By Carlos Martínez Roca
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“El enemigo es aquel que integra la criminalidad organizada y los grupos terroristas; individuos que violentan grave y permanentemente el derecho. El Estado no debe tratarlos ya como personas, pues de lo contrario, vulneraría el derecho a la seguridad de las demás”

Günther Jakobs, jurista alemán.

 

Actualmente se discute en el Congreso de la República una iniciativa de ley, respaldada por la cartera de Gobernación del Ministro Enrique Degenhart y algunos diputados, mediante la cual se pretende declarar a los miembros de maras y pandillas como “terroristas”.

La discusión, irremediablemente, toca las fibras más profundas de la sociedad guatemalteca. Una sociedad lacerada por la delincuencia organizada, la cultura de muerte y la violencia, que encuentra cierta esperanza en una iniciativa de ley que logre frenar el poder oscuro y criminal de las maras y las pandillas en nuestro país. El poder de quienes nos han quitado la paz, el sosiego y, hoy por hoy, tienen de rodillas a un Estado que ha sido incapaz de responder a las demandas históricas de seguridad ciudadana.

El Derecho Penal del Enemigo

El catalogar a cierto grupo de individuos como “enemigos”, sujetos a un régimen legal distinto al que están sujetos los “ciudadanos”, implica la adopción del denominado Derecho Penal del Enemigo, una propuesta de política criminal esbozada por primera vez por el jurista alemán Günther Jakobs en 1985.

Según esta doctrina, los enemigos ya no son ciudadanos, por considerarlos malhechores que atacan el derecho social y persiguen la destrucción del ordenamiento jurídico, dejando así de ser miembros del Estado, y por tanto, enemigos de él. Por otra parte, está el ciudadano, respetuoso del sistema, obediente del derecho – al menos en todo o parte – por no delinquir continuamente.

¿Terroristas o delincuentes organizados?

Es totalmente entendible, mas no justificable, el hecho que gran parte de la población se sienta atraída por la idea de categorizar a los mareros como terroristas, y por tanto, enemigos. ¡Lógico! ¿no? ¿Cómo podríamos considerar, sino enemigos, a personas que frenan la economía del país mediante la extorsión de negocios y empresas? ¿Cómo podríamos considerar, sino enemigos, a personas que no respetan la vida humana y no se tientan el alma para matar a niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos o cualquier otra persona que se interponga en su camino? ¿Cómo considerar, sino enemigos, a personas que ponen bombas en buses públicos y que día a día crean terror en la población? En primera instancia y pensando más con la bilis que con la razón, evidentemente, los mareros encuadran desde todo punto de vista en el concepto de “terroristas” y “enemigos del Estado”.

No obstante, me parece importante traer a colación algunos criterios para aportar a la discusión:

  1. La frontera entre las organizaciones criminales y las terroristas es línea muy delgada, incluso, no muy delimitada.

Esto se debe en parte a la falta de consenso en cuanto a la definición de terrorismo. Sin embargo, gran parte del sector académico ha considerado que los actos terroristas tienen como fin la intimidación, crear pánico, ansiedad y zozobra en la población o en las autoridades de gobierno, con el ánimo de conseguir determinado fin de carácter político. De lo anterior se desprende que considerar a las maras como terroristas sería un error técnico-jurídico, puesto que son más una organización criminal que surge con el propósito de obtener ganancias económicas a través de la comisión de actos delictivos y no con fines terroristas.

2.¿Quién decide quién es terroristas (por tanto enemigo) y quién no? Un espacio para la arbitrariedad.

El peligro de este tipo de iniciativas de ley, a todas luces retrógradas y autoritarias, es que se crean espacios idóneos para propiciar la arbitrariedad del Estado. Subjetividades como un tatuaje, una expresión corporal, la forma en que viste o la forma en que camina, si dibuja grafitis o escucha cierto tipo de música podrían ser elementos suficientes para determinar que una persona es miembro de una pandilla y por tanto “enemiga del Estado” y “terrorista”. Lo anterior impide la realización de investigaciones criminales serias, dejando de lado el derecho penal del acto y volcándose a un derecho penal del autor: subjetivo, arbitrario y abusivo.

3.¿Ha funcionado en otros países implementar una política “anti-terrorista” en contra de las maras y las pandillas?

No. A manera de ilustración, nuestro hermano país El Salvador ha sido el más claro ejemplo del fracaso de la “Guerra contra pandillas”. Ni la emisión de la ley antimaras del año 2010, ni la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, donde se declara terroristas a las Maras Salvatrucha y Barrio 18, han contribuido a reducir los índices de criminalidad en El Salvador.

Soluciones alternativas

Para nadie es un secreto, y las estadísticas lo confirman, que las políticas de mano dura han sido un fracaso en la región. En tal sentido, las políticas públicas debería encaminarse a estrategias que están probando ser mucho más efectivas: la prevención. Programas de educación, deporte y recreación en los barrios “rojos” del país puede contribuir en gran medida a la erradicación a largo plazo del problema de las pandillas y las maras en Guatemala.

Curioso resulta que la misma Guatemala, siendo el único país del Triángulo Norte de Centroamérica que carece de ley antipandillas, ha venido disminuyendo sus tasas de homicidios en los últimos años, hasta mostrar las más bajas de la región – entre 2016 y 2017 la tasa de homicidios se redujo de 27.3 a 26.1 por cada cien mil habitantes, según datos del CIEN –

Así pues, el discurso actual sobre las pandillas como terroristas y enemigos del Estado es cada vez más común, pero al mismo tiempo lleno de ambigüedad.

Pareciera entonces que la iniciativa de ley antipandillas no es nada más que patadas de ahogado de un Gobierno con una imagen debilitada y con poca credibilidad que quiere aparentar “tener los pantalones bien puestos” y “que no se va dejar doblegar ante la criminalidad”. Como si alguien les creyera…

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Estudio Derecho, no leyes. Zurdo, soñador y poeta. Idealista hasta el tuétano.

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One Comment
 
  1. Brian Luedke / 14/07/2018 at 20:15 /Responder

    ¿Dónde está la contradicción con la prevención y la aplicación de la ley? ¿Crees seriamente que los violadores y los asesinos no deberían separarse de la sociedad? Defiendes las políticas de Venezuela, pero luego pretendes que eres diferente de Venezuela.

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