Andrés Franco/ Opinión/

Al final de la columna pasada, mencioné lo sorpresivo e inesperado que ha sido el  trabajo de la CICIG y el MP en el país, pero pareciera que olvidé los alcances que también tienen los grupos a los cuales estos se enfrentan.

En dicha columna desarrollé el origen de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) como la consolidación de los grupos conformados por medio de redes informales, integradas por militares y funcionarios, tanto retirados como activos, en los que se encuentran La Cofradía y El Sindicato.

Los miembros de estos grupos conformaron redes de defraudación aduanera, La Red Moreno, así como la descubierta el año pasado, La Línea.

Sin embargo, los CIACS al evolucionar y consolidarse, se dedican a actividades que van más allá de la defraudación aduanera, como tráfico y venta de drogas, tráfico de armas, falsificación de documentos y redes de adopción. Y es por esta razón que lanzaba la pregunta sobre si los actores involucrados en la Línea, y que también tenían una fuerte influencia en el Partido Patriota, podrían estar ligados a estas otras actividades.

Sabemos de otros casos expuestos por la CICIG, que el PP se suscitaron financiamiento en enormes cantidades y que buscaba ser anónimo, hasta el punto de conformar dentro del partido, una estructura de lavado de dinero.  Los actores ausentes en las audiencias, pero que financiaron al partido y que podrían encontrarse pruebas sobre su relación con el narcotráfico, nos obligaría a denominarlos más allá de un esquema de corrupción y mafias dentro del Estado, a un modelo de Estado Paralelo.

Pero, ¿Qué es un Estado Paralelo? Bueno, para Ivan Briscoe, es la combinación de la autoridad política formal y estructuras de poder informales, que se unen para conseguir sus intereses que se encuentran ligados al crimen organizado.

Por medio del financiamiento ilícito, los partidos políticos son utilizados como vehículos electorales para impulsar a candidatos acorde con los intereses y sirven para desarrollar transacciones que se mueven entre la formalidad y la informalidad, para sabotear políticas gubernamentales, así como presionar a funcionarios públicos.

Por lo tanto los partidos son débiles y poco estables.

Los organismos de control (como la Corte de Constitucionalidad), son integrados por personas afines a los poderes paralelos. Se busca que estos los favorezcan al garantizar la impunidad de sus acciones.  Por lo tanto la degradación y fragmentación de la institucionalidad democrática son estrategias utilizadas por estos poderes paralelos para lograr sus intereses, pero también la desestabilización juega un papel muy importante, y es en este punto, en donde entra el asesinato de Byron Lima.

El control de Byron Lima sobre el sistema penitenciario, era un “secreto a voces” que prácticamente todos lo sabían. Sin embargo, las fuentes de este poder que lograba cambiar y colocar funcionarios dentro del sistema a su antojo, fueron diversas y, a su vez, difusas.

David Martínez-Amador, en su columna para Plaza Pública titulada Caso Lima: Simbología del terror, plantea perspectivas sobre el significado del asesinato de uno de los presos más poderosos del sistema. Según el autor, el alcance y la recomposición de los poderes paralelos que fueron afectados en la ola de casos presentados por el MP y la CICIG, permitieron lleva a cabo el asesinato de Lima como una forma de desestabilizar y enviar un mensaje de terror tanto a la Fiscal General, como a cualquiera que desee seguir con su persecución.

En análisis y la preocupación por parte de Martínez-Amador, no se encuentra alejada de la serie de artículos que Insight Crime público sobre este caso. Desde las inconsistencias de la versión oficial sobre el caso (que plantean el asesinato como una riña sobre el comercio de droga dentro del sistema penitenciario), hasta el conjunto de relaciones que mantenía con élites como los Arzú y las estrechas relaciones que mantenía con López Bonilla y Pérez Molina. En su artículo, Insight Crime presenta diferentes escenarios en donde Lima era un enlace con el crimen organizado para planificar el asesinato de la Fiscal General, una persona que sabía demasiado o simplemente un asesinato que serviría para desestabilizar.

Lima era un actor que representa el alcance de los poderes paralelos en el país. Ya sea como operador u objeto de un asesinato, Lima mantuvo un conjunto de relaciones difusas ante nuestros ojos, pero bastante claras cuando se trataba del control y la utilización de las autoridades formales junto con su poder informal, al servicio de sus intereses. Pareciera ser que los poderes paralelos pueden trabajar juntos o competir entre ellos dependiendo de las situaciones o las amenazas que estos encuentren para continuar con la impunidad de sus actos.

El Estado Paralelo funciona en la medida de que sus redes dentro de la formalidad e informalidad, puedan mantenerse en el tiempo capaces de regenerarse ante los ataques que puedan suceder.

A este tipo de organizaciones poco claras, ocultas de nuestros ojos y con capacidades para amenazar la vida de una Fiscal General para desestabilizar a un gobierno, son a las que se enfrentan la CICIG y el MP.

Enraizadas en el Estado y en búsqueda constante de consolidar su poder, eliminarlas es un proceso que requiere el apoyo de todos los sectores de la sociedad civil, a pesar de los mensajes de terror y las formas en las que buscan bloquear el trabajo de recuperar la institucionalidad democráticas nos han arrebatado.