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Asociación de Estudiantes de Derecho (AED)

Cada cuatro años, el Estado de Guatemala atraviesa por un proceso ordinario, regulado en la Constitución Política de la República: la elección de la o el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.  La importancia de dicho cargo radica en liderar a la institución encargada de la persecución penal y del estricto cumplimiento de la ley.

El ejercicio de este puesto, a lo largo de la historia, ha estado marcado por diferentes tropiezos; por ejemplo, en el período pasado (2010 – 2014), la ex Fiscal General, Claudia Paz y Paz, se negaba a dejar el cargo aduciendo que su período no se había completado; esto derivado a que ella había tomado posesión en diciembre de 2010, no en mayo, tras haber sido anulado el proceso mediante el cual había sido electo Conrado Arnulfo Reyes Sagastume. Anterior a esto, el período constitucional de dicho cargo no había sido culminado debido a renuncias, o destituciones realizadas por el Presidente de la República, como lo fue el caso de Carlos de León Argueta.

Un nuevo proceso inició en febrero 2018: la Comisión de Postulación (integrada por 12 Decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país; Presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogado y por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien además la preside) ya está instalada. Luego de haber elaborado el perfil del nuevo Fiscal General y de recibir y revisar los expedientes de los abogados que desean optar al cargo, deberán valuar y elegir a los seis candidatos que formarán parte de la nómina que será entregada al presidente, Jimmy Morales, para que elija al sucesor o sucesora de Thelma Esperanza Aldana Hernández.

Evidentemente, esto constituye una labor decisiva para el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala y, en esta ocasión, el panorama es distinto y cuenta con más participación que los procesos anteriores, pues la Comisión de Postulación no se encuentra trabajando aislada de la población. La sociedad civil, movimientos ciudadanos, colectivos, y movimientos estudiantiles están observando y fiscalizando el proceso de elección con el fin de transparentar el trabajo de cada integrante de la Comisión.

Como estudiantes, estar presentes, observar y fiscalizar, supone una gran responsabilidad.

Esta tarea  que va mucho más allá de leer noticias y emitir opiniones personales en las redes sociales. Implica asistir a las reuniones de la Comisión de Postulación, que se llevan a cabo en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, organizar o participar en foros que brinden la oportunidad de conocer a los candidatos, contribuir en la elaboración de instrumentos que permitan analizar cuál es el perfil del Fiscal General que el país necesita, denunciar cualquier anomalía en el proceso de elección, exigir al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad a la que pertenecemos para que emita su voto a favor de alguien que promueva honorabilidad, probidad, independencia y compromiso.

Son tantas actividades que pueden llevarse a cabo, y que como estudiantes se tiene una mayor posibilidad de participar.

Sin duda alguna, el proceso que nos ocupa es de interés nacional y como ciudadanos no podemos desentendernos del mismo, pues es obligación de todos y todas vigilar que éste se lleve a cabo en base a un trabajo responsable, que logre concluir en la elección de un Fiscal General que realmente tenga la capacidad de responder a las exigencias de la coyuntura nacional, para el fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado de Derecho.

Es necesario recordar que, como estudiantes landivarianos, debemos estar presentes, observar y fiscalizar todo el proceso, no solamente por la importancia y el interés nacional que representa esta elección, sino también porque nuestra universidad nos forma sobre una base sólida de valores y ética, la cual debemos promover y exigir que se aplique desde ya en el actuar jurídico y público.

 

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