El contexto en que se desenvuelve el Programa de investigación del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado –ISE-  tiene como telón de fondo la actualidad del proceso social y político. A continuación, una breve mirada de la situación del país desde la nueva etapa de la disputa por el control del Estado, la ampliación y profundización de la crisis y las contingencias en el futuro inmediato.

• Nueva etapa en la disputa por el control del Estado.

El 2018 inició con al menos cuatro pretensiones de sectores que contradicen el trabajo en contra de la corrupción: la primera, apuesta por la elección de Junta Directiva del Congreso de la República y enlazada, una segunda, la aprobación de una veintena de leyes. Esto representa la fusión de dos agendas, la económica neoliberal de algunos grupos empresariales y la de organizaciones políticas vinculadas a la corrupción. Requieren de garantías y protección de inversiones, impunidad para sus operadores políticos y criminalización y represión de la protesta social. La tercera, la designación de un Fiscal General afín para que prevalezca la impunidad. El retardo vía litigio malicioso de acusados por corrupción la necesidad de una Fiscalía capturada, dispuesta a suspender la persecución penal y que los casos judiciales no prosperen. La cuarta pretensión: expulsión de territorio guatemalteco del Comisionado Iván Velásquez de la Cicig. El socavamiento de ambas entidades (Mp y Cicig) se ve reforzado con decisiones como la remoción reciente de la dirección de la PNC.

• La crisis del 2015 se ha extendido y profundizado.

Sobresalen las dificultades de implantación del Estado de derecho y para la democratización del sistema político. La manipulación del sistema judicial se facilita por el entramado institucional y las características del proceso penal que impiden la aplicación eficiente de principios de justicia. Éste y el sistema penitenciario han sido desbordados por las numerosas detenciones y la lentitud procesal.

La situación crítica de la institucionalidad ha evidenciado que:

• La lucha contra la corrupción y la impunidad es importante, pero insuficiente. La persecución y desmontaje de estructuras patrimonialistas, de captura y cooptación del Estado, tienen límite y trasciende esa lucha. La depuración vía el encausamiento judicial para la depuración y las reformas legislativas que persiguen devolver funcionalidad al régimen, son absolutamente insuficientes. La reforma electoral por ejemplo, es superficial y depende de partidos y diputados perseguidos por abusos en su función.
• Las instituciones vigentes son inviables; fueron rebasadas por la corrupción, el clientelismo y ambiciones de políticos, empresarios, el crimen organizado y otros actores.
• La situación se puede revertir. Los actores de la corrupción y la impunidad están cohesionados, son capaces de forzar una elección de cortes a su conveniencia, lograr la eventual derrota judicial y restablecer viejas prácticas alteradas desde 2015. A la inversa, los grupos que luchan por la democracia, tienen débil articulación.

• Contingencias de la actualidad.

Las presiones internas y externas hacia los poderes del Estado, organizaciones políticas y grupos empresariales reticentes a cambios estructurales, abren oportunidades frente a la maleabilidad institucional y las fragilidades éticas del Estado mafioso. El surgimiento reciente de un frente pluriclasista anticorrupción puede ser conveniente siempre que trascienda de la lucha anticorrupción y evite el ocultamiento de responsabilidades de cuadros partidarios y empresariales. Es innegable que el Estado ha facilitado enriquecimiento indebido y que la corrupción es uno de los problemas de la justicia guatemalteca y la arbitrariedad con que se aplica.

Visto así, la contingencia de respuestas hostiles y agresivas del pacto de corruptos es una posibilidad; quieren preservar el poder. Hechos recientes de violencia contra fiscales y represión contra dirigentes sociales, indican su desesperación por impedir el fervor ciudadano por la justicia, la democracia y la paz.

No hay transición posible recorriendo caminos ya agotados de cambios basados en lo judicial y una agenda de reformas mínimas. La movilización política de la sociedad es crucial.