By Brújula
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Comprender las diferentes dimensiones del Estado, su organización, la toma de decisiones, no es fácil. El Estado es un concepto complejo. Según Bob Jessop, es importante plantear estudios relacionales para comprender la estructura y la agencia que lo animan, que tomen en cuenta a la vez el territorio, la población, el aparato, pero también la idea de Estado. El perfil político-institucional del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado –ISE– de 2017 a 2018 es un intento por comprender la complejidad conceptual del Estado, enfocándose en un tema medular. El tema en cuestión, la administración del agua, es clave para comprender el funcionamiento del Estado y también la relación Estado-sociedad, en la medida en que el agua es en la actualidad un objeto en disputa.

El estudio Política del agua en Guatemala pretende explicar el papel que juega el Estado en un contexto más amplio de disputa social por el uso y consumo del agua. Esta disputa se organiza alrededor de los avances de la mercantilización del agua que conlleva un impacto socio ambiental criticado por las movilizaciones campesinas e indígenas. En esta disputa, el Estado parece tomar partida, en gran medida, a favor de la mercantilización del agua. Esta dinámica es problemática en la medida que la mercantilización del agua merma el avance de la agenda de paz y permite la permanencia en el Estado de una configuración autoritaria para la gestión de los recursos naturales y para controlar a la población rural. Los efectos de esta configuración, sin embargo, rebalsan el ordenamiento territorial dónde se instalan megaproyectos y cae sobre la sociedad en general, en la medida que también afecta la viabilidad de aprobar una Ley de Aguas con principios de planificación hídrica adecuados.

En efecto, los hallazgos del estudio permiten analizar el alcance de la “orientación estratégica y selectiva” del Estado que vuelve eficaz la mercantilización del agua y, como correlato, vuelve ineficaz la protección del ambiente o la primacía del interés social ante todo. La revisión de datos en la que se basa este trabajo arroja luz sobre las “capacidades” reales del aparato estatal en materia presupuestaria, el monopolio de la “inteligencia colectiva”, la supervisión y monitorización del ambiente, y la inversión pública relativa al agua.

Asimismo, el estudio aporta insumos para la interpretación de este orden, desde una lógica histórica. En este sentido, la organización del Estado, influenciada por la idea dominante que ha permitido el auge del extractivismo de nueva cuña, es tributaria del legado del régimen autoritario de los años 1970, que propicia un desfase estructural entre la toma de decisión en el gobierno central y el impacto local, mientras que la transición democrática (desde el retorno de los gobiernos civiles hasta los Acuerdos de Paz), conduce a la reducción del margen de maniobra del Estado en cuestiones de desarrollo, a favor de un modelo de gobernanza truncado por la apertura del país a la Inversión Extranjera Directa, con el apoyo específico de la presidencia y del sector privado.

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