By Brújula
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Marzo comienza y con él un mal recuerdo. Ese 8 de marzo de 2017 que nos sigue erizando la piel y que plasma un escenario distinto al del mundo entero para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Más allá de esa remoción de sentimientos, lo que queda en el ambiente, es el poder reflexionar sobre qué ha cambiado 365 días después del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción –HSVA-.

Las cifras aún siguen siendo crudas y difíciles de asimilar. 600 menores se encontraban el día de la tragedia, 56 niñas fueron encerradas en un cuarto, 41 murieron producto del incendio, 15 sobrevivientes algunas con quemaduras graves, pero todas con lesiones psicológicas; dos aún se encuentran hospitalizadas, 248 fueron retornadas con sus familias y 33 menores que vivían en el HSVA aún están desaparecidos. 

Esos son los datos que reveló UNICEF ocho meses después de la tragedia. 

Sin embargo, lo que pasó en el Hogar Seguro, es el reflejo de un problema estructural más profundo estrechamente relacionado con la capacidad del Estado de propiciar un sistema de protección integral para la niñez y adolescencia en situación de riesgo.

De esta cuenta, luego del incendio, las precariedades del sistema se hicieron visibles.

Quedó entonces al descubierto un secreto a voces sobre la existencia  de negligencia, maltrato en todas sus dimensiones, abuso de poder y falta de voluntad política para mejorar las condiciones de vida presentes en los hogares temporales.

De hecho, después del incendio y de las múltiples críticas de diversos sectores, de los 600 menores que se encontraban albergados en el HSVA en el 2017, 248 fueron entregados a sus familias como medida rápida para atender la crisis. De éstos, únicamente 203 recibieron una atención primaria de apoyo psicosocial por parte de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el resto, sigue en el olvido, incluyendo a las 15 que sobrevivieron al incendio.

Seguramente, las condiciones de 359 niños que aún viven actualmente en hogares públicos no han variado. Sin embargo, registros de la Comisión Nacional de Adopciones -CNA- refieren un número alto de niños en hogares privados (4,209), contrario a lo de años anteriores.

Pero, finalmente ¿Dónde quedó la propuesta de Ley del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia?

Las acciones entonces deben ir más allá de promover una iniciativa de ley que autorice una pensión vitalicia de Q5 mil a las 15 niñas que sobrevivieron del incendio. Los cambios deben ir encaminados a acciones de fondo con un sistema que brinde programas especializados de atención psicosocial para la protección de la niñez y la adolescencia. Que se garantice la protección de los niños y adolescentes como sujetos de derechos. Dejar por un lado la constante institucionalización de menores, únicamente vigente en Latinoamérica en Guatemala y Perú, como una medida de atención considerada nociva para los derechos de la niñez. 

De acuerdo con UNICEF, la institucionalización de niños y niñas, entendido como, el proceso mediante el cual un individuo pasa a un régimen de vida a una institución por un largo tiempo, aumenta seis veces el riesgo de que sufra violencia y cuatro veces el riesgo que sea víctima de violencia sexual. Pero además, corren el riesgo de desvincularse de su familia y su comunidad, aumentando las posibilidades de abandono.

Pero esta crisis de la niñez y adolescencia no sólo está presente en los hogares públicos o privados, está presente en todos los ámbitos de la vida diaria guatemalteca y cada día se extiende y se hace más crónica.

Un buen porcentaje de niños en Guatemala, no tienen una garantía de una vida digna o que se les garantice el cumplimiento mínimo de sus derechos a educación, salud y seguridad por ejemplo, tal como lo dicta la Constitución Política de la República.

Hay buenos intentos por acompañar al país para minimizar este tipo de tragedias. Save the Children, aunque rechaza la institucionalización de menores, recomendó que si este tipo de acciones van a ser una constante, debe contarse con garantías de protección. De hecho, trabajó en una política pública para atender las necesidades inmediatas de la población vulnerable con el fin de prevenir malos tratos, hacer más eficientes los procesos y explicar las distintas clases de violencia que podrían existir dentro de los centros de protección.

Finalmente, trescientos sesenta y cinco días pasaron y el mal sabor de boca continúa. Tenemos una Secretaría de Bienestar Social con las mismas debilidades del 2017, sin las capacidades de atención. Un Congreso con iniciativas poco integrales y superficiales dejando por un lado acciones de fondo como la iniciativa de Ley 5285-17, “Ley del Sistema de Protección Integral de la niñez y Adolescencia”, la cual prioriza la protección social y promueve la creación de un Instituto de Protección Social como una de sus principales rutas de acción. No se cuenta con un presupuesto suficiente para atender las demandas de niños y adolescentes. Y, finalmente, un Gobierno con poca voluntad política para atender esta crisis que aún sigue latente.  

Nosotros como Brújula, reiteramos el compromiso con las juventudes guatemaltecas. Este 8 de marzo mantendremos presentes #8MNOOLVIDAMOS porque queremos juventudes libres, sanas y que puedan disfrutar de una vida digna. 

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