By Brújula
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La región centroamericana ha sido escenario de cruentas guerras internas, golpes de Estado y dictaduras militares que provocaron violaciones a los derechos humanos durante varias décadas. En el caso de Guatemala, estas violaciones estuvieron enmarcadas por la desaparición forzada, violaciones sexuales sistemáticas, etnocidio y abandono de la población más vulnerable. Después de treinta años de conflicto interno, en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz y la apertura a la democraciaapartir de 1985 con la Constitución Política de la Repúblicas. A partir de ello, el Estado guatemalteco ha instrumentado políticas de gobierno encaminadas a cumplir con estos Acuerdos, entre ellos, el respeto a los derechos humanos.

 

Incluso, se han ratificado varios instrumentos internacionales que obligan al Estado a adoptar medidas para salvaguardar los derechos humanos dentro de su territorio. Sin embargo, existen severas debilidades estructurales que socavan o impiden el bienestar de la población más vulnerable. Lo cual, ha llevado a poner en tela de juicio el compromiso del Estado en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Si bien, el Estado pasó de ser un agente agresor a uno protector y promotor, esto no significa que se haya cristalizado del todo en políticas efectivas de protección y promoción.

 

Uno de los compromisos adquiridos ha sido velar por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) que tienen carácter universal y que, por su naturaleza, están encaminados a mejorar la repartición equitativa y sostenible de la riqueza y los recursos de los que se dispone. Este compromiso va más allá de los instrumentos legales y acciones políticas, se requiere de una obligación presupuestaria que refleje un gasto social equitativo y no discriminatorio. En ese horizonte de ideas, la investigación en curso que lleva por nombre “La trayectoria histórica de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales vista desde las cifras oficiales y desde la experiencia de los habitantes de algunas regiones en Guatemala” tiene como propósito principal medir un conjunto de indicadores cuantitativos que den cuenta de la realidad y el nivel de cumplimiento de los DESCA en los últimos 20 años.

 

En aras de establecer un parámetro con los instrumentos internacionales se ha optado por utilizar los derechos contemplados en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en metería de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador (PSSA). Esta herramienta jurídica ha sido utilizada por diferentes organizaciones que vigilan el cumplimiento de los DESCA en América Latina. Tal es el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, que ha construido un sistema de indicadores para el caso chileno. De la misma manera, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM), ha lanzado una plataforma digital en el que se puede monitorear el cumplimiento de los DESCA en México. En algunos casos, es posible encontrar datos que miden el comportamiento de algunos indicadores 20 años atrás.

 

En el caso nuestro la construcción de los indicadores se desprende de una metodología mixta entre lo propuesto por el grupo de expertos de la OEA y una metodología que se conoce como “desempaque” (Serrano y Vázquez, 2013), que permite operacionalizar los derechos de una manera muy flexible (ver diagrama). Este acercamiento metodológico vincula la medición sobre la base de resultados, responsabilidades y compromisos adquiridos por los Estados en materia de derechos. Al hablar de “desempaque”, se entiende que un derecho se va disgregando en diferentes niveles o subdimensiones (subderechos) hasta llegar al último nivel al que se le asigna el indicador.

 

La metodología es mixta, una de tipo cuantitativa que se explica arriba y otra cualitativa. La primera se compone de dos elementos vitales a saber: a) las obligaciones generales y, b) los elementos institucionales. Mientras que las obligaciones generales especifican el tipo de actividad que el gobierno en turno ha de realizar, los elementos institucionales nos señalan las características específicas que dicha actividad cumplirá para tenerse por realizada. El “desempaque” de un derecho no sigue una lista acabada, pues un derecho puede tener múltiples subderechos que lo componen.

 

La investigación cualitativa consiste en acompañar la vivencia de personas a quienes se les aplicará entrevistas a profundidad, de un territorio concreto, que será Alta Verapaz, sobre el cumplimiento o incumplimiento de los DESC.

Se espera que los resultados de esta investigación sean útiles para observar hacia dónde están dirigidos los esfuerzos del estado guatemalteco en materia de DESCA. Se podría saber cuáles derechos están mejor posicionados y cuáles más desatendidos. Por ejemplo, puede ser que se atiendan los asuntos relacionados a la disponibilidad de los derechos, pero se descuida la calidad o la accesibilidad. Con los resultados de investigación se pueden hacer propuestas de política pública para mejorar la atención del Estado hacia los DESCA.

 

Fuente: Elaboración con base en (Serrano y Vázquez, 2013).

 

 

Referencias

 

Serrano, S. y Vázquez, D. (2013). Los derechos en acción: obligaciones y principios de derechos humanos. México. Flacso-México.

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