“El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron a otros”
Ambrose Gwinet Bierce
Cada cuatro años se repite un proceso en el cual diferentes grupos o agrupaciones políticas se reúnen en una fiesta cívica electoral. Este año se nos presentaron 28 opciones políticas, algunas nuevas y otras conocidas, el común denominador de estos grupos era uno solo: llegar o alcanzar el poder. Este es un principio básico en la arena política/electoral, una realidad que se evidencia desde hace años en todo proceso electoral no solamente en Guatemala, sino en cualquier parte del mundo.
Contextualidad Electoral:
Las actuales elecciones en Guatemala serán recordadas como las más inestables y desiguales en la historia, bajo la sombra se esconde un accionar dudoso e inescrupoloso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que jugó a ser juez y parte. La judicialización de las elecciones para muchos significó la evidencia más tangible de la cruda realidad democrática que vivimos en este país.
Para otros significó la oportunidad de expresar su rechazo y repudio al actual sistema, sea cual sea la interpretación este proceso nos llevó a recorrer caminos tortuosos y llenos de inestabilidad, casi rayando el límite del caos y pánico social. En palabras de expertos y analistas “golpe de Estado técnico.” El peso del voto el pasado 20 de agosto jugó en favor de la lógica discursiva anticorrupción y anti sistema, dejando a más de uno sorprendido y atónito; pero especialmente provocando el “shock de la derecha conservadora.”
El discurso anticorrupción y anti sistema no es nuevo, esto ya lo hemos escuchado antes con la famosa frase “mano dura, cabeza y corazón” y “ni corrupto ni ladrón.” Frases célebres que formaron parte en algún momento de los muchos discursos políticos que se transforman y disfrazan en promesas llenas de verdades falsas. Tristemente nos vemos obligados a caer en este modelo reproductivo debido a que es un mecanismo legitimado para optar a una representación que en gran medida se convierte en obligada o condicionada.
Para que esto no se escuche tan duro surge la democracia delegativa entendido como la “construcción mediante elecciones limpias a una mayoría que faculta a alguien para convertirse durante un determinado tiempo la encarnación e intérprete de los intereses de la nación” (O´Donnell, 1994, pág 13). Una mayoría electoral que en países Latinoamericanos se encuentra con profundas divisiones étnicas, regionales, religiosas, culturales e ideológicas provocando una representación aislada y al mismo tiempo un consentimiento del poder individualizado.
Las actuales democracias delegativas por medio de las mayorías otorgan y confirman el mito de la delegación legítima, se espera que el ciudadano elector elija al candidato más idóneo independientemente de su ideología, creo, posición social y status. Sin embargo es en este contexto donde esta decisión se deja llevar por sentimentalismos patrióticos. Esto conlleva dos situaciones: primero, los votantes que tienen simpatía hacia un candidato se convierten en voces pasivas ya que se condicionan así mismas a apoyar las decisiones tomadas por su candidato. Especialmente quedan ligadas de forma indirecta al eventual gobierno, no lo están de forma política; pero sí de forma moral y ética.
Segundo, los votantes que votan pero sin tener simpatía por un candidato específico, estos caen en una volatilidad representativa, ya que si bien es cierto votan; pero no forzosamente votaron por una conectividad política directa. Votaron por opciones que a su vez ya fueron elegidas por otras mayorías. Cayendo en el juego de la representatividad obligada.
De las dos consecuencias expuestas la segunda es más peligrosa debido a que un ciudadano votante elige y otorga su voto de confianza a otro candidato que era no su mejor opción,este candidato conlleva una responsabilidad enorme. Si falla o defrauda maximiza la ruptura entre el ciudadano y las instituciones democráticas. Claro ejemplo de lo que hemos vivido en los últimos doce años
La reconstrucción política: ¿Realidad o utopía?
A menos de una semana de ir nuevamente a las urnas el clamor electoral se enfoca hacia una reconstrucción de nación, muchos llaman a esta nueva apuesta política como la “segunda primavera democrática.” No podemos obviar que la sociedad se encuentra en un cansancio social y aburrido de lo mismo de siempre.
Las pasiones se encuentran elevadas por que en términos generales se tiene un proyecto político fresco y renovado con objetivos claros, sin embargo, semilla se encuentra con pocos aliados políticos y altas expectativas. Por el otro extremo un partido ampliamente conocido que en las últimas tres elecciones el pueblo le ha dicho NO. De alguna u otra manera el ciudadano se encuentra dividido y polarizado ideológicamente.
La reconstrucción política se ha convertido en una tarea inconclusa para muchos gobiernos en la región, la falta de políticas públicas sostenibles en el tiempo, la carencia de una política de continuidad de gobierno y la mala lectura de la realidad nacional han abierto el escenario para una debilidad institucional que nos ha llevado a números preocupantes y alarmantes. Sumado a estos factores no se puede dejar de lado la búsqueda de líderes momentáneos, es decir la personificación individual de algún candidato dejando de lado la acción o verdadera intencionalidad.
“La expresión política tiene intrinsicamente ligada al líder y su movimiento como organismos vivos” (O´Donnell, 1994, pág 15). A pesar de que uno no pueda existir sin el otro y viciversa, se debe profundizar en la institucionalidad democrática entendida como la forma razonable y viable de resolver problemas de carácter nacional. Independienmente quien sea el ganador el próximo domingo este nuevo gobierno tendrá que buscar la cohesión social y la reunificación social y política entre los grupos de interés, el Congreso y los partidos políticos. Pero especialmente retomar el rumbo como país.
¿Qué escenario nos espera?
Dos puntos claves deben llamar nuestra atención primero, la segunda vuelta electoral. Ya que las elecciones se ganan con votos y en las urnas. Segundo, el periodo de la transición de poder antes de llegar al 14 de enero. Otro punto clave es la aprobación del presupuesto general del Estado que será aprobado por el actual congreso. – Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso-. Esto significa que el primer año de gobierno de cualquiera de las dos opciones políticas tendrá que operar el primer año con un presupuesto dado.
Hacia los electores debe quedar claro que a través de su voto ejerce un derecho, pero al mismo tiempo expresa su opinión y preferencia por cierto partido político. Pero esto no significa que esté eligiendo a un gobierno, ya que el eventual gobierno es decidido por las direcciones de los mismos partidos al momento de formar y concretar alianzas de manera directa o indirecta. Es decir, la mediatización de los electores, esto significa que todos nosotros caemos y formamos parte de un funcionamiento post electoral porque si bien es cierto un partido resulta ganador, este gobierna en función a los intereses extrapolados en la estructura y funcionamiento a nivel país.
Hacia los partidos políticos participantes deben entender que existe una segmentación y correlación entre gobernabilidad y gobernanza, la primera entendida como la capacidad de dirigir a una sociedad o país y la gobernanza, es la coordinación que pueda existir entre las diferentes agrupaciones y fuerzas sociales que puedan existir. A esto hay que agregar la centralidad de la realidad, es decir reconocer que cuatro años de gobierno eventualmente se convierten en uno por temas de diagnóstico, planificación, estructuración y ejecución.
Dos partidos políticos diferentes se nos presentan como opción a que nos gobierne los próximos cuatro años, realidades diferentes para cada uno en estructura y organización. Retos y desafíos comunes que deben enfrentar de cara al segundo balotaje. Una sociedad y un país que necesita urgentemente un cambio de fondo y no solo de forma, pero especialmente no más decepciones políticas.
Referencias:
O´donnell Guillermo, “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, January 1994: 55-69. 1994 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
