Laysa Palomo/ Brújula/
La migración es la movilización de personas a distintos territorios tanto en un mismo país como fuera de este. En la actualidad la etiqueta “migrante” conlleva problemáticas que han criminalizado, especialmente en nuestro país, un derecho humano que cualquier persona posee: . Se ha convertido en uno de los tantos problemas estructurales de Guatemala por la falta de cobertura en las necesidades básicas que el Estado le brinda a los guatemaltecos, especialmente a aquellos deportados que han sido obligados a regresar por buscar el “sueño americano”.
Durante el año 2015, hasta el 12 de junio han ingresado a Guatemala 14,637 deportados desde Estados Unidos vía aérea y 32,848 deportados desde México vía terrestre. Tan solo en el 2014 ingresaron al país un total de 165,166 deportados de acuerdo a la Dirección General de Migración y se estima que cada año casi se duplican estas cifras. Tomando esto en cuenta y comparándolo con la tasa de desempleo en el país que alcanza el 2.9% según la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, no es difícil comprender que las faltas de oportunidades laborales son las principales razones por las cuales los guatemaltecos deciden migrar hacia otras fronteras.
Ante esto, grupos civiles se han organizado a lo largo de los años como La Casa del Migrante, Asociación de Apoyo Integral al Migrante -AIM-, Mesa de Nacional para las Migraciones -MENAMIG- o la Pastoral de Movilidad Humana -PMH- para servir como contrapeso a la falta de atención del Estado a los grupos de migrantes y deportados del país con acciones que velan por sus derechos, asesoría legal, acompañamiento psicológico, etc. A pesar de que el Estado cuenta con proyectos como el Consejo Nacional de Atención al Migrante -CONAMIGUA- estos grupos civiles aseguran que no existen programas integrales que dignifiquen a aquellas personas en algún estado migratorio.
En el marco de las elecciones 2015, realizamos una entrevista a dos líderes de organizaciones civiles claves para la problemática de migración, con el afán de entender cuál es el panorama para estas personas y las demandas que tienen para el nuevo gobierno que sostendrá el poder por cuatro años.
A raíz de la crisis infantil que surgió en el año 2014 con deportaciones de menores de edad, el enfoque de muchas iniciativas se direccionó a este grupo social. Mario Hernández, director de AIM indica “El panorama es sumamente desalentador, ya que como bien se identifica con el actual Estado, se entremezclan intereses y todas las acciones están a favor de la niñez. Al trabajar con la niñez se obtienen mayores recursos, incluyendo las instituciones civiles”. Parte de los grandes programas como el Plan Alianza para la Prosperidad surge desde esta crisis para posicionar al sector empresarial como uno de los “héroes” de esta problemática. Julia González de MENAMIG agrega a esto:
La ausencia del Estado es una parte fundamental por lo que la migración se convierte en un problema estructural de país y no solamente en un fenómeno que atañe a cierto grupo social. La situación del país está tan desestabilizada, que cada problema va de la mano con múltiples síntomas que deben atenderse con urgencia.
Una de las grandes críticas que se les hace a programas estatales es el manejo del presupuesto donde “la mayoría de los fondos se destina a los viajes de las máximas autoridades que les compete el tema de migración en Guatemala”, indica Mario Hernández. Julia Gonzáles también critica la forma en que se escogen estas autoridades que AIM menciona.
La legislación de Guatemala únicamente vela por las regulaciones de entrada y salida de las personas en el país, omitiendo los derechos civiles y humanos que deben vincularse con el proceso, especialmente para los migrantes indocumentados y el protocolo que debería cumplirse para su regreso al país. Guatemala forma parte de convenios internacionales que pretenden salvaguardar la dignidad de estas personas, pero esto no significa que sean aplicados en todos los casos.
Las solicitudes a las nuevas propuestas de gobierno van desde programas que buscan la prevención de la movilización de las personas hasta reformas de ley y políticas de Estado que deberán velar por los procedimientos adecuados que se tomarían según la condición de cada individuo. Mario Hernández enumera los puntos que las nuevas propuestas partidarias deberían atender en esta problemática:
- Crear programas de atención integral a adultos migrantes.
- Garantizar a su arribo con asistencia integral para apoyar en asuntos como reunificación familiar.
- Programas que funcionen en ámbitos de reinserción laboral, económico y social.
- Crear albergues de emergencia funcionales para dicha población.
- Destinar fondos y que estos sean claros y palpables para todos los migrantes.
- No olvidar luchar por derechos humanos de los migrantes, que todos los días son pisoteados.
La situación migratoria es evidentemente un problema al que hay atacar con acciones tanto preventivas como reactivas. El asegurar la nutrición, educación y salud pública para los guatemaltecos es un paso fundamental para crear las condiciones de desarrollo que cualquier ciudadano necesita; esto propiciaría el trabajo dentro de las mismas comunidades y evitaría la fuga de personas hacia otras fronteras. Sin embargo, en países extranjeros residen muchos chapines que se encuentran bajo el estatus de ilegal, por lo que el país deberá estar listo para su recibimiento. Y hacerlo de forma digna no es una opción, es una obligación para todos aquellos gobiernos de turno que pretenden “un cambio en el país”.
