By Mayid Alegria
Posted: Updated:
0 Comments

El próximo 21 de junio se conmemora el Día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala, por lo que en esta oportunidad comparto algunas anotaciones y reflexiones.

La desaparición forzada de persona constituye uno de los crímenes más atroces, aberrantes e inhumanos que una persona humana puede cometer frente a sus semejantes.

Previo a iniciar, estimo necesario señalar dos definiciones propias de la desaparición forzada de personas:

Para Mario Polanco, la desaparición forzada de personas es la captura ilegal de una persona por agentes de las fuerzas de seguridad (legales o clandestinas) del Estado o de particulares, que actúan con su conocimiento, apoyo o aquiescencia, contando con la seguridad que no se realizará ningún tipo de investigación y aunque se interpongan recursos legales, los mismos no serán tomados en cuenta [1].

Por otro lado, dentro de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se encuentra una definición que ha sido adoptada por algunos países miembros a dicho instrumento en materia de Derechos Humanos, la cual establece que la desaparición forzada a personas es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes (Artículo II).

Estimo oportuno señalar lo que significó el fin de la Segunda Guerra Mundial, respecto a la forma de ver a la persona humana, de tal modo que al crear instituciones, normas o acuerdos, las mismas giren en torno a la persona humana, su dignidad y su condición de persona.

“La desaparición forzada de personas como un instrumento para silenciar personas”

En ese sentido, para el caso específico de Guatemala no existe un registro claro que pueda determinar el inicio de la desaparición forzada. Sin embargo, algunos historiadores, sociólogos e investigadores, fijan el inicio de la desaparición forzada con el inicio del conflicto armado interno.

Entre 1981 y 1983 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró en total 42 mil 275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23 mil 671 corresponden a ejecuciones arbitrarias y 6 mil 159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, 83% eran mayas y 17 por ciento ladinos. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política, la CEH estima que el saldo de muertos y desaparecidos por el enfrentamiento llegó a más de 200 mil 16 personas2.

El clima de inestabilidad política que vivían los países latinoamericanos y el clima de terror impregnado por los gobiernos militares, desembocó en la necesidad de proteger a las personas humanas; por lo que, en el año 1987, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preparara un primer borrador de una Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas3. Luego de varias reuniones, disertaciones y deliberaciones frente a Organizaciones No Gubernamentales y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pasa de un borrador al instrumento propiamente; la misma fue adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, constituye el primer instrumento internacional del sistema americano, que contenía específicamente el tema de la desaparición forzada de personas y adquiere carácter vinculante para los Estados Partes que se suscribieron y posteriormente lo ratifican de acuerdo a su derecho interno. Dentro de dicha Convención reposan una serie de obligaciones para que los Estados Partes prevengan, sancionen y supriman la desaparición forzada de personas, del mismo modo que se fortalezca la protección de derechos humanos. No obstante, dicha Convención es tan protectora, que no admitirá eximentes de obediencia por parte de autoridades y en el caso que los Estados Miembros declaren estados de excepción, guerra, emergencia u otro tipo de medida extraordinaria, no se podrá ejecutar la desaparición forzada de personas.

Para el caso de Guatemala, se introdujo el delito de desaparición forzada en el Código Penal, el cual establece lo siguiente:

Artículo 201.- Desaparición forzada TER. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones.

Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.

El delito se considera permanente, en tanto no se libere a la víctima.

El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a cuarenta años.”
(negrita de referencia, no incluida en el texto original)

Finalmente, la invitación sigue siendo la misma, conocer nuestra historia para no volver a repetirla y así enfrentar el pasado. Acompañemos a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y exijamos a nuestras autoridades el estricto cumplimiento de sus funciones, para promover todas las diligencias encaminadas a la investigación y esclarecimiento de los hechos, con el propósito de alcanzar la justicia tan anhelada por más de tres décadas (en algunos casos).

¡Por el Derecho a la Memoria, Verdad y a la Justicia!

 

Descarga aquí: Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

_______________________________

  1. La desaparición forzada en Guatemala (Necesidad de esclarecimiento e investigación) de Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-. Pág. 28 y 29
  2. Mora Tavarez, Eduardo. Revista analítica venezolana Pág. 54. Citado en la Desaparición Forzada de Personas en Guatemala de Mario Polanco.
  3. La justicia transicional constituyen todas aquellas medidas para restablecer el orden que se ha destruido, en tanto que afecta la institucionalidad del país. Asimismo, son medidas de carácter reparador para restablecer el orden, tales como la garantía de no repetición, verdad y justicia.

Legislación:
Congreso de la República de Guatemala. Decreto 17-73. Código Penal.

 

Related Posts

Texto por: Annelisse Escobar Video por: Santiago Billy   Margarita, una mujer agricultora maya...

Si bien este año se conmemora el bicentenario de la Declaración de Independencia de Guatemala,...

Posiblemente algunos nos sentimos familiarizados con la palabra identidad, posiblemente otros no,...

Leave a Reply