By Carlos Muñoz
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Carlos Muñóz / Brújula

El 7 y 8 de noviembre del 2017 se realizó el I Festival de Gobierno Abierto en el país. La Universidad Rafael Landívar se llenó de expositores y personalidades que nos vinieron a hablar sobre lo importante que es tener un gobierno transparente a la ciudadanía. Luego de los escándalos de corrupción surgidos en 2015 y la permanente crisis política en la que vivimos, el sistema de Gobierno Abierto aparece como si fuera un elixir en el desierto de la impunidad.

A grandes rasgos, Gobierno Abierto es una iniciativa global que busca una mayor conexión entre los ciudadanos y el gobierno a través de los principios de transparencia, colaboración y participación. Implica un trabajo en conjunto, donde funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil se sientan en una mesa a platicar y ponerse metas para lograr instituciones más transparentes.

La democracia tal cuál la conocemos tiene un problema, y es que los ciudadanos nos limitamos a delegar a un fulano, a través del voto,  la responsabilidad de que tome decisiones por nosotros.  Es un sistema funcional porque ha permitido que en lugar de ser 17 millones de guatemaltecos los que tomen una decisión, el asunto se limite a 158 diputados, el presidente y su gobierno o en última instancia a los alcaldes y sus concejales.

Pero como bien se refleja en nuestro país, este sistema muchas veces lo que genera es una cúpula política que no hace más que velar por el beneficio personal y mantener su poder, dejando el bien común para los discursos de tiempo de campaña.  Eso sucede cuando creemos que ser ciudadanos se limita a poner una “x” sobre papelitos de colores cada 4 años. A la primera distracción ya están los diputados viendo como nos meten un gol o ya está Jimmy viendo como saca a Iván Velásquez del país. Así que resulta que no nos podemos desentender totalmente de la política, por nuestro propio bien.

Acá es donde aparece Gobierno Abierto, como la posibilidad de que ciudadanos comprometidos trabajen codo a codo con los funcionarios y empleados públicos en la mejora de las instituciones.

Suena hermoso, pero hay un problema: no son muchos los funcionarios y empleados públicos que están dispuestos a que la ciudadanía pueda tener acceso a toda la información que manejan.

Por ejemplo, a los diputados no les gusta que graben las reuniones de las comisiones de trabajo o que se sepa si votaron a favor o en contra. O la directora de escuela que no quiere que se sepa cuantos de sus alumnos están en riesgo de perder año.  Estas son conductas totalmente inapropiadas, sabiendo que son servidores públicos que deben de rendir cuentas, y sin embargo, como no están acostumbrados a hacerlo, se hacen los quites.

Por eso, un sistema de Gobierno Abierto implica, ante todo, un cambio de actitud y mentalidad.

No será fácil implementarlo en Guatemala, porque implica hacerlo en un Estado excluyente, acostumbrado a vivir en la sombra de la impunidad y la desconexión con los ciudadanos. Para lograrlo es necesario un cambio en la cultura política del país y eso toma tiempo.

Así que Gobierno Abierto no será esa pócima que sanará todos los males de nuestro país, pero me quedo con las palabras de Álvaro Ramírez-Alujas en la clausura del festival: Gobierno Abierto es más bien un movimiento, una comunidad, un trabajo constante de héroes anónimos.

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