By Carlos Muñoz
Posted: Updated:
0 Comments

El mercado laboral implica relaciones complejas, donde la oferta y la demanda se traducen a empleadores y empleados. Ya no se trata de productos, sino de personas, y por ende, el Estado tiene mucho que ver en la regulación de esta relación. Relación que se formaliza a través de los contratos. Un contrato laboral es el acuerdo que determina los compromisos tanto de los empleados como los empleadores, es la fuente (en teoría) de todo derecho laboral. Es por ello que dentro de las instituciones del Estado se encuentra el Ministerio de Trabajo, cuyo propósito es velar por el cumplimiento de la política y los derechos laborales en el país.

El Ministerio de Trabajo se encuentra en la 7ma. Avenida de la zona 9, en la Torre Empresarial entre abogados, médicos y oficinistas. Sí, el Ministerio comparte edificio con clínicas médicas y otras oficinas privadas. Está ubicado en el cuarto nivel del edificio y en la sala de espera, del despacho ministerial, parece que tiene muchos años de recibir visitas. Se aprecia al ver que los sillones tienen la tela rota.

El MINTRAB es una de las instituciones del Estado que alquila instalaciones. El presupuesto aprobado hasta 2017 fue de 664 millones  de quetzales, siendo el quinto ministerio con menor presupuesto.

El dilema de aceptar contratos contra derechos laborales

En Guatemala, mucha gente trabaja sin haber firmado o acordado algún tipo de contrato. Y muchos de estos se dedican a buscarse métodos de vida alternos como pequeños negocios. Pequeños negocios que no emiten facturas y que prestan servicios cotidianos. A estos se les conoce como trabajadores en el sector informal que forman parte del 70.2% de la población económicamente activa que no pagan impuestos pero tampoco tienen prestaciones.

De hecho, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2017,  solo el 21% de la población económicamente activa tiene seguro social (IGSS), a diferencia de 2002 cuando la misma encuesta apuntaba que el 34.8% si contaba con este beneficio. Esto implica más vulnerabilidad, al no poder contar con los beneficios médicos que implica un seguro social y pone en duda el sostenimiento económico de los pensiones por jubilación.

De hecho, la cobertura de seguridad social ha disminuido en los últimos 15 años ya que actualmente solo el 33.5% recibe Aguinaldo o Bono 14. Pero el mercado laboral guatemalteco no solo tiene sector informal o trabajadores sin contrato.

 

 

Pero también existen trabajadores que tienen contratos pero no necesariamente esto significa que tienen prestaciones. 

Cada vez es más común trabajar con un contrato por prestación de servicios profesionales. Es decir, tener un contrato que se renueva cada cierto tiempo pero que en cualquier momento la institución puede prescindir de los servicios del trabajador. No es un asalariado porque no tiene prestaciones (IGSS, Bonos, indemnizaciones, etc.), pero tampoco es freelancer porque presta sus servicios a una institución durante un período más prolongado.

Incluso dentro del Estado, hay trabajadores bajo este tipo de contratos y son conocidos como los 029 pero cuando esconde una relación laboral se convierte en una forma de contratación ilegal.  Para Alejandro Argueta, abogado laboralista, el primer derecho laboral, es que el patrono reconozca la relación de trabajo. Esa relación se da, por ejemplo, cuando el trabajador usa el inmobiliario del empleador, este le reconoce como su empleado y le establece un horario. No hacerlo, es evadir las responsabilidades e impuestos que tiene la empresa o institución.

Si no se reconoce la relación laboral, no se puede exigir todos los derechos laborales: seguridad social, bonos, libertad sindical o indemnización.

 

La flexibilización laboral y los intentos por proveerla de derechos

Heidy López, investigadora del IDIES de la Universidad Rafael Landívar, indica que este manejo de los contratos corresponden a un fenómeno de la globalización y la flexibilización laboral pero que no cumplen con las normas y protección que esta flexibilización global otorga.

Desde el sector privado y el Ministerio de Trabajo, existen dos iniciativas distintas para aprobar un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que regule de distinta manera los contratos laborales.

La propuesta del sector privado organizado, es implementar de acuerdo a los convenios de la OIT, el salario por productividad que implica trabajar en base a objetivos y ser remunerado según el grado de eficiencia. Aunque esto puede resultar muy atractivo para los jóvenes recién egresados, implica la existencia de un capital humano especializado y no tendría los mismos resultados en el área rural que en el área metropolitana.

