Luis Arturo Palmieri/ Corresponsal/

El Presidente de la República en recientes declaraciones ha manifestado estentóreamente que no va a realizar censo alguno hasta que el Congreso (“un lugar donde no se hace nada”, como lo afirmó) fije el número de diputados en 158. Es por ello que hoy me permito escribir algunas consideraciones sobre el tema.

La verdadera razón por la cual Otto Pérez está intentando congelar el número de diputados no es otra más que el pavor que le tiene a la posibilidad de perder influencia en el Congreso. Recordemos que en una democracia, el Organismo Legislativo representa un límite y un contrapeso al poder que ostenta el Organismo Ejecutivo. Es por ello que los presidentes buscan tener de su lado la mayor cantidad de diputados que les sea posible, ya que solo de esa manera el Congreso no les representará un obstáculo para la realización de sus objetivos. Lo anterior implica que, entre más numeroso se hace el Congreso, más difícil se le hace al Presidente ejercer algún tipo de control o influencia sobre el mismo.

He aquí, indudablemente, el motivo por el cual el mandatario teme a que el número de diputados aumente.

Juan Francisco Reyes López, ex vicepresidente de Guatemala, en su artículo “Sobre diputados y distritos” del 30 de enero de 2009, expresa correctamente que si hubiera consenso en que fueran menos los diputados –o en este caso, que no se aumente el número de los mismos-, lo que procede modificar es el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Este dispone que cada distrito electoral tiene derecho a elegir a un diputado por el mismo hecho de ser distrito y a un diputado más por cada 80,000 habitantes.

Entonces, el señor de la mano “ya no tan dura” está evitando realizar el censo porque hacerlo implicaría que el número de diputados en el Congreso aumentaría a 200 integrantes. No quiero ser la persona que juzgue si este aumento conviene o no al país; eso lo debe de hacer usted lector, sin olvidar tomar en cuenta factores esenciales como la representatividad y los gastos que conlleva el hecho de tener a unos cuantos funcionarios públicos más.

Interesante resulta saber que esta no es la primera vez que Otto Pérez Molina intenta fijar el número de diputados en el Congreso de la República. Durante el gobierno del ya fallecido Ramiro de León, Otto Pérez era jefe del Estado Mayor Presidencial –la mano derecha del Presidente en aquella época-, y ese gobierno conminó al Tribunal Supremo Electoral para que convocara a las elecciones en base al último censo realizado, con el fin de que el número de diputados del Congreso no aumentara sino que el mismo se quedara en 80.

El 7 de diciembre de 1996, durante el mando de Álvaro Arzú, Guatemala suscribió el “Acuerdo Sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral” en Suecia. Este es uno de los tratados que integran los hoy pregonados en todas partes, Acuerdos de Paz. El documento, entre otras cosas, indica que se debe promover una reforma al artículo 157 constitucional “con el objeto de mantener fijo el número actual de diputados al Congreso de la República”.[1] Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el acuerdo también promueve que los diputados no puedan ser reelectos por más de dos períodos consecutivos. Sin embargo, me parece que lo más fácil y adecuado, como lo indicó el Licenciado Reyes López, no era la reforma constitucional sino que era la reforma al artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Estas disposiciones plasmadas en el tratado no fueron hechas en balde ya que el 16 de octubre de 1998 el Congreso aprobó y decretó las reformas constitucionales a los artículos 1, 66, 70, 94, 110, 135 g), 143, 157, 164 penúltimo párrafo, 166, 167, 171 n), 173, 176, 182, 183 supresión de literal r) y reforma a literal t), 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 222,  225, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, y a los transitorios 13, 28, 29 30, 31 32, 33 y 34.[2]

Posteriormente, aquella voluntad de cambio impregnada en el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales, quedó hecha añicos en la consulta popular realizada el 16 de mayo de 1999 cuando resultó ganadora la postura que desfavorecía la ratificación de las reformas señaladas. Es decir que los guatemaltecos que fueron a votar ese día, por mayoría decidieron no hacer cambio alguno a la Constitución. Fueron 284,403 las personas que votaron a favor de las reformas al Organismo Legislativo y 402,593 las que votaron en contra.[3] Más impresionante aun, resulta el hecho de que en el distrito central (supuestamente los que mejor educación y mayor acceso a la información tienen) 121,168 votaron en contra y solamente 29,340 personas votaron a favor de las reformas.

Ahora me pregunto: ¿Las personas en ese entonces sabían el papel que su voto jugaba?

¿Sabían la importancia y las implicaciones futuras que tendría el resultado de aquel referendo? ¿Los mismos que esa vez votaron “no” a la segunda pregunta (la que se refería a las reformas en el Congreso) serán las mismas personas que hoy se viven quejando del número de diputados y del Congreso en general?

Naturalmente, desconozco las respuestas a estas interrogantes. Sin embargo, lo que sí sé es que catorce años después de aquella consulta ya no tenemos 80 diputados en el Congreso; ahora doblamos el número y tenemos 158. Cuántos iremos a tener el próximo año o en 2020, tampoco es algo de lo que tengo certeza. Por ahora, de lo que sé que nos tenemos que preocupar –y con carácter de urgente- es de ver cómo dejamos a un lado esa austera conducta popular adoptada en 1,999 y que lamentablemente hasta el día de hoy, se sigue teniendo.

Por lo tanto, avecinándose un posible cambio, es momento de que empecemos a asumir la responsabilidad de informarnos para así poder participar e influir positivamente en la política y en el país. ¡Basta ya de ser tibios y timoratas! El arquitecto del Estado, debe ser el pueblo.

“El gobierno es muy grande y muy importante como para que se lo dejemos todo a los políticos” – Chester Bowles.