By Brújula
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Javier-Rubio-Marzo

Javier Rubio / Opinión /

Ante los recientes asesinatos contra periodistas en Guatemala, los cuales han contado con la cobertura ilimitada de los medios de comunicación, -a diferencia de las demás muertes violentas que se dan en el país-, se ha despertado mi interés en que la mayoría de personas al ver la captura de los presuntos responsables de la muerte de los periodistas piden la pena de muerte o un castigo “ejemplar” para estos delincuentes.

Independientemente de que los comentarios estén alimentados por el enfoque mediático, resulta por demás preocupante el clamor que se hace sobre la pena de muerte; como Jurista y Criminólogo estoy en contra de esta “pena” pues dudo acerca de su funcionalidad, así que a continuación expondré los puntos principales por los cuales no creo que la pena de muerte sea la solución a la violencia en Guatemala.

1. La finalidad de la pena en general

Ante la evolución del Derecho Penal la pena -consecuencia jurídica del delito- cumple una función importantísima en la sociedad moderna, la pena busca, ante todo, socializar o resocializar a un delincuente que por alguna razón se apartó de la convivencia social. Entonces, la pena de muerte no encaja con los criterios modernos porque al aplicarse la pena ya no habrá individuo al cual resocializar con la sociedad.

2. La ineficacia de la pena de muerte

Las personas en Guatemala apoyan la pena de muerte porque se tiene la falsa idea que así se reducirá la violencia, pero lo cierto es que no hay estudios científicos serios que apoyen este pensamiento. Si esto fuera cierto, los países con la pena de muerte vigente no tendrían delincuencia en su territorio o bien, la delincuencia seria casi nula. Piénsese por un momento en el fenómeno de las maras, el promedio de vida de los miembros de las maras es de 24 años y a pesar de esta corta esperanza de vida estos grupos continúan creciendo cada vez más; la corta esperanza de vida parece no ser ningún disuasivo para ellos, entonces la pena de muerte tampoco lo será.

En algunas ocasiones se suele apoyar este argumento al momento de traer a la mesa los tiempos del ex presidente Jorge Ubico, alegando que en ese entonces había un bajo índice de delincuencia.

Lo cierto es que, va un poco menos de 100 años de esa época y la pena de muerte no es el único factor a tomar en consideración para analizar la delincuencia en esa época; en todo caso, habría que estudiar la población guatemalteca de esos años, que tan eficaces resultaban ser los medios de comunicación, que tan fácil era la movilización de los delincuentes de municipio a otro como hoy en día, que tanto se sabe de la delincuencia en el interior del país, entre otros factores.

A peores delitos, peores castigos

Esto es cierto, a mayor gravedad del delito mayor la pena a imponer, es un principio conocido como “proporcionalidad de la pena” dentro del proceso penal, pero aquí considero más grave aquel que dentro del gobierno roba millones al país, aquel que contamina el ambiente afectando así a toda la  humanidad, aquel que dentro de una transnacional explota a las personas, corrompiendo el Estado y evadiendo impuestos que los actos cometidos por aquel delincuente “clásico”. Sin embargo, estos delitos no parecen tener el mismo clamor popular dentro de Guatemala, en parte puede deberse por la protección de los medios de comunicación a los grandes sectores del poder económico

El delito como responsabilidad de toda la sociedad

Por último, un aspecto que no muchos se atreven a recordar o siquiera a aceptar es el hecho de que la delincuencia del país es una responsabilidad social, muchos piden la pena de muerte como un clamor de urgencia nacional, pero ¿cuántas veces han alzado la voz para pedir al gobierno Jueces más preparados para juzgar?,

¿Cuántas veces han usado esa misma energía para pedir un sistema penitenciario adecuado a las necesidades del país?, ¿han pedido con esa misma emoción, políticas criminales de prevención del delito?

Se pide una política criminal más dura alegando la imposibilidad de socialización o resocialización de los delincuentes pero se olvida que los centros penitenciarios están bajo el control de los mismos delincuentes, que la misma sociedad margina a las personas por vivir en determinada zona de la ciudad sin importar si son o no delincuentes, que al salir de la prisión se encontrarán con un mundo que los ha etiquetado de por vida y la posibilidad de socializar o resocializar es inexistente debido a no contar con los mecanismos adecuados.

Nunca he pensado que un delincuente no pueda socializarse o resocializarse, porque en el fondo todos somos humanos. Hasta que no contemos con un sistema judicial donde no impere la impunidad, que cuente con políticas de prevención del delito, que exista un compromiso social para no marginar a los delincuentes y en los centros de detención no exista sobrepoblación en los que se apliquen verdaderos programas de socialización y resocialización, no podremos tener un verdadero debate sobre la pena de muerte.

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One Comment
 
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    José / 18/11/2018 at 21:12 /Responder

    Sin embargo tampoco se discute otro aspecto y este es el ético filosófico, que es el de si es una consecuencia natural y/o correcta aplicar la pena de muerte como castigo contra un acto desdeñable, es decir una decisión que va más allá de la mucha poca o nula efectividad que pueda tener esta como medio disuasivo contra la violencia, la pena de muerte desde el punto de vista de lo justo y acto natural a aplicar contra una persona que ha causado un daño irreparable, los que están en contra se enfrascan en discusiones del efecto sobre la violencia (quizás a propósito) y no sobre si es o no correcto aplicarla como forma inexorable de justicia.

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