Bajo un enfoque sistémico para el análisis de la realidad social y natural,  las instituciones de carácter público están concebidas, entre otras cosas, para generar balances entre subsistemas -por ejemplo el económico, el social y el natural-, evitar excesos, procurar el bien común, evitar exclusiones, estimular o regular dinámicas en función de la maximización de los beneficios nacionales, evitar privilegios, evitar la depauperación de la persona, en fin, evitar que las libertades de uno comprometan las libertades colectivas. Si bien resulta ingenuo hablar de autonomía frente a los países geopolíticamente dominantes, instituciones funcionales también podrían sustentar relaciones más dignas cuando de negociar con éstos se trata.

Cuando el conglomerado de instituciones es disfuncional -cuantitativa y cualitativamente hablando- sucede lo contrario en todos los aspectos arriba citados. En general, este es nuestro caso en Guatemala. Esa disfuncionalidad se debe a una subordinación absoluta de las instituciones a poderes económicos y políticos que en contubernio definen los destinos del país. Las instituciones están, casi absolutamente, al servicio de estos intereses. Las nuevas entidades, casi invariablemente, aunque sean concebidas apropiadamente, se desarrollan al amparo y en favor de estos intereses. Las consecuencias, además del obvio y sostenido desprestigio institucional, son las tremendas exclusiones sociales que engendran pobreza y una crisis ambiental de enormes dimensiones e incontenibles trayectorias. Globalmente hablando, se genera y multiplica la ingobernabilidad en diferentes espacios y momentos.

La debilidad institucional se agudiza ante la falta de liderazgo e idoneidad de quienes dirigen las estructuras institucionales, tal es el caso del actual Ministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quien declaró ante el Congreso de la República que no tiene el conocimiento y las competencias necesarias para ocupar el cargo.  Esto lo habían denunciado previamente distintas instancias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes señalaron que el actual responsable de la cartera ambiental no cuenta con las competencias adecuadas para dirigirla.

La pobre incidencia del MARN en las políticas de desarrollo ha sido la norma desde su creación en el año 2000, aunque con la presente administración se añade la falta de conocimiento del sector. El exiguo desempeño institucional se refleja de manera concreta en la crisis ambiental de escala nacional, caracterizada por la contaminación, la degradación y el agotamiento de todos los componentes del medio natural.

Esta precaria institucionalidad (en general) es la responsable de los niveles de vulnerabilidad a los que se encuentra expuesta la sociedad guatemalteca, alcanzando niveles de indefensión tan elevados, que aquellos eventos naturales que alcanza niveles extremos de ocurrencia, fácilmente provocan desastres que comprometen la vida y los medios materiales de las personas.

La sociedad necesita percibir que es posible romper ese círculo vicioso de cooptación y pérdida del espíritu de los mandatos institucionales. Ojalá, seamos capaces de exigir, no solo un Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estructuralmente renovado y dinamizado, con un horizonte definido sobre la base de la realidad social y ambiental nacional y con procesos claramente definidos y sustentados para alcanzar tal horizonte, sino también un profundo reordenamiento institucional del Estado para garantizar la vida.