En línea con esto, Claudia Galán, directora de la Unidad Económica del CACIF, considera necesaria la creación de políticas públicas que se centren en la formación del capital humano de una forma integral. Dicha formación pasa por la adaptación de la demanda y oferta laboral.  Esto implica, a la vez, que las empresas se adecuen a las nuevas dinámicas, pero también a la reestructuración de la formación académica. Así los trabajadores tienen los conocimientos y capacidades necesarias para hacer frente a los nuevos desafíos del mercado laboral enmarcados en la globalización y el acceso a las nuevas tecnologías.

Y por parte del Ministerio de Empleo y Previsión Social, la apuesta ha sido ratificar el Convenio 175 de la OIT sobre los empleos a tiempo parcial. A criterio de Gabriel Aguilera, viceministro de Previsión Social y Empleo, el beneficio de este convenio es que permite contratar por hora, respetando el salario mínimo, pero con todas las prestaciones de un contrato formal. Esto por ejemplo, beneficiaría en particular a las personas que estudian y trabajan.

Ambas propuestas, se insertan dentro de una tendencia a la flexibilización laboral, ya tanto Claudia Galán como Gabriel Aguilera, ven irreversibles los cambios en el mercado laboral. Por lo que los esfuerzos se centran en dotar de derechos el trabajo asalariado aún en un contexto de flexibilización.

Las razones de fondo del incumplimiento de derechos laborales

Aunque existe el Código de Trabajo desde 1944, este no se cumple en todas las empresas. De la misma manera, Guatemala ratifica los acuerdos de la OIT, pero su cumplimiento se ha puesto en duda. Ejemplo de esto, son las múltiples denuncias al Estado guatemalteco ante la OIT por incumplimientos en la libertad sindical, establecidos por el Convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación. 

Según Alejandro Argueta, el régimen político garantiza que las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales sean frágiles al no haber sinergia entre las instituciones que tienen que velar por los derechos y las personas, y que aparte estén impregnadas por la corrupción.

A criterio de Heidy López, la razón de este incumplimiento radica en que cada vez vemos a un Estado que es más proclive a que sea el sector empresarial el que defina el mercado laboral, siendo estos los principales beneficiados. Esto puede explicarse por la inmersión del sector privado dentro del Estado, quienes tienen voz o voto en 58 espacios de este.

Luis Linares, investigador de ASIES, considera que los problemas del mercado laboral pasan por el Estado en distintas facetas y asímismo, propone como soluciones establecer una correcta política salarial, apostar por la negociación colectiva entre trabajadores, sector público y empleadores. Así como también, mayor vigilancia en el cumplimiento de la seguridad laboral. Todo esto, pasa por mejorar la capacidad del Estado para lograr que los empleadores cumplan con los derechos laborales.

Los avances del Ministerio

Siendo el Ministerio y Previsión Social el encargado de dirigir y orientar la política laboral y sindical del país, ha logrado algunos avances en los últimos años. Entre ellos, la elaboración de la Política General de Empleo Digno 2017-2032, que tiene un enfoque a mediano plazo. Pero sobre todo, dentro de estos avances, resaltan las reformas hechas en 2017 al Código de Trabajo que fortaleció la inspección general de trabajo. Esto permitió aumentar la cantidad de inspectores y aumentar su capacidad de imponer sanciones. Para agosto de 2017, se habían emitido 800 sanciones a empresas. 

Sin embargo, para Gabriel Aguilera, los esfuerzos por aumentar la capacidad de inspección y sanción, debe ir acompañada por una cultura de cumplimiento y legalidad por parte de los empresarios y trabajadores. Al promover una cultura de denuncia por parte de los trabajadores, el ministerio puede investigar y sancionar a las empresas o instituciones que incumplen los derechos laborales. No obstante, muchos trabajadores se abstienen de denunciar por miedo a que esto influya en tachar su expediente para futuros empleos.

Una mayor cultura de denuncia permitiría una mayor cultura de cumplimiento por parte de los empleadores, sin importar si estos son grandes empresas locales, multinacionales o incluso universidades. Traduciéndose a que exista un sistema de protección al trabajador que denuncia.

El Ministerio de Trabajo ha hecho avances, pero aún quedan muchos retos pendientes. Las propuestas del ministerio están enfocadas en el mediano plazo, lo que implica que debe existir continuidad dentro de la institución para que se cumplan los planes. Además, los derechos laborales siguen sin respetarse, y ante la poca oferta y alta demanda de empleo, los jóvenes están dispuestos a aceptar trabajos donde sus derechos no se cumplen, total o parcialmente. 

Related Posts

/Marjorie González Relatos de mi tiempo sin ti Muchas veces siento como el piso se mueve, así como...

Fátima Rodríguez/ Recuerdo de niña haber escuchado a Facundo Cabral en uno de sus grandes monólogos...

Guatemala tiene un gran problema llamado tráfico. Todos somos parte del problema, todos hacemos...

Leave a Reply