By Brújula
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José Pablo del Águila / Opinión /

Octubre es una época del año que evoca muchas imágenes. El primer día del mes se celebra el día del niño y el 11, de manera especial, el día de la niña. Para esas fechas varios centros educativos suspenden clases y realizan actividades para festejar la infancia, esa etapa donde el ser humano es como un esponja que absorbe conocimiento que más adelante, en su vida adulta, influirá en su actuar y personalidad. Añadido a esto, ahí por el 15 de octubre, varios menores celebran porque es el fin del ciclo escolar y basta con ir a pararse en la puerta de una escuela para ver la sonrisa de oreja a oreja con que salen muchos de ellos, a excepción de los graduandos, que salen nostálgicos por saber que ya no verán a sus compañeros de toda la vida pero, al mismo tiempo, con un poco de entusiasmo por saber qué les espera.

No obstante, estas imágenes que ya son parte del imaginario colectivo clase-mediero no son generalizables a toda la población. De acuerdo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, hasta septiembre último se habían registrado mil 200 casos de violencia sexual contra mujeres de entre 0 y 17 años.

De ellas, 427 eran menores de 12 años y para agravar aún más la situación, en el 30% de los casos el victimario es el padre.

Estas cifras son desgarradoras y es un buen punto para reflexionar y traer a colación quiénes éramos nosotros a los 12 años y quiénes eran nuestros amigos. En mi caso, yo soñaba con ser un jugador de fútbol, siempre apoyado por mis padres. En los recreos aún jugábamos con los compañeros “electrizados” y algunos, incluso, aún estaban en la época de “las niñas son mejores que los niños (o viceversa)”. Probablemente este fue el escenario también de muchos que leen esta columna.

Cualquiera que haya abierto la Constitución Política de la República y haya leído las primeras páginas se dará cuenta que los primeros artículos se refieren a la protección de la persona, los deberes que se juega el Estado en esa materia y el derecho a la vida.  Artículo 1: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.

¿Cuántos sueños de ser abogadas, maestras, profesionales en ciencias médicas, o cualquier otra profesión han quedado truncados en muchas menores? ¿Cuántas niñas ni siquiera tuvieron oportunidad de soñar porque la semilla de vida se introdujo en ellas de manera prematura? Peor aún, si muchos de nosotros vemos en nuestros padres un refugio, al Superman del universo, al que es más fuerte que todos los demás, ¿qué se sentirá ver en él, en cambio, alguien dispuestos a invadir nuestra intimidad y abusar sexualmente de nosotros cuando su antojo así se lo dicte?

Ciertamente, proteger la vida de los niños, y especialmente de las niñas, es un gran reto para el Estado (y digo Estado, no solo Gobierno).

Todos jugamos un papel primordial en la consecución de ese objetivo. Los padres de familia, por ejemplo, deben dejar de comprar juguetes que asignen roles de género a sus hijas. Debería de indignar a la sociedad ver que en cada juguetería está la sección de juguetes para niños y para niñas. En la sección de niños los juguetes son patinetas, pistolas, pistas de carros y pelotas de fútbol. No es así en la de niñas, donde “los juguetes” son planchas, licuadoras, trastecitos y bebés para cuidar. Esta forma de hacer negocios también es parte del problema porque no hace más que programar a los menores e imponerles tareas que probablemente muchos de ellos no quieran cumplir en el futuro, pero en el mayor de los casos ni siquiera podrán decidir al respecto.

En fin, es imperativo reflexionar sobre este flagelo en el mes del niño. No hacerlo así sería volvernos personas cínicas e individualistas, y no creo que esa sea la mejor vía para el desarrollo.

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