By Brújula
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La naturaleza aporta bienes, establece condiciones y permite procesos ecológicos esenciales, mientras que la sociedad -a  través de sus múltiples actividades-  al tomar esos bienes naturales, independientemente de la intensidad y la eficiencia, genera residuos y  emisiones que alteran las condiciones ambientales y los procesos ecológicos. Bajo este contexto, solo regulando los flujos se pueden garantizar los niveles deseados para los bienes naturales, las condiciones ambientales y los procesos ecológicos (Gálvez, Plaza Pública, 2011).

 

Un “bien natural” es una cantidad -stock- de materia o energía que puede ser modificada por la actividad de los seres vivos -el ser humano sobre todo- e incluye la  radiación  solar, el agua, los nutrientes  minerales, el suelo, la flora -vegetación-, la fauna -en función de cadenas alimenticias-, los minerales en general, entre otros. Una “condición ambiental” es un factor abiótico -sin vida- cuya magnitud varía en el espacio y en el tiempo y afecta el comportamiento de los seres vivos. Son condiciones ambientales la temperatura, el aire, la humedad del suelo y el aire, el agua -que a la vez es  un bien-, entre otros. Los procesos ecológicos surgen de la interacción entre bienes naturales, condiciones ambientales y organismos. Los fundamentales son el ciclo del agua, los ciclos de los nutrientes -calcio, nitrógeno, fósforo, otros-, el ciclo de la energía -fotosíntesis- y las dinámicas de las comunidades –sucesión natural, polinización, otros- (Gálvez, Plaza Pública, 2011).

 

De los esfuerzos por la protección, conservación y restauración del ambiente natural, depende el goce de determinados derechos humanos fundamentales tales como la vida, la salud, el desarrollo, entre otros.  Es por ello que, enfrentar el agotamiento,  la degradación y la contaminación ambiental y procurar el mantenimiento del equilibrio ecológico es una responsabilidad de todos, tanto del Gobierno central y Gobiernos municipales, como de los habitantes del territorio nacional.  Ahora bien, para alcanzar esta pretensión constitucional, el ordenamiento jurídico asigna a cada uno de estos sujetos diferentes competencias y responsabilidades, dependiendo de su naturaleza y capacidad.

 

En el IIJ, nos centraremos en identificar las principales competencias de los gobiernos locales en materia ambiental, considerando que, por su naturaleza institucional y obligaciones jurídicas, estos constituyen la unidad básica de la organización territorial del Estado, la cual busca promover el bien común de sus habitantes y, por ende, el rol que juegan en la gestión ambiental es trascendental.

Por otra parte, hemos identificado que la mayoría de estudios nacionales e internacionales que abordan, tanto la problemática ambiental en Guatemala como el desempeño municipal, se enfocan en analizar dos competencias municipales: abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada y recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos. Algunos otros van más allá e incluyen los servicios de rastro, mercado y alcantarillado. Si tomamos en cuenta que un solo artículo del Código Municipal asigna trece competencias a los gobiernos locales en materia ambiental. Evaluar  cinco de esas competencias nos permitirá hacer una aproximación acerca del cumplimiento de las mismas y hacer juicios sobre el desempeño ambiental municipal.

Bajo este contexto, además de identificar las principales competencias municipales en materia ambiental, en el IIJ las desarrollaremos de conformidad con los parámetros, procedimientos, requisitos y condiciones en que la ley establece que deben prestarse; debiéndose para el efecto, analizar exhaustivamente las diversas normas y reglamentos que conforman nuestro ordenamiento jurídico.

De esta manera buscamos, por una parte, elaborar una guía para ser socializada con las municipalidades, la cual contribuya a iluminar caminos para mejorar su gestión en materia ambiental y por otra, proponer herramientas que permitan una evaluación de desempeño municipal de forma más completa y sujeta al principio de legalidad.

 

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