By Brújula
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El viernes 25 de agosto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) presentaron la solicitud de antejuicio al Presidente de la República, Jimmy Morales. Las redes sociales se llenaron de mensajes, comunicados y posturas, para muchos una situación confusa.  Algo así fue como comenzó la historia de la renuncia de Otto Pérez Molina en el 2015, ¿nos vamos a quedar otra vez sin presidente?

Para entenderlo, es necesario conocer lo que ha pasado durante estos últimas días, desde una infiltración de un supuesto rumor el martes 22 por la noche hasta la tarde del viernes 25, cuando al finalizar la conferencia de prensa, Iván Velázquez comisionado de la CICIG, lanza las siguientes palabras:

Y como consecuencia de esto, hoy se ha presentado la solicitud de  antejuicio contra el señor Jimmy Morales Cabrera.

 

El antejuicio de Jimmy Morales

Ni corrupto ni ladrón. Ese fue el slogan de Jimmy Morales durante la campaña electoral del 2015, donde los candidatos de la UNE y LIDER, Sandra Torres y Manuel Baldizón respectivamente, eran los favoritos para pasar a segunda vuelta. Fruto del #NoTeToca y la indignación ciudadana, surgió como alternativa, un candidato que se encontraba totalmente distanciado de la política partidaria: Jimmy Morales. Resultó ganador en la primera vuelta electoral y arrasó en la segunda, siendo investido como presidente de la nación el 14 de enero de 2016.  Diecinueve meses después tiene una solicitud de antejuicio.

Entre los hechos recientes resalta el jueves 24 de agosto, cuando CICIG-MP acusan a los partidos políticos UNE y LIDER de financiamiento electoral ilícito durante las elecciones generales de 2015. Los dos partidos presuntamente escondieron parte de los gastos de su campaña millonaria al no reportarlos al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fruto de esto, la CICIG y el MP  solicitaron antejuicio a los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate. Y el viernes pasa lo mismo pero con el Presidente de la República.

 

¿Qué tienen en común Jimmy Morales, Orlando Blanco y Roberto Villate?

Los tres eran los secretarios generales de sus partidos políticos durante la campaña del 2015.  Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ser secretario general de un partido implica, dentro de otras funciones, ser el responsable legal y por ende, de todos los contratos y financiamiento que el partido reciba. Es decir, el secretario general debería tener conocimiento de todo ingreso que el partido reciba por la razón fuera.

Es por eso que el secretario general tiene la responsabilidad legal del financiamiento electoral del partido. Cuando el partido no cumple con la transparencia de sus gastos durante la campaña, es el secretario general quien debe responder ante los tribunales por ello.

La bomba del viernes 25 es que Iván Velásquez junto a Thelma Aldana anunciaron que FCN-NACIÓN no entregó los informes de la totalidad de su financiamiento en campaña, al igual que lo hicieron con la UNE y LIDER. En total, son más de 6 millones de quetzales los que FCN-NACION no registró en el TSE y que la CICIG supone podría provenir de fuentes de financiamiento electoral ilícito.  Y así como Orlando Blanco y Roberto Villate se ganaron el antejuicio por ser secretarios generales de la UNE y LIDER, a Jimmy Morales la solicitud de antejuicio también le corresponde, por haber tenido el mismo cargo en FCN-NACION durante la campaña electoral del 2015.  Los tres funcionarios se encuentran presuntamente vinculados a financiamiento electoral ilícito, un acto considerado corrupción.

¿Ya nos quedamos sin presidente?

No, el antejuicio es un derecho que tiene el presidente para que no lo puedan detener, llevar preso, ni ser juzgado directamente. Para que esto pueda llevarse a cabo primero se debe aprobar el retiro de su inmunidad, que es precisamente lo que CICIG y MP solicitaron.

Para retirar el antejuicio hay que seguir un proceso establecido. En el caso del presidente, la solicitud llega al Organismo Judicial, donde un juez en un plazo de tres días hábiles debe entregar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien tres días después, debe trasladarlo al Congreso de la República para su conocimiento. Es decir, que a más tardar el lunes 4 de septiembre *, la solicitud de antejuicio para Jimmy Morales debe estar en manos del Congreso.

A partir de ahí, el Congreso debe nombrar una comisión pesquisidora integrada por 5 diputados que recaba pruebas y presenta un informe del caso y sus causas a la totalidad del pleno, quienes deberán votar si retiran el antejuicio o no. Para retirar la inmunidad, 105 diputados deben votar a favor.  El retiro de la inmunidad implica que se abre un proceso de investigación penal en contra del funcionario.

Así que Jimmy Morales continúa siendo el presidente de la República de Guatemala, a menos que se le retire el antejuicio y después de una investigación penal sea ligado a proceso, requiriendo por parte de un juez su presencia obligatoria en el juicio, o hasta que llegara a renunciar, como un posible escenario.

Lo que pase con el presidente dependerá de varios factores, desde los procesos institucionales que se están llevando a cabo hasta que Jimmy Morales decida continuar en el cargo.  Sobre esto, tendrá mucho que ver el ánimo del presidente, el caso e investigación judicial al que se presente pero también, a la presión ciudadana, aquella que pareciera querer volver a tomar las plazas. 

 

*La fecha fue modificada el 31/08/2017

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