By Brújula
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Las actividades mineras son actividades económicas basadas en la explotación de recursos naturales no renovables, por lo que la vida de estos proyectos es finita. El ciclo de vida de una mina o de un distrito minero depende del proceso de agotamiento de los yacimientos.

 

 

El ciclo de vida de los proyectos mineros no se limita a la explotación de los minerales, sino que comprende una serie de etapas cuya duración está en función de la magnitud del proyecto, la ubicación, el tipo de yacimiento y mineral, y el capital destinado a la inversión.  Entre el inicio del ciclo de vida de una mina y su clausura se presenta un conjunto de etapas que caracterizan el ciclo que se presenta en la figura 1.

Fuente: ITGE, 1991.

Figura 1. Ciclo de vida de una mina

 

En Guatemala, la Ley de Minería y su Reglamento (Decreto Legislativo 48-97) estipulan que la actividad minera se sustenta en tres etapas: reconocimiento, exploración y explotación. Todo ello, amparado por las autorizaciones para el desarrollo de actividades mineras que otorga la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas, es decir, las licencias mineras.

 

Así,en el país la actividad minera inicia con la autorización de la licencia de reconocimiento minero asumido como el conjunto de actividades, subterráneas y superficiales, que sean necesarios para localizar e identificar áreas para exploración minera. Las licencias de reconocimiento se otorgan por un periodo de seis meses consecutivos, en áreas de 500 a 3,000 kilómetros cuadrados (CRG, 1997).

 

La licencia de exploración confiere al titular la facultad exclusiva de localizar, estudiar, analizar y evaluar los yacimientos para los cuales le haya sido otorgada, dentro de sus respectivos límites territoriales e ilimitadamente en la profundidad del subsuelo. El área de la licencia la constituye un polígono cerrado no mayor de 100 kilómetros cuadrados (CRG, 1997).

 

Las licencias de explotación confieren al titular la facultad exclusiva de extraer las rocas y/o minerales que le han sido autorizados, y disponer de ellos con fines industriales, comerciales o utilitarios dentro de los límites territoriales autorizados, hasta por un máximo de veinte kilómetros cuadrados e ilimitadamente en la profundidad del subsuelo. Estas licencias se otorgan por un plazo de hasta 25 años, el cual podrá ser prorrogado a solicitud del titular hasta por un período igual (CRG, 1997).

 

Una de las etapas más importantes de los proyectos mineros lo constituye la fase de cierre y rehabilitación, de cuya buena gestión depende la reducción de los impactos que puedan generarse en materia ambiental, social y económica una vez ha finalizado la actividad minera. El objetivo es procurar que el sitio explotado sea restaurado a un estado lo más parecido posible al que se encontraba previo al inicio de las operaciones mineras (ICEFI, 2016).

 

Para ello, los países han desarrollado marcos normativos que el otorgamiento de derechos mineros previa planificación del cierre de las minas, además de contar con mecanismos para garantizar los recursos necesarios y suficientes para financiar una rehabilitación y un cierre apropiados. Es más, han replanteado el rol que deben desempeñar las entidades públicas para vigilar y monitorear la implementación adecuada de las medidas de rehabilitación, así como la autoridad necesaria para imponer sanciones (ICEFI, 2016).

 

Todo lo anterior, en función del potencial riesgo de existencia de pasivos ambientales mineros (PAM), es decir, daños derivados de un inadecuado cierre de la mina y sus implicaciones a largo plazo sobre la salud, la seguridad y estabilidad ambiental. Los impactos de una potencial activación de los pasivos ambientales mineros han obligado a los países a contar con recursos legales e institucionales que contribuyen a facilitar y garantizar su remedio (ICEFI, 2016).

 

El desarrollo de la etapa de cierre y rehabilitación de minas en Guatemala presenta serias deficiencias, tanto legales como institucionales. La manera como se gestionan ambos procesos depende en gran parte de las medidas de la voluntad y buenas prácticas que las empresas extractivas decidan implementar. En este contexto, la incertidumbre con respecto a la responsabilidad de las empresas frente al cierre de minas y remediación de PAM — incluyendo sus costos— supone serias implicaciones y riesgos para el Estado (ICEFI, 2016).

 

Si una empresa no asume los costos de rehabilitación o cierre de mina, o no se hace responsable de remediar un pasivo ambiental minero, el Estado deberá ser quien sufrague estas acciones mediante el uso de recursos públicos. Se estima que, en promedio, los costos de reclamación de alguna de las explotaciones de oro y plata vigentes (entre 2023 y 2028) puede oscilar entre el 0.02% y el 0.21% del PIB por mina. Asimismo, las deficiencias en la gestión del proceso de cierre de minas, significa un riesgo potenciador para la aparición de pasivo ambiental minero en el futuro, cuya remediación, debido a las debilidades institucionales y legales, podrían significar una mayor demanda de recursos públicos (ICEFI, 2016).

 

En la sección de estadísticas de este VRIP AL DIA, se muestra la estadística de los ingresos de la empresa minera y los recursos que se quedaron en Guatemala. Se muestra que los ingresos brutos de la Gold Corp Inc. acienden a US$ 4.315 millardos (en el período de 2005-2017), mientras que los ingresos por regalías representaron US$ 108 millones. Esto es, el monto de las regalías corresponde al 2.5% del valor de la venta bruta de los metales reportadas por Goldcorp. Finalmente, la actividad minera en el país durante el período de operación de la Mina Marlin fluctuó entre el 0.57% y el 0.87% del PIB nacional.

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