En Guatemala aún se clama por la mano firme de los dictadores, frente a la violencia que se vive en nuestro país. El sentimiento es generalizado, aún muchas personas que conocen los males de vivir en dictadura parecen no ver otra posible solución a la violencia que el castigo y la muerte. Paradójicamente, se rechaza la justicia indígena por ser “salvaje” y generar más incertidumbre que garantías; nuestras cárceles, además de ser el centro de operaciones del crimen organizado, son caracterizadas por las violaciones sexuales, el uso de drogas y la prostitución abierta. De acuerdo al Sistema de Medición de Impunidad en Guatemala de la CICIG, en 2015 solo el 10% de los casos de homicidio fueron resueltos y terminaron en condena.

Nuestro sistema de justicia es un fracaso, la pregunta ¿es qué camino debemos tomar?

En Estados Unidos, según el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York la reincidencia criminal es del 80% en los primeros 5 años. Esto significa que prácticamente se condena a los criminales únicamente para que luego de cumplir su sentencia como privados de libertad, salgan a la calle y vuelvan a cometer delitos. El informe continúa explicando como el incremento de la fuerza policial y el encarcelamiento masivo, no ha tenido un efecto positivo en la reducción del crimen en los últimos 20 años.

El encarcelamiento masivo es un problema y seguro un merecido castigo para los asaltantes, asesinos y violadores. Sin embargo, los efectos negativos en la sociedad son aún peores. En Estados Unidos, uno de cada cien adultos está detenido, lo que deja a uno de cada 28 niños con un padre en prisión. Esto provoca que el ciclo de la pobreza y falta de oportunidades se perpetúe y el efecto es el mismo cuando se condena a muerte. El costo es otro factor a tomar en cuenta: Estados Unidos gasta 260 mil millones de dólares al año en justicia criminal. Es decir, un año de prisión es más costoso que un año en Harvard.

En nuestro país este presupuesto es simplemente inalcanzable, por lo que no es un camino viable. Con este alto costo, esperaríamos que al menos estas medidas tengan un impacto positivo en la reducción de los delitos, pero no es cierto. Supongamos que deseamos un sistema de cárcel estricto pero efectivo. El argumento a favor de medidas policiales incrementadas y sanciones carcelarias más fuertes, es que estas servirán como disuasivo para los que quieran cometer crímenes. La falta de educación, oportunidades laborales y salud, crean un ambiente propicio para que el crimen sea una opción deseable para sustentar un nivel de vida mínimo y el disuasivo pierde efecto. 

El factor emocional es lo que nos hace querer un castigo para el criminal, sin embargo, el objetivo real es la disminución de los delitos.

En Guatemala, la realidad es que muchas personas no denuncian una lista larga de delitos por la idea de que el criminal saldrá libre en poco tiempo y teme represalias. El castigo es entonces, un deseo emocional y no racional. El efecto disuasivo del castigo es virtualmente inexistente ante condiciones de precariedad y falta de oportunidades. Aún en Estados Unidos, tiene más efecto las altas tasas de empleo y por consiguiente la posibilidad de mantener un nivel de vida mínimo con un trabajo legal.

Buscar la reinserción mediante la rehabilitación ha demostrado dar otros frutos.  En Noruega la tasa de reincidencia criminal después de 5 años, es de 20%, hasta cuatro veces menor que la de EE.UU. La cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes era en el 2000 de 1.10 y llego a estar en 0.56 en 2012. El factor principal de la baja criminalidad, son las oportunidades de trabajo y educación, las cuales cortan el ciclo de la pobreza y la criminalidad y las personas pueden cumplir una condena y regresar a ser buenos ciudadanos.

En Guatemala, según Segeplan, existe un 52.8 % de pobreza y pobreza extrema, 18 mil guatemaltecos fueron deportados en 2016  y 6.2 millones de guatemaltecos se benefician de remesas según la Organización Internacional para las Migraciones.