By Carlos Muñoz
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El lunes 25 de septiembre, una docena de representantes de organizaciones de sociedad civil y organizaciones financistas se reunían en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Todos jóvenes y en su mayoría politólogos, la reunión era clave. Iban a discutir su permanencia o no en la iniciativa de Parlamento Abierto que trabajan junto  al Congreso de la República.

Había razones para ponerlo a discusión.

El miércoles 13 de ese mismo mes, dos días después de votar en contra del retiro del antejuicio al presidente, los diputados habían aprobado una serie de reformas al código penal que le quitaban la responsabilidad legal al secretario general del partido político en caso que se incurriera en financiamiento ilícito. Junto a esto,  otorgaban medidas sustitutivas a todos los delitos menores a 10 años. Para muchos, el #pactodecorruptos se había sellado en el Congreso, la institución con la que estos jóvenes trabajan  una iniciativa de transparencia y rendición de cuentas.

La iniciativa de Parlamento Abierto surge de manera espontánea, inspirado en la iniciativa a nivel internacional llamada Gobierno Abierto, que desde 2011 busca comprometer a los gobiernos a promover la transparencia, la lucha contra la corrupción, el empoderamiento de la ciudadanía y el uso de la tecnología para garantizar estos procesos. Desde 2011, Guatemala forma parte de los 75 países socios, y para permanecer, debe cumplir con los 84 compromisos adquiridos como país.

Con los años, estos procesos de gobierno abierto se han trasladado a los congresos o parlamentos. En el caso de Guatemala, la iniciativa de Parlamento Abierto se crea en el 2016 y tiene como objetivo, a través de procesos de transparencia, participación y colaboración, tener un Congreso de la República con mayor apertura a los ciudadanos. A criterio de Astrid Perdomo de la Universidad Rafael Landívar, esta iniciativa es una de las mejores estructuradas a nivel regional.

Sin embargo, aún tiene muchos retos en su ejecución.

La iniciativa actualmente cuenta con la participación de seis organizaciones de sociedad civil, una institución académica que supervisa el proceso a través de un rol denominado Mecanismo de Revisión Independiente (MRI), el Congreso de la República como la institución pública en la que está enfocado el proyecto y tres organizaciones no gubernamentales estadounidenses que lo financian y brindan apoyo técnico.

Las 6 organizaciones de sociedad civil son Congreso Transparente, Acción Ciudadana, ASIES, Red Ciudadana,  Jóvenes contra la violencia y Guatemala Visible. La Universidad Rafael Landívar, a través de la Dirección de Incidencia Pública, es la institución académica que cumple con el rol de MRI; y dentro del Congreso, la unidad administrativa a cargo de la iniciativa es la Unidad de Acceso a la Información Pública. El proyecto es financiado por el National Democratic Institute (NDI), Counterpart International y el International Republican Institute (IRI).

Las condiciones para llevar este proyecto eran las adecuadas en 2016 cuando según Ángel Ramírez, director de Congreso Transparente, había una agenda pro transparencia bajo la presidencia de Mario Taracena, agenda que creaba las condiciones para aprovechar el momento político y llevar esta a la parte administrativa del Congreso. Es así que, aprovechando la voluntad política, se impulsa la iniciativa y se acuerda trabajar 5 compromisos de forma conjunta entre sociedad civil y el Congreso por medio de un plan de acción.

Estos compromisos giran en torno a temas de transparencia, innovación institucional, rendición de cuentas y participación ciudadana, en el plazo de un año y se ejecutan a través de acciones como la publicación de hojas de vida de trabajadores del Congreso, producción de videos interactivos informativos para la ciudadanía, mejorar el acceso de información digital, capacitaciones, entre otros.

Este plan de acción comenzó a ser implementado a inicios de 2017 y para septiembre, Astrid Perdomo quien está encargada del proceso de MRI desde la URL, resalta el distanciamiento que existe entre lo técnico y lo político para el cumplimiento de los compromisos. En su primer informe, el MRI estableció el nivel de progreso de los cinco compromisos según la percepción de la organización encargada de cada uno. El progreso se resume de esta forma:

Uno de los principales retos para el cumplimiento de los acuerdos es la división evidente entre el trabajo político y administrativo del Congreso.

Ramírez explica que la parte política le corresponde a los diputados, quienes legislan según la correlación de fuerzas que exista en el Congreso. La parte administrativa son todos los procesos que se llevan a cabo y compromisos que el Congreso adquiere a los que se les debe dar continuidad más allá de la aprobación de una ley. Los compromisos de Parlamento Abierto se centran en la parte administrativa y parecieran darle poca importancia a la parte política.

