By Brújula
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Investigadores: Diego Padilla y Tania Estrada

En el último año, diversos sectores sociales han insistido en la necesidad de emitir una ley de aguas en Guatemala. Iniciativas semejantes han surgido desde hace más de cincuenta años, pero no han fructificado. De esa cuenta, el país no tiene una ley que aborde los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con el agua y su uso. Mientras tanto, la privatización y la contaminación de sus fuentes dificultan un acceso horizontal al bien.

El Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE) de la Universidad Rafael Landívar busca comprender las razones profundas que explican este fenómeno. En consecuencia, se propuso responder ¿cuál es la relación entre el aparato estatal y el control y uso del agua en Guatemala?

Los análisis técnicos entienden que este panorama es el resultado de la “falta de institucionalidad” e insisten en la necesidad de aprobar una ley de aguas para subsanar los problemas ligados a este bien, como la contaminación, desigualdad en su acceso, etc. Sin embargo, la realidad es que así como existen reglas escritas (regulación dispersa, por ejemplo en la Constitución y el Código Civil), también hay reglas no escritas que gobiernan el control y uso del agua.

Estas últimas son el resultado de luchas históricas entre diversos sectores sociales, entre los cuales destacan el empresariado -nacional y extranjero- y las poblaciones campesinas e indígenas que habitan en los alrededores de importantes fuentes de agua. El Estado ha participado en distintas ocasiones como actor o árbitro en estas luchas.

En los últimos años, la relación entre Estado, empresariado y poblaciones en torno al agua, pareciera haberse acentuado con la aprobación por parte del Estado de proyectos mineros e hidroeléctricos en diversas partes del territorio nacional y con su actitud permisiva hacia la extensión del proyecto agroexportador. Dichos proyectos se sobreponen a los mecanismos y formas locales de control del agua, usurpando y contaminando sus fuentes públicas. Agroindustria, minería e hidroeléctricas disponen con mayor facilidad y en mayores cantidades de este bien. Se podría decir, incluso, que, más que el Estado, son estas las que gobiernan el agua del país.

Por esa razón, muchas poblaciones afectadas han puesto en marcha mecanismos de negociación, demanda y resistencia frente a dichos proyectos y por consiguiente, a las acciones del Estado.

De ese modo, en algunas ocasiones, logran poner en jaque la institucionalidad estatal.

El equipo del ISE , dentro de sus procesos de investigación, ha analizado los casos de la Mina Marlin en San Marcos, las hidroeléctricas Hidro Santa Cruz en Huehuetenango y Oxec I y II en Alta Verapaz, así como el desvío de ríos en la Costa Sur. Estos casos muestran claramente las complicidades que se dan entre diversas esferas del aparato estatal y los proyectos empresariales nacionales y extranjeros. Con sus acciones y omisiones, el aparato estatal da la espalda a las poblaciones afectadas por estos proyectos.

Ello se observa, por ejemplo, en la evasión de la responsabilidad estatal de convocar a consultas comunitarias y en la negativa de las Cortes a aceptar el carácter vinculante de las mismas. También se evidencia en la facilidad con que el Ministerio de Ambiente aprueba Estudios de Impacto Ambiental deficientes y finalmente, en los procesos de criminalización contra opositores a dichos proyectos.

Desde la academia y otros sectores se insiste en la necesidad de que exista una ley que regule el uso del agua en el país. Nosotros insistimos en que aunque esto es fundamental, no es suficiente. Hay necesidad también de cuestionarnos y seguir profundizando en el estudio acerca del papel del Estado, por su impacto en la preservación y el acceso a este importante bien.

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