Andrea Villagrán/ Opinión/
“El Gobierno planeó la muerte de ciudadanos guatemaltecos. Se ordenó ejecutar a siete personas en una cárcel” – Comisionado Internacional de la CICIG, Francisco Dall’Anese.
El pasado 24 de mayo en Argentina se presentó el documental titulado “Impunidad”, el cual muestra cómo se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en Guatemala durante el gobierno de Óscar Berger, haciendo énfasis en el “Caso Pavón”. En dicho caso, autoridades del centro penitenciario y superiores, toman Pavón asesinando a siete reos sobre la lista de veinticinco. Frente a esto, las autoridades notificaron que los muertos fueron resultado de una revuelta entre ellos, que las fuerzas armadas ingresaron a poner orden, pero estos los atacaron. Ante los hechos, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- ha logrado esclarecer y armar el caso, demuestran que los reos no se encontraban armados, que fue un plan por parte de las autoridades estatales ingresar y dar muerte a los sindicados, y en donde altos mandos oficiales se encontraban en el lugar de los hechos para garantizar la operación.
Este tipo de prácticas son denominadas limpiezas sociales, en donde el Estado utiliza la fuerza pública para ejecutar a personas sin juicio previo debido a que son consideradas “un mal” o “innecesarios” para la sociedad.
Se realizan de manera ilegal y ocultan con la idea de resolver un problema. Esto muchas veces va dirigido a líderes campesinos, líderes de sindicatos, personas ligadas a grupos criminales, enemigos políticos, personas marginadas, es decir aquellos a quienes el gobierno de turno considere peligrosos o no convenientes para sus intereses. En Guatemala funcionaron los llamados “Escuadrones de la Muerte”, figuras paralelas encargadas de hacer las ejecuciones durante 2004-2006. Sin embargo, aunque muy aplaudidos por algunas personas, este tipo de actos violentan completamente los derechos humanos y no resuelven en lo mínimo el problema de fondo. En el caso de líderes políticos, no se resuelven las demandas sociales, ni hay diálogo o consenso como lo marcan los principios democráticos y el marco legal, por el contrario acrecientan y ponen en evidencia a un Estado incapaz y al borde de una crisis de gobernabilidad. Lo mismo sucede cuando las autoridades estatales seleccionan a 25 delincuentes y les dan muerte en un centro penitenciario, la delincuencia y la violencia no disminuye, se entra en una guerra declarada, sin respeto a la ley, como lo sucedido en “Caso Pavón”.
El documental muestra a través de testigos cómo las autoridades funcionan cómo extorsionistas de los ya extorsionistas, es decir principales dirigentes estatales demandan grandes cantidades de dinero a las cabecillas del carcelario para que estos mantengan su status quo. Pues las autoridades se limitan a vigilar el ingreso y egreso de personas a la cárcel, las dinámicas internas son dirigidas exclusivamente por los reos ¿quién tiene el control? En lugar de cobrar extorsión, las autoridades deberían de formular estrategias de control de los principales centros penitenciarios, utilizar de manera adecuada los recursos asignados, de acorde a la ley y no acciones ilegales y contradictorias a los principios constitucionales. Según muestra el documental, como reos no lograron pagar las sumas exorbitantes que les solicitaron, las autoridades deciden tomar Pavón y ejecutarlos a quema ropa en un plan que se realizó la madrugada del 25 de septiembre de 2006.
Entonces, ¿quiénes son los criminales?
Vemos cómo las figuras oficiales transgreden la ley y pasan al plano criminal, donde el abuso de autoridad se torna excesivo y se pierde todo respeto a las instituciones, la constitución vuelve a ser burlada y la impunidad latente. Claro que el problema de las cárceles es un tema mucho más complejo y complicado, pero con asesinar reos no se resuelve, van a seguir llegando más criminales, y así sucesivamente. Mejor pensar en cómo hacer que no lleguen más, es decir atacar el problema de raíz y no por encimita. Los centros penitenciarios debieran de garantizar el cumplimiento de las condenas en proceso de los reos, resarcimiento y reincorporación a la sociedad. Y sus autoridades velar por esa obligación y compromiso adquirido.
Si bien se espera que las personas que cometen actos ilegales sean sometidas a la justicia, debemos respetar el valor de la imparcialidad, por lo que eliminar a una persona aun siendo criminal, es un delito y debe ser juzgada por el mismo. Quizá es cuestión cultural comprender que el famoso “ojo por ojo”, no es justificable y solo crea más de lo mismo, violencia genera más violencia.
Comparto el link del documental por si pueden verlo, es corto y muy ilustrativo, dura aproximadamente una hora. Espero lo puedan ver antes de que lo quiten, como lo han hecho ya varias veces.
