By Brújula
Posted: Updated:
0 Comments

Mauricio Abraham Rosales Schettini/

Hoy las sospechas, si es que aún existían, sobre los mecanismos oscuros por los que Jimmy Morales llegó al poder en 2016 fueron confirmadas. Luego de determinar su responsabilidad y la de su partido -FCN Nación-, por medio de investigaciones exhaustivas del Ministerio Público en conjunto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- , la imagen de Morales no puede seguir siendo la misma ante los ojos de la ciudadanía. Él es un presidente que fue electo por la cúpula del poder económico de este país y que utilizó la plataforma de los comicios del 2015 para lograrlo.

Quiso presentar una imagen de un político diferente, de un candidato que no tenía vínculos con ningún grupo de influencia, de ser una persona independiente, sin vicios y sin pasado con el cual pudiese determinarse su culpabilidad por corrupción o desfalcos. Ante la opinión de muchos, era el candidato idóneo para acabar con la era de los políticos tradicionales. Casi 3 años después, vemos con claridad que el panorama no cambió:  el sistema de corrupción sigue imperando en el Estado y que la oligarquía sigue haciendo de las suyas para quitar y poner a quienes es de su antojo.

Aunque desde la comunicación de la presidencia el objetivo ha sido negar toda acusación que efectuaron los operadores de justicia el pasado jueves 19 de abril, hay episodios que han hundido esos intentos del mandatario por justificar lo injustificable. En primer lugar, las declaraciones públicas por parte de empresarios involucrados en el financiamiento electoral ilícito de la campaña del presidente, donde claramente admiten el “error” pidiendo una disculpa por lo cometido. Frente a las cámaras y la opinión pública estos empresarios asumieron sus responsabilidades referentes al caso, poniéndose a disposición de las autoridades y consientes de las consecuencias que tales acciones puedan conllevar. Sin duda alguna, el peso de la ley debe aplicarse a estas personas que fuere como fuere incurrieron en un delito.

Un segundo evento posterior que deja a Morales en total incredulidad de sus palabras, fueron las expresas declaraciones del vicepresidente de la República Jafeth Cabrera. Este funcionario, de manera natural y sin vergüenza alguna, indicó que los empresarios siempre se han visto involucrados en los procesos de elecciones del país; queriendo dar a entender que este no es un tema nuevo y que no debería llamar nuestra atención. De acuerdo con su postura y la forma en que lo comunica, parece ser que la corrupción y actos anómalos para este funcionario son tan normales que no merecen, si quiera, la preocupación de la ciudadanía. Esta postura es totalmente contraria a la negación rotunda que mantiene hasta la fecha el presidente.

Lo que Morales niega, Cabrera lo evidencia.

No podemos dejar de lado las declaraciones de Rodrigo Arenas, uno de los principales implicados en el caso, quien admitió ante uno de los medios de comunicación de mayor circulación del país que había estado presente en una reunión pactada entre los empresarios involucrados y el entonces candidato Morales. Además, el presidente del Movimiento Cívico Nacional -MCN- expresó que fue precisamente Jimmy Morales quien mencionó que necesitaba apoyo con el tema de los fiscales .El MP y la CICIG han determinado que ese apoyo específico asciende a los Q7 millones 119 mil 300.

Hasta el día de hoy Jimmy Morales sigue aferrándose al poder en un intento por defenderse de lo que en algún momento no podrá librarse: la justicia.

El rechazo de la ciudadanía se ha hecho evidente, a tal punto de iniciar, tal y como en el 2015, con reuniones pacíficas en todas las Plazas del país. El presidente deberá pensar bien cuál es el rumbo que quiere darle a este país y la mejor salida a la que es, quizá, la crisis más grande de su gobierno, cuya administración se ha caracterizado por la improvisación, falta de comunicación y más recientemente de prepotencia.

Si bien la corrupción en la administración pública de Guatemala no es algo nuevo ni mucho menos desconocido por la gran mayoría, sí es el rechazo la continuidad de prácticas oscuras que pretenden seguir secuestrando al Estado y no poner a funcionarios al servicio de las instituciones, sino a estas al servicio de los funcionarios.

No queda más que seguir en la lucha, seguir demandando la aplicación de la ley a los responsables cumpliendo con la igualdad de dignidad y derechos que se estipula en la Constitución Política de la República. El financiamiento electoral ilícito no debe ser tolerado en ninguna circunstancia. No es una cuestión de derechas o de izquierdas, no es objeto de polarización ni de “desunión nacional”. Un delito es un delito y debe ser sancionado se trate de quien se trate.

About the Author
Related Posts

Durante la última década hemos visto una serie de cambios en el transporte público de la ciudad de...

Wendy Edelmira Samayoa...

/Marjorie González Dos de la mañana y mi pesadilla se hizo realidad. Me sorprendí a mi misma con...

Leave a Reply