Por Patricia García
El derecho a la salud, parte de los derechos humanos, afirma que todo ser humano debería poder tener “acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente” 1 Este es fundamental del ser humano, pues todos deberían poder ejercer siempre, sin discriminación alguna, con la libertad de decidir sobre su salud y poder contar con las mismas oportunidades de gozar de los servicios de salud al grado máximo, en todo momento.
En Guatemala, el sistema de salud toma en cuenta dos realidades: el área de servicios públicos y el área de servicios privados.
Independientemente de cómo trabaja cada uno de estos sectores y dejando por un lado la perspectiva económica, es evidente que la población guatemalteca que acude al área privada representa una carga menos para un sistema de salud tan dañado. Emergencias sanitarias tales como la actual pandemia, nos han demostrado que no es solo una enfermedad o un solo factor de riesgo el que pone en peligro a la población.
Es la incapacidad institucional de nuestro sistema de salud, para brindar apropiadamente los servicios necesarios y respetar el cumplimiento del derecho a la salud en el país.
Considero que toda política o programa que tenga la intención de proveer o regular un servicio de salud, debe tomar en cuenta las siguientes determinantes: disponibilidad, calidad, accesibilidad y aceptabilidad. De esta forma se podría evitar y corregir cualquier tipo de desigualdad, prácticas discriminatorias o injusticias sociales que impidan equidad en los resultados sanitarios que, como se mencionaron antes, son inaceptables cuando se trata del goce de este derecho fundamental.
Este derecho le ha sido privado a diario a la mayoría de la población guatemalteca.
Puesto que más de la mitad de los habitantes en el país viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo cual automáticamente les impide tener acceso a servicios de salud. Esto es consecuencia de un sistema y una política que no se rige por las normas y principios que promueven la igualdad y aseguran el derecho a la salud de toda la población. En cambio, se han dejado influenciar por el racismo y el machismo que encontramos en muchísimas comunidades, resultando la injusticia social y una política excluyente que no da lugar a la diversidad en nuestro país.
Otro punto importante a considerar, es que hasta hace un par de meses, debido a la actual pandemia, Guatemala era uno de los países con el presupuesto más bajo en salud de Latinoamérica. El estado definió y aprobó un presupuesto para el año 2021 de 99 mil 700 millones de quetzales, y designó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 9 mil 894,4 millones de quetzales.2 Considero que Guatemala es un país con muchísima riqueza en este sentido; sin embargo, sus “riquezas” están injustamente divididas y mal priorizadas. Todos estos factores representan limitantes, tanto culturales como geográficos y económicos, para brindar servicios de salud a la población guatemalteca (3).
Los programas o políticas sanitarias tienen el poder tanto de promover como de violar el derecho a la salud y otros derechos humanos, si no están orientados a la población, respetan las normas y principios básicos alineados con el más importante y primordial objetivo, que es brindar acceso a la salud a todos y cada uno de los habitantes del país; o no cumplen con las responsabilidades que adquieren automáticamente al ser organizaciones de un sector sanitario, cuyo deber más valioso debería ser proteger la salud de las personas.
Todas estas limitaciones permiten la discriminación y fomentan el miedo en la población guatemalteca, por lo que ya no acuden a los hospitales o centros de salud públicos. Además que las distancias desde sus hogares a cualquier eslabón del sector sanitario son inmensas; prefieren no acudir por miedo a ser discriminados. Incluso se percibe mucha desconfianza por parte de las personas que sí acuden, en cuanto al diagnóstico, la calidad y disponibilidad de la atención que puedan recibir. Por lo tanto, la población se ve obligada a acudir a los considerados “sabios” en sus comunidades, es decir abuelos, abuelas, padres y madres como su primer recurso; farmacias, curanderos y personas que venden medicinas en las calles como segundo recurso; y los servicios de salud pública se dejan como último recurso.
Puedo concluir que, el derecho a la salud, siendo fundamental para todos los seres humanos, es indispensable que lo protejamos y nos responsabilicemos en cuanto a que este no ha sido respetado ni valorado en nuestro país.
Más de la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza, sin oportunidad de acudir a servicios de salud y como resultado miles de personas mueren cada año, cada mes, cada semana y a diario por situaciones de salud que pudiesen ser prevenidas. No se trata solo de proteger la salud de aquellos que pueden acceder a ella, pagarla o inclusive aquellos que fácilmente pueden comunicar qué es lo que está mal con su cuerpo, sino también de proteger a todos aquellos que han sido privados de ésta por discriminación, por falta de disponibilidad, pero sobre todo por falta de responsabilidad de su propio país en el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Referencias Bibliográficas
- Salud y derechos humanos [Internet]. Who.int. 2017 [citado el 23 de agosto de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/es/news–room/fact–sheets/detail/human–rights–and–he alth#:~:text=La%20Constituci%C3%B3n%20de%20la%20OMS,de%20salud%20 de%20calidad%20suficiente.
- Proyecto de presupuesto 2021 prioriza salud, educación y reactivación económica [Internet]. Agencia Guatemalteca de Noticias. 2020 [citado el 23 de agosto de 2021]. Disponible en:
