Carlos Muñóz / Brújula

A partir de 2015 la situación de los migrantes centroamericanos ha cambiado; la mayoría de retornados están siendo detenidos y regresados a sus territorios desde México, y no desde Estados Unidos como había venido sucediendo en años anteriores.  Asimismo, a finales del 2016, en un hecho que pareciera no tener vinculación alguna con lo anterior, los gobiernos de Guatemala, El Salvador  y Honduras anunciaban la creación de una Fuerza de Tarea Trinacional para controlar sus fronteras del crimen organizado. Una iniciativa que la BBC tituló como el esfuerzo por el que los tres países buscan dejar de ser la región más violenta del mundo.

El corrimiento de la frontera al sur es el fenómeno por el cual se conoce a estas estrategias que están llevando a la detención de migrantes previo a llegar a territorio estadounidense.

La idea de la Fuerza de Tarea Trinacional es contener el crimen organizado en las fronteras de los países del Triángulo Norte y responde de alguna manera, a los resultados esperados por el Plan Alianza para la Prosperidad. De acuerdo al viceministro de antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, Oscar Dávila*, existen cuatro objetivos específicos de estas fuerzas de tarea:  accionar contra el narcotráfico en la zona fronteriza, evitar el accionar de las pandillas, contener el contrabando; y por último, evitar la trata de personas y el tráfico de migrantes indocumentados en su ruta al norte.

En Guatemala, desde 2015 se implementó  la fuerza de tarea Chortí  para el área de la frontera con Honduras, y en agosto de 2017 se implementó la fuerza de tarea Xinca para el área fronteriza con El Salvador. A pesar que cada uno de los países ya había implementado por su lado fuerzas de tarea fronterizas, la Fuerza de Tarea Trinacional viene a sumar esfuerzos para coordinar las acciones a nivel regional. 

Para entender cómo funcionan estas fuerzas de tarea, hay que imaginar el trabajo en equipo de grupos de policías nacionales con la asistencia de miembros del ejército, en lo que se denominan fuerzas combinadas de trabajo.  Este equipo se despliega por todas las fronteras, más allá de los puestos de control fronterizo, e intentan en la medida de lo posible, controlar cualquier ingreso de estructuras de crimen organizado, narcotráfico o tráfico ilícito de personas.

Con menos de un año de haberse implementado, todavía no existen resultados oficiales a nivel de Fuerza de Tarea Trinacional.

Sin embargo, algunos resultados reportados en medios de comunicación, han reflejado logros en decomisiones de drogas, desarticulación de pandillas y en menor número, detenciones por tráfico de personas.

David Martínez-Amador, especializado en temas de crimen organizado, considera que esta coordinación trinacional es ambiciosa por incluir aparte de las operaciones de seguridad combinada, el intercambio de datos y un despliegue de unidades de élite por toda la zona fronteriza.  Sin embargo, considera que los países del Triángulo Norte carecen de equipo y tecnología para realizar este despliegue fronterizo tomando en cuenta que el crimen organizado transita por puntos ciegos en fronteras.  Es decir, que a pesar de los logros resaltados, estos parecen ser casos aislados y pequeños frente a una estructura tan grande y planificada como lo es el crimen organizado.

El daño colateral: los migrantes

La fuerza de tarea trinacional podría estar intentando frenar al crimen organizado, pero a la vez, pareciera estar afectando a personas centroamericanas que emprenden el camino al norte, buscando mejores oportunidades en Estados Unidos. Uno de los objetivos de esta iniciativa es frenar el tráfico de personas, haciendo énfasis en las personas que se benefician económicamente del tránsito de migrantes irregulares; sin embargo, de manera indirecta, estas acciones también afectan al migrante en tránsito.

Es aquí donde el dato de la diferencia de retornados entre Estados Unidos y México cobra sentido.  Para María López, pensum cerrado en relaciones internacionales y quien realiza su tesis de grado sobre el tema, las restricciones fronterizas que existían en Estados Unidos desde la década de los años noventa, han estado siendo trasladadas durante los últimos años a la frontera mexicana, con el plan Frontera Sur implementado desde 2013. Y es probable estar observando el mismo fenómeno en Centroamérica, a través de acciones como la implementación de la Fuerza de Tarea Trinacional.

Este proceso de “corrimiento de la frontera al sur” o externalización de la frontera estadounidense, responde a la política de seguridad de Estados Unidos que, en armonía con su política exterior, busca no solo contener los flujos de crimen organizado y narcotráfico hacia su territorio, sino también, pareciera, el flujo de migrantes irregulares. Esto explica el cambio en la cantidad de deportados entre México y Estados Unidos, en donde para 2014 la mayor cantidad de retornados provenían de Estados Unidos, y para 2016, esa cifra se corrió notablemente hacia México.

En abril de 2016 el Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria de Guatemala, integrado por universidades, organizaciones religiosas, centros de investigación y promotores de derechos humanos,  manifestaron a través de un comunicado, su preocupación por la “militarización de las fronteras” y cómo estas medidas afectarían a los migrantes. Afirmaban que existe el riesgo de que “se vulneren los derechos de las personas migrantes y potenciales refugiados, y se contribuya a su criminalización. Sobre todo de aquellas personas que huyen precisamente de la violencia generada por las maras y crimen organizado”.

La necesidad de un enfoque distinto

Lizbeth Gramajo, antropóloga y politóloga especializada en temas migratorios del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, considera que estas fuerzas de tarea no están logrando contener los flujos migratorios, sino que por el contrario, lo único que provocan es aumentar la peligrosidad del trayecto de los migrantes. Esto debido a que los migrantes que se dirigen a Estados Unidos, comienzan a preferir cruzar las fronteras centroamericanas por puntos ciegos o de difícil acceso, a pasar por los puestos de control fronterizo, que su nombre quede registrado en las fronteras y que puedan ser víctimas de un posible arresto.

Sin embargo, estos puntos ciegos también son utilizados por el crimen organizado, convirtiendo así al migrante, en víctima fácil de este.

Los migrantes no desean quedar registrados en las fronteras centroamericanas, a pesar que existen convenios regionales como el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), que permiten la libre circulación de personas, y que en caso de una posible detención, no podrían ser retornados a sus países. El poco conocimiento sobre los derechos que se tienen como centroamericanos, aquí juega un papel importante.

Las fronteras centroamericanas parecen estar militarizándose más, y a pesar de ello, los flujos migratorios parecieran no estar descendiendo, de acuerdo a Gramajo. Sin embargo,  lo que sí están logrando son nuevas rutas para los migrantes, rutas que probablemente pudieran estarlos colocando en una situación de riesgo y vulnerabilidad frente al crimen organizado, quien también reconfigura rutas y formas de acción, frente a acciones gubernamentales como las fuerzas de tarea.

Ante esto, los gobiernos de la región continúan con el reto y desafío de combatir el crimen organizado y sus efectos en los territorios; y por su lado, los migrantes, sin protección alguna, deben cuidarse de no llegar a ser el daño colateral de estos esfuerzos. Mientras esto sucede, las fronteras se continúan militarizando y el resto de actores reajustan sus estrategias.

*El viceministro Óscar Dávila reunció a su cargo el 20/09/2017. Al momento de publicar esta columna seguía en el cargo.