En algunos medios de comunicación a partir de la declaración de non grato de Iván Velázquez, pareciera que existe una nueva amenaza. Una diferente a la clase corrupta que reproduce el hambre y la pobreza.

La “crisis del non grato” sacó a luz una nueva alianza que reúne a un número de actores de múltiples sectores económicos y de casi todos los partidos políticos grandes y medios junto con los sectores más conservadores de la sociedad civil. Esta alianza se viene gestando desde el 2015 y con cada nuevo caso de la CICIG y cada solicitud de antejuicio, se fortalece. Hace dos años las investigaciones en contra de la corrupción tomaron por sorpresa a los altos mandos de ejecutivo, que no supieron manejar la crisis y perdieron el soporte político que causó la dimisión de la vicepresidenta y el presidente.

La declaración de non grato hacia Iván Velázquez, era el principio de una estrategia para revertir el proceso de lucha en contra de la corrupción.

Sin embargo, la estrategia se vio interrumpida por la CC y otras instituciones de control. El Gobierno de FCN entró en su periodo más débil luego de tener una fuerte alianza. La estrategia seguía por revertir los procesos legales en contra de los secretarios generales al pactar reformas al código penal y evitar una persecución legal. Su nueva alianza se debilita con el paso del tiempo ya que es oportunista y carece de solidez, la gobernabilidad esta comprometida. Luego de estos sucesos, la opinión pública está dividida, aunque no en partes iguales en torno hacia la CICIG, la procedencia de los antejuicios en contra del presidente y las protestas.

A diferencia de la crisis de 2015, se puede observar que las divisiones mencionadas son más fuertes, demarcadas y hasta polarizadas. Existe este año una nueva amenaza, un grupo (aparentemente de izquierda), respaldado por los “reinos” nórdicos y Estados Unidos, por medio de Todd Robinson con su agenda LGBTI abortista, que buscar dar un “golpe blando”, destruir nuestras instituciones democráticas y atentar contra nuestra soberanía.

La tradición de señalar de izquierda a todo grupo de oposición es una práctica militar que lamentablemente no ha muerto.

Investigar a un presidente en funciones por corrupción, no es un intento de golpe de estado, ni sobrepasa las funciones de instituciones como el MP, PDH o la Contraloría General de Cuentas.  Es precisamente, ser un contrapeso del poder político. La dinámica democrática, consta de la libre y justa competencia por el poder político, el cual, una vez otorgado mediante el voto no es absoluto. El chiste es que tanto izquierda como derecha, busquen el poder. