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Estuardo Díaz García / Colaboración /

“La corrupción es el lubricante del sistema”, frase muy conocida y razonable hasta cierto punto, pues la corrupción, en niveles mínimos, puede ser un desahogo para una estructura burocrática e ineficiente. Sin embargo, cuando la depravación del sistema llega a tales dimensiones como las que se viven actualmente en Guatemala, sobrepasa por mucho la tolerancia; inconformidad que ha sido evidenciada de manera muy enérgica por gran número de guatemaltecos en las últimas semanas.

Universitarios, trabajadores, ancianos, niños y familias enteras han abarrotado las calles y plazas, no solo dentro de la ciudad capital sino también en el interior de la República, mostrando su repudio ante la putrefacción y degradación en que se encuentra sumida la política en el país.

Estos movimientos han presionado lo suficiente para poner al gobierno en aprietos y lograr la renuncia de varios funcionarios públicos, entre ellos la Vicepresidenta, Roxana Baldetti. Un extraordinario comienzo para una sociedad que estaba aletargada; sin embargo, para sanear la pútrida configuración del sistema son necesarios más cambios drásticos, pero ¿cómo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué institución necesita reformas con mayor urgencia?

Antes de dar una respuesta, se debe analizar el contexto del Estado de Guatemala. De acuerdo al artículo 141 de la Constitución Política de la República, nuestro Estado se divide en tres Organismos, los cuales son:

  • Legislativo, conformado por el “honorable” Congreso de la República.
  • Ejecutivo, compuesto por el Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministerios y las Secretarías, entre otras entidades.
  • Judicial, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia y además se compone por los tribunales y juzgados.

Por ser una República presidencialista, mientras el presidente está a cargo del Ejecutivo, el verdadero poder se concentra en el Legislativo; es decir, el Congreso. Este tiene la última palabra en muchas de las decisiones trascendentales en la nación.

Actualmente, las manifestaciones se han enfocado en pedir la renuncia de directivos del Organismo Ejecutivo, dejando en segundo plano una tarea fundamental: la reconfiguración del Congreso.

Con la capacidad de pesquisar, de retirar la inmunidad, elegir quien ocupa ciertos puestos públicos, formular y reformar las leyes -incluyendo la Carta Magna- los diputados pueden llegar a ser ese sólido en el que choca la corrupción; por tanto, más allá de la renuncia de funcionarios de forma aislada, para conseguir una metamorfosis de fondo en nuestro país, se vuelve primordial demandar la transparencia y la reestructuración del Legislativo.

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