By Brújula
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Guatemala es un país de contrastes: para el año 2014 contaba con aproximadamente 14.6 millones de habitantes, siendo en su mayoría población joven, pobre, rural e indígena. En contraposición, su desempeño económico de los últimos años ha sido consistente en términos de sus indicadores macroeconómicos: su crecimiento promedio anual cercano al 3.5, el que en términos per cápita es de 1.2%. El ritmo inflacionario anual promedio se ha venido reduciendo en el lapso de los pasados 15 años, cayendo del 7.8% observado en el quinquenio 2001-2005, al 4% observado para los últimos seis años.

El déficit fiscal no ha superado el 2% respecto del PIB (excepto en los años 2009 y 2010, como resultado de la crisis económica mundial, en los que el déficit supero el 3%), el nivel de la deuda pública es de los más bajos de la región centroamericana. El tipo de cambio del quetzal respecto del dólar estadounidense se ha mantenido estable, acompañado de un significativo ingreso de divisas por remesas familiares provenientes de los Estados Unidos que han representado cerca del 10% del PIB.

Las élites empresariales y economistas adeptos al modelo neoliberal, señalan que el crecimiento ha sido insuficiente para reducir la pobreza en el país.

Para estos sectores, la meta de crecimiento debiera ser del 6%, sustentado en un formato de competitividad espuria caracterizado por bajos salarios y privilegios fiscales, esto último, en detrimento de la ya insuficiente carga tributaria.

La crítica  se centra en los efectos sociales de las políticas de ajuste estructural y estabilización macroeconómica, ya que la población más pobre del país ha experimentado un descenso importante en sus ingresos, y la clase media se ha encogido dramáticamente. En el período que va del 2006 al 2014, la economía experimentó un crecimiento promedio del 3.5% anual, la pobreza se incrementó en 0.55% por año, es decir, el crecimiento económico no fue acompañado de la reducción de la pobreza e incremento en los niveles de bienestar de los guatemaltecos.

Con esas condiciones de fondo, resalta el hecho que la política fiscal ha sido insuficiente para alcanzar la deseada equidad distributiva y la inclusión social.

¿Por qué estos resultados? ¿Qué impide o limita las funciones de la política fiscal como mecanismo de redistribución del ingreso? ¿Existen otros mecanismos o instrumentos meta fiscales decisivos en el reparto desigual del excedente económico? Pesa responder que sí, destacando dos condiciones: la correlación heterogénea de fuerzas económico-políticas entre el factor trabajo y el capital; y las instituciones que sustentan la política fiscal reproducen su carácter regresivo, contribuyendo con ello a la amplificación de la desigualdad y la exclusión.

Adicionalmente y en paralelo, el país enfrenta altos niveles de corrupción y evasión fiscal, no obstante los esfuerzos importantes de los entes de justicia, que han desmantelado y puesto al descubierto estructuras criminales público-privadas. Ello motiva la discusión sobre la necesidad de introducir reformas en el marco jurídico del país en todos sus niveles. Pero está campaña debiera ir más allá y prestar atención a las instituciones informales detrás de este fenómeno y del de la configuración de la política fiscal.

No se pretende desvirtuar el rol de las instituciones.

Antes bien, se reconoce que son la unidad básica en la economía, las empresas, los mercados y las transacciones en la búsqueda de la reducción de los llamados “costos de transacción”. Pero debe prestarse atención no solo en la parte formal de los contratos, sino en los comportamientos posteriores de los involucrados.

En Guatemala es reconocido que uno de los acuerdos sociales más importantes de la era democrática, fue la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG) en 1996. Posteriormente en el denominado Pacto Fiscal entre el Gobierno, el sector empresarial y las organizaciones sociales, convinieron sobre el monto, origen y destino de los recursos fiscales necesarios para que el Estado cumpla con sus funciones.

Veinte años más tarde persiste la injusticia e iniquidad en materia tributaria y del gasto, se han ampliado los privilegios fiscales en favor de determinados sectores económicos y en comparsa con ello, el comercio ilícito, la defraudación y la corrupción en general causan fuertes impactos en los niveles de recaudación.

La captura de la política fiscal se fue consolidando por medio de instituciones formales. La Constitución Política de la República por ejemplo, contiene artículos que limitan la capacidad del Estado en materia fiscal. Muestra de ello son los denominados “candados fiscales”, los que por un lado obstaculizan la dinámica del Estado en materia de ejecución, pero por otro lado favorecen la posibilidad que grandes evasores acudan al sistema judicial para retardar o impedir la aplicación de sanciones. Las élites económicas históricamente han podido incidir por medio de mecanismos legales o no, en los niveles de tributación o en la orientación del gasto en pro de sus propios intereses.

Es necesario profundizar en estas dinámicas para responder a las interrogantes que nos motivan a investigar sobre este tema.

 

* Este resumen ha sido elaborado a partir del borrador del artículo denominado Elites económicas y la captura de las instituciones de la política fiscal, el cual forma parte de la investigación en la que el Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural -IDIES-  participa actualmente, en el abordaje del tema “Élites, políticas fiscales y privilegios en América Latina y el Caribe”, respondiendo a la convocatoria lanzada por OXFAM en América Latina y el Caribe a través de su Campaña IGUALES, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-.

 

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