Gabriel Reyes/ Opinión/
Nadie dice ya en estos dorados tiempos que el Estado no debe negociar y hacer aliados con el sector privado, industrial y empresarial, incluso con las compañías extranjeras que pretenden de algún modo hacer plata de forma sistemática y perdurable. Lo que no es tolerable es que el Estado sea el servil esclavo de los intereses más malévolos y macabros de un sector privado históricamente maquiavélico y succionador de los recursos humanos, naturales e intelectuales del país. Mas descabellado aún, es pedir un Estado benefactor, redistribuidor, democrático y defensor de los intereses de sus ciudadanos más débiles, pero vea usted la lógica que sucumbe ante la cuasi alucinógena y poderosa manipulación ideológica, vive usted dentro de una nación donde el Ejército y la policía defienden los intereses internacionales, por sobre los intereses de sus habitantes, de sus habitantes desprotegidos, vulnerables y abandonados, por el resto de las instituciones del Estado. Que han dedicado sus labores a servilmente lamer las botas de las compañías súper poderosas, a cambio de algunas migajas de su producción, y entiéndase, que no estoy en contra de la riqueza, ni de los ricos, todos tienen derecho a ahogarse en plata si ese es su objetivo sacro individual.
El problema es utilizar una institución cuyos fines, filosóficos e institucionales tienen poco que ver con la riqueza individual, si usted quiere ser rico, háganos el favor a todos y aleje sus narices del Estado.
Y perdone usted el tono, pero se nos olvida que el Estado debe priorizar los intereses de sus habitantes por sobre los de las compañías extractivas, que como su nombre lo dice, buscan extraer riqueza a donde llegan, la cual habrá que definir a quién pertenece y determinar un valor prudente de los recursos en bruto. Estos recursos buscan entonces ser extraídos y transformados para ser vendidos, no sin antes provocar inminentes repercusiones naturales, climáticas e incluso sociales a las comunidades que habitan a los alrededores de las minas e hidroeléctricas. Entiéndase que el tema es complejo, y por su complejidad no debe ser tratado a la ligera, como lo han hecho otros países en Latinoamérica como Ecuador y Costa Rica. No tiene que estar usted en contra o a favor de la minería para darse cuenta que lo que sucede en Guatemala es un absurdo de mayores proporciones, que como era lógico ha estallado y seguirá estallando en conflicto.
Y entienda también que los muchos conflictos, en tantos lugares diversos y sucediendo por motivos similares, son solo responsabilidad de un Estado incapaz de regular e intervenir de forma al menos un poco justa, la extracción masiva de recursos. En fin, si usted permite a una industria cuyo objeto es maximizar sus utilidades, entiéndase que la industria aprovechará hasta la última pepita de cobre y le valdrá un pepino el bienestar de las comunidades aledañas, ese bienestar no es para nada de su competencia, ni siquiera su responsabilidad, la responsabilidad era del Estado previa a conceder permisos casi omnipotentes a cambio de un pago casi nulo. No se deje engañar cuando le dicen que las comunidades son terroristas patrocinados por la comunidad internacional, entienda que la conflictividad tiene un motivo más profundo e injusto que el Estado ha provocado con su negligencia y servilismo, con el afán de muchos de sus funcionarios de hacerse ricos en aprovechamiento de la porción de poder que les fue otorgado para asegurar el beneficio de otros, de todos, de sus electores y financistas; que no son empresas privadas, somos usted, yo, la gente de Chixoy, la gente de la Puya, la gente de San Miguel Ixtahuacán, de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, somos todos.
Recuerde usted que la paz es un producto inminente de la justicia; cuando esta exista para todos los involucrados con la actividad minera, justicia social y económica, entonces llegará.
La riqueza cuando es motivada y manejada por el Estado debe ser de todos, como de todos son los recursos naturales de este país, la decisión de empaquetarlos y venderlos debe ser de todos, y el pago por dicha mercancía debe venir para todos, o al menos, para los que más lo necesitan.
