Aury Michez / Brújula /

Desde hace algunos meses nuestro país ha venido viviendo una fuerte crisis política, la cual ha traído como consecuencia la articulación de ciudadanos y algunos sectores sociales y empresariales con el fin de exigir aplicar la justicia a todos los funcionarios corruptos que, gracias a su derecho de antejuicio, han logrado cometer graves delitos afectando al Estado y a nuestra sociedad.

Hemos visto cómo todos los guatemaltecos se han unido y festejado frente al Congreso de la República el retiro de inmunidad de varios de ellos, entre los más destacados el  ex Presidente Otto Pérez Molina, la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti, la jueza octava penal Marta Sierra de Stalling, el candidato a vice presidenciable del partido LÍDER Edgar Barquín, entre otros.

Sin embargo, a pesar de ser un tema tan abordado en los medios de comunicación y las conversaciones cotidianas, muchos aún no tenemos muy claro ¿qué es en realidad el derecho de inmunidad o antejuicio? ¿Por cuáles razones se retira este derecho? y ¿cuál es el procedimiento para removerlo? A continuación brindamos una breve explicación de tan importante proceso que ha hecho a cientos de guatemaltecos festejar y hasta detonar juegos pirotécnicos en las diferentes plazas del país.

¿Qué es el derecho de inmunidad o derecho de antejuicio?

Entendemos por derecho de inmunidad o de antejuicio el derecho inherente con el que cuentan los dignatarios y funcionarios públicos, desde que son electos o inscritos legalmente como candidatos hasta que terminan de ejercer su cargo.

Según el Artículo 3 de la Ley en Materia de Antejuicio es “la garantía que la Constitución de la República otorga para que los dignatarios o funcionarios públicos no puedan ser detenidos ni presos mientras estén ejerciendo su mandato sin que tampoco puedan ser procesados o juzgados, a menos que el cuerpo legislativo al que pertenezcan conceda la autorización correspondiente”.

Es necesario aclarar que no es que se le esté dando un beneficio al funcionario, sino que únicamente es una medida indispensable para evitar que pueda efectuarse una persecución judicial infundada por cualquier persona con el fin de afectar el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, como hemos podido ver recientemente, los funcionarios utilizan este derecho como un refugio hacia sus hechos delictivos, protegiéndose bajo la sombra de la impunidad para no ser procesados por delitos comunes que cometen en sus acciones privadas.

¿Por qué razones se retira este derecho?

Como todos sabemos, los funcionarios automáticamente pierden su derecho de inmunidad o antejuicio al momento de dejar su cargo; sin embargo, existen dos razones más por las cuales pueden perderlo y ser considerado como un ciudadano ordinario:

• Si es sorprendido in fraganti en la comisión del delito
• Cuando la instancia encargada de conocer y resolver el antejuicio emite formalmente una resolución en la que se declara con lugar el antejuicio.

A partir de ese momento se le retira la inmunidad al funcionario, dando lugar a que pueda ser investigado e incluso arrestado por si en caso se encuentra vinculado al hecho delictivo.

¿Cuál es el procedimiento para remover este derecho?

Para que podamos entender de una mejor manera los casos que se están llevando actualmente en nuestro organismo judicial, es necesario saber cuál es el procedimiento para dar inicio al proceso de antejuicio.

1. Cualquier persona que tenga constancia del delito tiene que abocarse al Ministerio Público para presentar la denuncia en contra del funcionario que goza de este derecho y está delinquiendo, para que se asigne un juez que lleve la investigación del caso.

2. El juez se encargará -en un plazo no mayor de tres días hábiles- de elevar el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, para que esta –dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción- lo traslade; por lo que dependiendo del cargo del funcionario, la CSJ asignará a la instancia correspondiente de conocer y resolver el antejuicio. Las instancias a las que ella puede trasladarlo son el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia –si en dado caso le toca a ella misma conocer y resolverlo- y las Salas de la Corte de Apelaciones.

Por ejemplo:

• Si se trata de un caso como el del Presidente y Vicepresidente de la República o un Ministro de Estado, la instancia que debería conocer la solicitud de antejuicio sería el Congreso.
• Si es un caso como el de los Diputados del Congreso, Jueces, Superintendente de Bancos, Contralor General de Cuentas o candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, la instancia sería la Corte Suprema de Justicia.
• Por último, si se trata de un caso como el de candidatos a Alcaldes Municipales, Director de la PNC, agentes fiscales del Ministerio Público, o bien cualquiera de los funcionarios cuyo conocimiento no está atribuido en la Ley en Materia de Antejuicio, las instancias serían las Salas de la Corte de Apelaciones.

