Aubrey Guillén/ 

Existe cierto tipo de controversia en relación a la necesidad de ampliar la carga tributaria, por un lado quienes sostienen que se debe ampliar la base tributaria y por otro quienes argumentan que el verdadero problema es la distribución de la misma.

Para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con sus fines teleológicos, es de vital importancia contar con recursos, los cuales vienen de los impuestos y en algunos casos de donaciones extranjeras. Guatemala es el país de Centroamérica con la carga tributaria más baja de la región (en 2015 con un 10.2% respecto al PIB).

Existen posturas respecto a qué atacar, si por un lado ampliar la carga tributaria o bien mejorar la distribución de la misma.

El 2015 fue un año que marcó un antes y después en la historia política, judicial, económica y fiscal del país. Con el descubrimiento de la red de defraudación aduanera denominada “La Línea”, el ambiente político del país cambió y la moral tributaria igual. El pensamiento de “para qué pago impuestos si todo se lo roban” tomó mayor fuerza, lo cual supuso un verdadero desafío a las próximas autoridades.

En el primer semestre del presente año se nombró al nuevo presidente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa. De momento la SAT ha logrado llegar a sus metas de recaudación, y esto se debe principalmente a los pagos extraordinarios de algunas empresas sindicadas de evasión fiscal. Esto ha servido a su vez, para recuperar la moral tributaria y a que más empresas y personas normalicen su situación.

Recientemente el presidente del CACIF mencionó la necesidad de ampliar la base tributaria, esto con el fin de aumentar la recaudación fiscal. Esta propuesta se hizo pensando en que el actual presupuesto es incapaz de dar solución a todos los problemas que enfrentamos como país. La interrogante acá sería ¿realmente esta es la solución?

Lastimosamente la estructura tributaria del país es de carácter regresiva.

Este sistema supone que la carga tributaria promedio disminuye a medida que los niveles de ingreso por tramo aumentan. Esto socaba con las clases medias y bajas del país, impidiendo principalmente contar con mayor recaudación y limita la capacidad adquisitiva de los sectores más vulnerables.

John Stuart Mill, desarrolló el concepto moderno de capacidad de pago, respecto al mismo señala lo siguiente: “Así como el gobierno no debe hacer ninguna distinción entre personas o las clases por lo que respecta a las peticiones que éstas puedan hacerle, los sacrificios que se les exija deben, por así decir, presionar a todos por igual en la medida posible (…) si alguien soporta una carga menor de la que le corresponde, es porque otro soporta mayor, y el aligeramiento de la carga para el primero no representará un bien tan grande para él, como el mal que para el segundo. La igualdad en la imposición, como máxima política, significa por consiguiente, la igualdad en el sacrificio”.

Guatemala en política fiscal tiene dos grandes desafíos, por un lado las pocas personas que pagan impuestos y por otro la mala distribución de ese pago. Tristemente, la clase media es la que en su mayoría soporta la mayor parte de la carga tributaria, lo cual, genera la dificultad de movilidad social en el país. Esto sumado a que las demandas de la sociedad vienen en aumento y la reducción de la clase media es una constante, supone un verdadero reto al momento de querer ampliar la carga tributaria.

Está bien ampliar la base tributaria, es necesario que todos paguen impuestos sin importar estrato social, dado que dotar al Estado de recursos beneficia a toda la población, pero esta carga debe hacerse bajo el principio de capacidad de pago establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de la República, asegurando de esta forma que la carga tributaria sea justa y equitativa.

El país necesita de una política fiscal coherente de la mano con instituciones fuertes para lograr que exista un desarrollo cualitativo y cuantitativo en la población, consiguiendo de esta forma una relación armoniosa entre crecimiento del PIB y desarrollo humano (más del 30% de la población en el país se encuentra en pobreza crónica). Un Estado con recursos y transparente, será capaz de invertir en salud, educación, infraestructura, vivienda, medio ambiente, etc.,  temas que urgen en el país y coadyuvan a la disminución de la pobreza.

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