By Brújula
Posted: Updated:
0 Comments

Hace una semana salió publicada en el Diario Oficial la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que declara inconstitucionales dos artículos (artículo 414 bis y artículo 420 bis) que se agregaron al Código Penal. En estos  se penaba con prisión de 2 a 3 años a los particulares y a los funcionarios o empleados públicos que dejaren de asistir al Congreso sin causa justificada, luego de haber sido citados por el Congreso, alguna comisión o algún bloque legislativo.

La inconstitucionalidad fue planteada por el Diputado Adim Maldonado, quien argumentó ante la Corte de Constitucionalidad–entre otras cosas- que la norma violaba la Constitución pues no se siguió el procedimiento necesario para su aprobación, luego de que el Presidente Jimmy Morales la hubiera vetado en marzo de 2016 por considerarla inconstitucional.

El procedimiento que tuvo que haber seguido la creación de dicha norma es el siguiente: 1) El Congreso aprobó la ley y la envió al Ejecutivo para que este la sancionara, promulgara y publicara (Artículo 177 constitucional); 2) El Presidente devolvió la ley al Congreso, utilizando su derecho de veto, haciéndole las observaciones que estimó pertinentes, incluyendo señalamientos de inconstitucionalidad (artículo 178 constitucional); 3) El veto del Presidente decía que la norma que el Congreso envió contradecía la Constitución y, por lo tanto, a la luz del artículo 272 h) constitucional, el Congreso, en vez de rechazar el veto y aprobar la ley, debió haber solicitado la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. En torno a este último paso es que gira el presente caso.

¿Debe el Congreso –obligatoriamente- solicitarle la opinión a la Corte de Constitucionalidad cuando el Presidente vete una ley alegando inconstitucionalidad? Veamos.

Llegado el momento oportuno, el Congreso se justificó diciendo que lo que establece el artículo 272 h) de la Constitución[1] no es obligatorio y que, por lo tanto, el Congreso tiene la facultad de consultarle o no a la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público sostuvo la misma postura que el Congreso, diciendo que las normas que reconocían la potestad de la Corte para emitir opinión sobre las normas vetadas por el Ejecutivo, no denotan que sea una etapa obligatoria. En otras palabras, ambas instituciones asumen una posición que evidencia que lo que diga el Presidente les parece irrelevante.

Al final, la Corte de Constitucionalidad, recordando varios precedentes,[2] emitió una sentencia en donde concluyó que cuando existe un veto presidencial que señale la inconstitucionalidad de la norma, es necesaria e insoslayable la opinión de dicha Corte para que el Congreso, a la luz de la respectiva opinión, reconsidere nuevamente la norma y decida si usa o no su potestad de primacía legislativa recogida en el artículo 179 de la Constitución Política. Es decir, la Corte le dice al Congreso y al Ministerio Público que lo que dice el Presidente, debe tomarse en cuenta.

Llama fuertemente la atención la inconsistencia que ha habido por parte del Ministerio Público, quien pareciera que en estos casos no tiene una postura institucional sino que hace sus consideraciones jurídicas basadas exclusivamente en oportunismo político y en cómo esté su relación con el Presidente de la República de turno. Y es que, por ejemplo, en otro caso similar[3], el Ministerio Público alegó que luego de que el Presidente vetara el Decreto 03-2007, el Congreso de la República debió haber solicitado opinión a la Corte de Constitucionalidad previo a hacerse el rechazo del veto presidencial. Mientras que en el caso que hoy nos ocupa, el Ministerio Público –en forma totalmente opuesta a su anterior criterio- dijo que no era obligatorio recabar la opinión de la Corte ya que esa era una facultad discrecional del Congreso de la República.

O sea, en el año 2007 importaba lo que decía el Presidente, pero ahora en el año 2017, ya no importa.

También llama la atención el actuar del Congreso en este caso. Y es que entre los años 2009 y 2010 este solicitó tres opiniones consultivas a la Corte de Constitucionalidad, luego de que el Presidente vetara una ley que regulaba el uso de varias frecuencias televisivas,[4] otra en donde se reformaba la Ley del INGUAT,[5] y otra donde se creaba la Ley Contra la Obstrucción de la Justicia.[6] En otras palabras, el Congreso ya ha  aceptado y reconocido –en tres ocasiones- que luego de que el Presidente vete una ley, este obligatoriamente tiene que acudir a la Corte de Constitucionalidad a solicitarle su opinión respecto de lo señalado por el Presidente. Y por si fuera poco, el Congreso también adoptó en el año 2009 un precedente legislativo (el cual tiene obligación de seguir) en donde reconocía la obligatoriedad de la opinión de la Corte de Constitucionalidad luego de que el Presidente vetara una ley alegando inconstitucionalidad.

¿Habrán olvidado sus precedentes tanto el Congreso como el Ministerio Público? O ¿será que solo le quieren quitar lo poco de autoridad que le queda a Jimmy Morales? Independientemente de cual sea la respuesta, no podemos esperar que el país evolucione, progrese y salga adelante, cuando tenemos un Organismo Ejecutivo que no se hace respetar, y cuando tenemos instituciones que no tienen criterios definidos, que no les importa la seguridad jurídica, y que con tal salirse con la suya, no les importa a cuánto ascienda el nivel de su desfachatez.

 

[1] Artículo 272 h): La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: … h) Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad.

[2] Los de las sentencias dictadas dentro de los expedientes 4-93 y 1137-2007, y los de las opiniones consultivas emitidas dentro de los expedientes 421-2009, 371-2010 y 3003-2010.

[3] Sentencia dictada dentro del expediente 1137-2007.

[4] Opinión consultiva dictada dentro del expediente 421-2009.

[5] Opinión consultiva dictada dentro del expediente 371-2010.

[6] Opinión consultiva dictada dentro del expediente 3003-2010.

 

 

Imagen

About the Author
Related Posts

Por: María Fernanda Herrera La respuesta más común al por qué se estudia medicina seguramente es...

Sara Mux Cada vez existen más personas que migran de su territorio para poder buscar una mejor...

«La mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerdan. Los maestros...

Leave a Reply