3. Si dependiendo el cargo del funcionario, –en este caso la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti– la Corte Suprema de Justicia decide que el Congreso sea el encargado de conocer y resolver la solicitud de antejuicio, éste debe:

Imagen: Congreso Transparente

4. Si el Congreso llega a emitir formalmente una resolución en la que se declara con lugar el antejuicio, ella estaría perdiendo su inmunidad y el expediente sería devuelto a la Corte Suprema de Justicia, removiéndole en ese momento la inmunidad, convirtiéndola en una ciudadana ordinaria quien puede ya ser investigada e incluso arrestada dependiendo su vinculación con el delito.

5. Ahora bien, si la solicitud de antejuicio llegase a declararse sin lugar, la Dirección Legislativa únicamente guardará su expediente.

Leer aquí los demás procedimientos: Ley en Materia de Antejuicio

Casos Actuales

General Otto Fernando Pérez Molina

Actual ex Presidente de Guatemala, quien por unanimidad el Congreso de la República retiró el derecho de antejuicio, luego de que 132 diputados votaran a favor de esta solicitud para que enfrente a la justicia. Se le acusó el 21 de agosto -por parte de la Fiscalía del Ministerio Público (MP) y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)- de liderar una red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.

Ingrid Roxana Baldetti Elías

Actual ex Vicepresidenta de Guatemala, quien renunció a la Vicepresidencia en mayo de este año ante la presión de diversos sectores sociales que criticaron su relación con su ex Secretario Juan Carlos Monzón, con el caso de red de defraudación aduanera “La Línea”. Asimismo, el MP y la CICIG, la acusan de ser junto con el Gral. Otto Pérez, los cabecillas de dicha red.

Otto Fernando Pérez Leal

Actual Alcalde de Mixco a quien fue interpuesta una solicitud de antejuicio por el abogado Rodrigo Enrique Franco, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, malversación e incumplimiento de pago. Y a quien la Sala Primera de la Corte de Apelaciones le retiró la inmunidad por el delito de desobediencia.

Marta Sierra de Stalling

Jueza octava Penal, a quien el pasado 9 de septiembre le fue retirada su inmunidad de manera unánime por parte de la Corte Suprema de Justicia, acusada por el MP y la CICIG de tener posibles vínculos con el Bufete de la Impunidad, estructura que habría negociado beneficios para seis procesados por el caso de defraudación aduanera “La Línea”.

Edgar Barquín, Manuel Barquín y Jaime M. Lohayza

Los tres integrantes del partido político Libertad Democrática Renovada (Líder), enfrentan un proceso de antejuicio ya que son señalados por el MP y la CICIG de integrar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento ilícito de organizaciones políticas.

Édgar y Manuel Barquín y Jaime Martínez. Imagen: Prensa Libre Hemeroteca

Y nosotros, ¿qué debemos hacer?

Todos los que nos unimos al movimiento ciudadano desde hace más de cuatro meses, participando en las marchas o manifestando nuestro apoyo desde nuestras oficinas a través de las redes sociales, sin duda hemos logrado -a través de nuestros reclamos- que se haga justicia hacia esos funcionarios corruptos que tanto han violentado la ley y han irrespetado a nuestra sociedad; sin embargo, no todo ha sido gracias a nuestros reclamos, ya que todo esto se trata de un trabajo en equipo. Es decir, la CICIG y el MP han trabajado conjuntamente en arduas investigaciones las cuales han sido el factor determinante para alcanzar estos logros que nos llenan de tanta alegría, por lo que es necesario el no flaquear ante esta situación.

Si bien es cierto que logramos lo que más queríamos (por ejemplo la renuncia y ligar a proceso a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti) no debemos dejar de preguntarnos ¿qué pasa con las demás solicitudes de antejuicio?

Como ciudadanos motivados por construir un mejor país sin corrupción, debemos trabajar conjuntamente con estas instancias que son clave importante en alcanzar este objetivo; debemos estar pendientes y fiscalizar cada proceso, exigir su seguimiento y ante todo debemos sentirnos orgullosos. Con la presión ejercida por nosotros y el apoyo que han brindado el MP y la CICIG, se han gestionado ya varios procesos de antejuicio que tienen que ser considerados como un logro, en el que están saliendo a la luz todos los corruptos y sus descaradas acciones. Es obligación nuestra el dar seguimiento y ¡exigir que se haga justicia!

[quote]“Guatemala está dando muestras de que nadie es superior a la ley y en consecuencia es un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe sujetarse a la Constitución”

-Thelma Aldana, Fiscal General del Ministerio Público[/quote]