de 2016, otorgando la licencia ambiental para el desarrollo del proyecto.

Ante esta situación, como Iarna nos adherimos apoyando a las instituciones y organizaciones sociales que denunciaron esta problemática, realizando un estudio científico crítico sobre los impactos que el proyecto ocasionará al PNLL una vez se ponga en marcha, destacando los hallazgos siguientes:

  • La totalidad del proyecto se desarrollará en la zona de amortiguamiento del PNLL, la cual, según el Plan Maestro del área protegida, solamente puede soportar actividades de bajo impacto.
  • El EIA aprobado por el MARN contiene múltiples deficiencias de carácter técnico, como referencias a la fauna y flora que no forman parte de la diversidad biológica propia de la región, una burda estimación del caudal ecológico que se derivará de un proyecto de tal envergadura así como una ausencia de información sobre los impactos generados por la desviación del río sobre los humedales del PNLL, entre otros.

Con base en estos aportes, el 31 de marzo de 2017, comunidades indígenas de la Región Lachuá presentaron una acción constitucional de amparo en contra del Proyecto Central Rocjá Pomtilá. Como resultado de esta iniciativa, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional para la suspensión de la licencia ambiental otorgada por el MARN, al considerar que su aprobación ocasionará un impacto ambiental altamente significativo e incompatible con el entorno ambiental.

Este es un ejemplo de cómo el Iarna, a través de una acción de incidencia, puede contribuir a garantizar la justicia, la inclusión, la sostenibilidad y el bienestar de toda la población guatemalteca, acorde a su visión institucional.

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