Foto por: Svein Bæra, UD.
Aury Minchez/ Brújula/
Actualmente el incremento de tráfico y la construcción imparable de colonias cerca de los lugares donde vivimos es evidente para los habitantes de la Ciudad de Guatemala. Cada vez más las áreas verdes de la ciudad se eliminan con el fin de dar solución a la creciente urbanización que el país se encuentra experimentando, derivado de las constantes migraciones internas que se dan hacia la capital, y que hacen de esta una ciudad sumamente poblada.
Muchas de estas migraciones surgen debido al alto porcentaje de guatemaltecos que viven en condiciones de pobreza, y que les obliga a ir y venir de un lugar a otro en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias, haciendo que muchos habiten en asentamientos informales de la Ciudad de Guatemala en condiciones muy precarias. La creciente urbanización hace que las municipalidades deban cumplir con los Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de evitar que las áreas donde habitan personas en asentamientos informales, se vuelvan amenazas para su seguridad, ya que cuando surgen discrecionalidades en la organización pueden suceder tragedias como la más reciente de El Cambray II.
Intentamos acceder por medio de CONRED y la Municipalidad de Guatemala a listados de asentamientos catalogados en alto riesgo, lo cual se dificultó por falta de información completa sobre la situación de cada lugar. Sin embargo, en una búsqueda en medios de comunicación, informes gubernamentales y estudios académicos, se tuvo acceso a algunos nombres de asentamientos catalogados de alto riesgo en el departamento de Guatemala, los cuales detallamos a continuación:
Factores que contribuyen a la problemática
Muchas veces se considera que únicamente las condiciones ambientales son las que causan catástrofes en lugares de alto riesgo. Sin embargo, no todo depende del entorno natural que nos rodea; existen una serie de factores que contribuyen a que surjan incidentes como deslaves y movimientos de tierra inesperados. Entre estos, se puede mencionar:
- Las familias guatemaltecas con menor poder adquisitivo se encuentran obligadas a vivir en asentamientos, laderas o barrancos, en donde aproximadamente 6 a 8 miembros habitan en una sola casa.
- Ante la problemática de la ubicación en donde habitan, se suma la falta de recursos que les impide prepararse adecuadamente para afrontar las catástrofes venideras, ya que muy difícilmente consiguen satisfacer sus necesidades diarias.
- La falta de apoyo estatal, ya que el Estado no asume su responsabilidad frente a quienes tienen recursos escasos. La precaria institucionalidad provoca que muchas instituciones estatales no cuenten con los medios para impedir que surjan nuevos asentamientos informales, trasladar a la población vulnerable y construir obras de mitigación.
- Las municipalidades a pesar de tener conocimiento de la vulnerabilidad de los territorios del cual se encuentran a cargo, continúen autorizando proyectos urbanísticos que no cuentan con estudios de riesgo o medidas de mitigación y al mismo tiempo, no buscan alternativas para trasladar a las personas en riesgo.
- Muchas familias afectadas o en riesgo de sufrir un incidente de esta naturaleza, se resisten a desalojar sus viviendas ya sea porque no tienen otro sitio a donde trasladarse que cumpla con sus necesidades y servicios básicos o bien porque consideran que nadie les remunerará lo que han invertido en sus terrenos, a pesar de saber que su vida está en riesgo.
Acciones a ejecutar
Nuestro país es considerado altamente vulnerable a desastres naturales, en donde si no llueve, tiembla. El invierno resulta siempre ser una alerta para el territorio nacional debido a que se sufre gran cantidad de inundaciones y deslizamientos.
A pesar de esa problemática, contamos con escasa información acerca de las áreas en alto riesgo y los asentamientos informales que existen, lo cual resulta perjudicial ya que al no tener conocimiento de ello se da lugar a seguir construyendo obras en lugares que resultan ser inhabitables. Ante la reciente catástrofe de El Cambray II, varias entidades del Estado y organizaciones privadas se encuentran haciendo esfuerzos para afrontar la problemática.
Un ejemplo es TECHO Guatemala, quien está realizando un estudio censal con apoyo de estudiantes universitarios e instituciones como SEGEPLAN, ASIES, CEUG y FLACSO, para identificar los asentamientos informales que cuentan con condiciones precarias y de difícil acceso a los servicios básicos en los municipios de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa y Chinautla, con el fin de aportar a la comprensión de la realidad de estos territorios y promover el desarrollo de políticas públicas enfocadas al trabajo en dichos asentamientos.
De igual manera, SEGEPLAN y el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente –IARNA- de la Universidad Rafael Landívar, realizarán el estudio en conjunto “Escenarios de balance hídrico para 2020 y 2050 en Guatemala” con el objetivo de generar información que permita conocer las dinámicas del agua y así poder establecer políticas públicas que permitan su mejor gestión, establecer el tipo de obras que se pueden construir en las partes medias de las cuencas para evitar derrumbes, deslaves, socavamientos, así como el tipo de gestión necesaria en la parte baja para evitar las inundaciones.
Sin embargo, la responsabilidad de esta prevención y ordenamiento territorial recae fundamentalmente en las municipalidades, quienes deben respetar y hacer cumplir los planes de ordenamiento territorial, utilizándolos como herramientas que les permiten planificar y regular a través de normas técnicas, legales y administrativas el desarrollo de los territorios, organizándolos con el fin de evitar que las personas se establezcan en áreas de alto riesgo a desastres naturales.
A nosotros como ciudadanos nos corresponde exigir a las autoridades que cumplan con estos planes, que no sigan permitiendo la construcción de obras o colonias sin un estudio de riesgo previo o sin medidas de mitigación, ya que ello puede traer serias consecuencias como las observadas recientemente, donde miles de vidas se perdieron por un inadecuado control del territorio. Adoptar una cultura de prevención frente a estos desastres naturales e informarse para evitar más pérdidas humanas, es imperante en un territorio como el guatemalteco.