María Alejandra Morales/ Opinión/
La organización del máximo ente electoral guatemalteco se divide en distintas direcciones y jefaturas; cada una de ellas cuenta con otra serie de departamentos especializados y de respaldo técnico. A pesar de tratarse de una entidad autónoma, la asignación de puestos está sujeta también al juego de intereses que surge en el campo de batalla de la política. Gran parte de los cargos asignados se deben a favores políticos, afinidades partidarias y vinculación de familiares.
A pesar de la autonomía que en materia legal esta entidad posee, el presupuesto de que goza proviene del gobierno central. No existe forma de generar sus propios recursos, más allá de los cobros de multas. Esto se debe a que la producción de sus propios ingresos podría llevar a comprometer la imparcialidad de la institución. Ninguna institución electoral a nivel latinoamericano genera sus propios recursos, estos necesariamente dependen del gobierno central. No obstante, el modelo actual permite la filtración de recursos que provienen de grupos partidarios o afines, que pretenden favorecer a su agrupación durante las elecciones. Liberalizar las negociaciones internas de la entidad le dejaría aún más vulnerable.
Con cada cambio de magistrados se modifican, en gran medida, los puestos en la institución.
Para la repartición de cargos administrativos los magistrados generalmente se dividen las secciones. Cada magistrado tiene derecho a colocar a su gente en cada dirección o jefatura; generalmente reservan estos puestos para su gente de confianza, familiares y amigos. Se da mucho nepotismo en ese sentido. Se dividen la designación entre magistrados titulares y suplentes. Sin embargo, a nivel técnico los procesos de selección tienden a ser más meritocráticos, aunque cabe resaltar que estos puestos no son los mejor remunerados. Sin embargo, para algunos existen selecciones de personal competitivo, esto se debe a que hay departamentos que necesitan personas con determinadas competencias; no es tan fácil como elegir a una persona afín, sino se requiere de alguien capacitado en la materia a tratar.
No obstante, los puestos mejor remunerados se otorgan a personas con afinidad política y allegados. En el TSE guatemalteco no tiene verdadera importancia el esfuerzo o profesionalización, los empleados constantemente están propensos a perder su trabajo debido a cambios en el panorama político. No existen incentivos para mejorar la manera de trabajar, pues generalmente los ascensos se deben a decisiones arbitrarias. A pesar de que idealmente, por ser una entidad autónoma y descentralizada, la asignación de puestos debería tratarse como una decisión administrativa.
