Por: Dinora Centes

En este año y tres meses viviendo en pandemia, la violencia contra las niñas y mujeres guatemaltecas incrementó, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio Público (MP) (Rabanales, 2020), y el sistema de respuesta compuesto por distintas instituciones estatales se desbordó, pero ¿por qué el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB), ¿no pudieron dar respuestas concretas a las mujeres y niñas víctimas de violencia machista? La respuesta no es sencilla, ni definitiva, sobre todo si tenemos en cuenta los intricados pasajes de la burocracia guatemalteca.

Uno de los ejes de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres-PNPDIM-, así como el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 es precisamente la erradicación de la violencia contra las mujeres, por tanto, el incremento de la violencia machista en el país, debe tomarse como un punto de partida para evaluar la incidencia y eficacia de dicha política, en cuanto al fortalecimiento de las instituciones y el sistema de justicia en el país.

En papel la política es ambiciosa, estructurada y hasta podríamos inferir que es pertinente, sin embargo, sabemos que la práctica es distinta. Por ejemplo, para cumplir con todo lo propuesto en la PNPDIM de entrada, se hubiera necesitado de gobiernos estables, comprometidos con las mujeres y cuyo plan de gobernanza no incluyera el ingreso de sus aliados, conocidos y amistades a las filas de la burocracia estatal, ya que esto genera inestabilidad política e imposibilita cumplir con los indicadores, metas y compromisos adquiridos, ni hablar del poco interés gubernamental al asignar presupuesto.

El neopatrimonialismo es una práctica constante de los gobiernos guatemaltecos, muestra de ello es la crisis política del año 2015 y los últimos dos gobiernos.

Sin embargo, un elemento que debilita las propuestas de la PNPDIM, es precisamente la falta de mecanismos de monitoreo, enfocados en los programas de los doce ejes propuestos en dicha política.

Sin una vigilancia constante, los programas corren el riesgo de seguir abriendo brechas, en lugar de cerrarlas.

Uno de los indicadores propuestos en la política, en el eje de erradicación de la violencia contra las mujeres, es el mejoramiento de 12 CAIMUS en el país, en la práctica tenemos 7 que funcionan cómo pueden y que aún deben seguir aprendiendo, como todas las personas a tratar con sobrevivientes y víctimas de violencia machista.

Otra vez, la política en papel es preciosa, sin embargo, el Estado carece de mecanismos necesarios para incidir en la transformación de la realidad; una apuesta necesaria es la participación de los sectores civiles en estas temáticas, puesto que de esta manera se estaría vinculando directamente a la población en el diseño, ejecución y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género. ¿Qué tenemos a favor? Las organizaciones de sociedad civil, sobre todo de mujeres que llevan décadas trabajando en Guatemala para la erradicación de la violencia y la inclusión de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

El esfuerzo de las organizaciones se ve materializado, por ejemplo, en el Conjunto de Herramientas de Género en la formulación de políticas, elaborado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Women’s Democracy Network (WDN), que pone a nuestra disposición y que vale la pena tomarlo en cuenta, cuando dentro de un par de años volvamos a poner sobre la mesa el tema de mujeres y cómo incidir positivamente en su desarrollo e inclusión integral. Entre los muchos elementos que el Conjunto de Herramientas en mención propone, están las elaboraciones de material en tema de género, elaboración, ejecución y monitoreo/evaluación de políticas públicas con enfoque de género, que tanta falta hacen a este tipo de iniciativas, porque después de todo, el 2023 ya es mañana mismo y no podemos seguir dejando el futuro de las niñas y mujeres guatemaltecas en manos de un gobierno machista y patriarcal.