Sobre la división entre lo político y administrativo existen dos visiones. Una que considera determinante la influencia de decisiones política en el trabajo administrativo, y otra que aunque reconoce su influencia, considera que la parte administrativa puede trabajar de manera independiente.  La primera corresponde a Acción Ciudadana y la segunda a una visión de Congreso Transparente.

Acción Ciudadana es una de las organizaciones de sociedad civil con mayor trayectoria en el tema, y en esta coyuntura, de las más críticas del proceso. Ellos han estado encargados de dar capacitaciones sobre Gobierno y Congreso Abierto a asesores, secretarias y algunos directores pero no a los diputados. Sobre esto, Lilian Sierra, directora de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso, considera que es una buena estrategia, ya que la influencia sobre las decisiones y el conocimiento de los diputados proviene muchas veces, de cargos administrativos como los asesores.  Sin embargo, Marvin Pol de Acción Ciudadana, refiere que una de las principales quejas durante las capacitaciones ha sido el hecho de que si la decisión de un diputado era no dar cierta información,  no había nada que hacer por parte de los cargos administrativos.

Esto complica las cosas, sobre todo en estos momentos donde Ramírez reconoce que la situación es al revés al 2016, se está avanzando en la agenda administrativa pero se está conformando una agenda legislativa anti-trasparencia. Una de las limitantes según Pol es que la iniciativa de Parlamento Abierto está muy supeditada a la voluntad política.

Para Lilian Sierra, la voluntad política existe, pero reconoce que se limita al aval del Presidente del Congreso, Oscar Chinchilla.  Actualmente, la Junta Directiva designó al diputado José Rodrigo Valladares, de la bancada TODOS, para dar seguimiento al proceso. Sin embargo, al contactarlo vía telefónica negó haber tenido reuniones sobre el proyecto y no mostró tener conocimiento sobre este.

Además de las dificultades para cumplir los compromisos, la sobrevivencia del proyecto no está asegurada.

Lilian Sierra, aunque es optimista con la continuidad de la iniciativa, sí muestra preocupación sobre lo que pueda suceder en 2018. Dado que hasta ahora la iniciativa ha funcionado gracias al aval del Presidente del Congreso, la continuidad dependerá de la voluntad política de la  nueva junta directiva y sobre todo de quién ocupe la presidencia. Además, Sierra deja el cargo como directora de la unidad en diciembre. El puesto le fue cedido por la diputada Karina Paz quien al asumir la diputación en abril de este año, había congelado su plaza como directora. A partir de enero de 2018, el cargo queda vacante y será la nueva junta directiva la que decida quien asume la dirección.

Y es que la principal piedra de tropiezo es que los diputados no quieren que “los estén vigilando”.   Sierra considera que existe una ruptura entre las organizaciones de sociedad y los diputados porque estos se sienten criticados y atacados cuando son fiscalizados. Para Marvin Pol el problema es cultural. A los diputados no les gusta que les tomen fotos, que graben las sesiones, ni que vean el listado de asistencia.  Por ello, hay que cambiarles la forma de pensar e irlos reeducando para que entiendan cómo es la dinámica de Parlamento Abierto.

Además, no hay que olvidar que la iniciativa busca ante todo fortalecer el Congreso para que sea más cercano a la población y lograrlo mediante el  acompañamiento de la sociedad civil. Esto no implica que la sociedad civil tenga que hacer el trabajo del Congreso. El plan fue acordado por ambas partes y su cumplimiento también involucra a ambas partes. Para que el proceso pueda avanzar año con año se necesitan esfuerzos más sólidos y sostenibles por parte del Congreso.

Durante la reunión del 25 de septiembre, las organizaciones de sociedad civil acordaron continuar en la iniciativa; únicamente Acción Ciudadana está evaluando si continúa en el proceso de Parlamento Abierto, luego de cumplir con los compromisos a los que ya se han comprometido.

Hoy, se han logrado avances en Parlamento Abierto gracias a los actores aquí mencionados, pero estos avances no dejan de ser pequeños. Pol lo ve de esta manera: “la presidencia nos ha abierto la puerta de la casa pero no podemos entrar a la cocina. Nosotros estamos solo en la sala, vemos algo pero no vemos a profundidad.”

El reto es grande y existen dos vías para continuar avanzando en una cultura de transparencia: intentar hacerlo bajo las condiciones actuales o motivar la entrada de nuevos actores al sistema político. Actores que crean en una cultura de transparencia, participación y colaboración. Quizás haya que buscar más allá de los actuales diputados y mirar más hacia esa tarde del 25 de septiembre, donde un grupo de jóvenes se reunieron a tomar decisiones y buscar la forma de transparentar el sistema.

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