By Mayid Alegria
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El 14 de enero del año en curso, el Dr. Alejandro Giammattei Falla fue juramentado como Presidente de la República de Guatemala. Este acto representó el fin de un gobierno accidentado, lleno de desaciertos y mentiras; también el final de una legislatura bástate deslegitimada.
Este mismo día, tomó posesión la nueva legislatura integrada por 160 diputados, de los cuales 105 son completamente nuevos. El Pleno del Congreso de República quedó bastante fragmentado, conformado por 19 bloques legislativos.

¿Qué está pasando?

En el ejecutivo el Presidente Constitucional, el Dr. Giammattei, desde su discurso de toma de posesión, puntualizó sobre su interés de incentivar la economía y la modernización en el país, combatir la delincuencia, reducir la desnutrición y promover una educación de calidad. A casi 30 días de estar al frente del ejecutivo, ejecutó diversas acciones entre ellas:

  • Presentó iniciativas de ley al Congreso de la República; una polémica que consiste en declarar a las maras como terroristas (esta fue mencionada en el discurso de juramentación), cerrar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad –SAAS-.
  • Decretó Estado de Prevención en distintos lugares del país (Mixco, Villanueva, Chimaltenango).
  • Destapó indicios de corrupción en la SAAS y plazas fantasmas en instituciones públicas, lo cual generó simpatía en la población.

Respecto a los Estado de Prevención y sus polémicas iniciativas de ley considero que debemos cuestionarnos: ¿Realmente va a combatir los problemas de raíz?, ¿ayudan a recuperar el Sistema Penitenciario o solo lo cargara más?, ¿serán decisiones para ganar la simpatía de la población?

Por otro lado, el Organismo Legislativo recibió un “respiro” debido a que se incorporaron nuevos diputados y diputadas.

El 14 de enero se vivió un ambiente de tensión y traición. Cinco diputados del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, decidieron apoyar a la planilla oficialista, consecuentemente Allan Rodríguez del partido VAMOS y la planilla que integraba, ganaron la presidencia del Congreso de la República.

Asimismo, han pasado casi 30 días desde que tenemos nuevos representantes al frente del Organismo Ejecutivo y Legislativo, especialmente en este último, todo apunta a que va a ser una legislatura dinámica por lo fragmentado que ha quedado el congreso y las distintas alianzas que se han externado.

Dos actos puntuales que mostraron un cambio y voluntad política:

  • El traslado de los Q20 millones a la PDH. Sin retardo malicioso como lo hizo la junta directiva anterior.
  • Algunos legisladores han decidió renunciar a los privilegios que conlleva ser Diputado del Congreso de la República, entre estos: seguro de vida, tablets, almuerzos, dispositivos móviles. Cabe mencionar que esta decisión inició por la Diputada Vicenta Jerónimo del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos –MLP–. Para unos populismos, para otra dignidad. Pero lo que sí estoy seguro es que generó revuelo en la población.

“No puede haber congreso rico con pueblo pobre”

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está próxima a cambiar a sus magistrados de CSJ y Apelaciones. Tras un proceso en las comisiones de postulación “accidentado”, el 07 de febrero del año en curso se publicó calificación de expedientes de magistrados a CSJ.

Esta elección es fundamental para garantizar el inicio de un buen funcionamiento para nuestro Sistema de Administración de Justicia. La independencia judicial es esencial para poder avanzar en distintos temas, devolver la “defensa” a la población y seguir consolidando el Estado de Derecho.

“Sin independencia judicial no hay una efectiva protección a los derechos humanos”

De conformidad con el Artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia quedará integra por “trece magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República”. Mientras que la Corte de Apelaciones se integra por el número de salas que determine la CSJ (art. 218 CPRG)

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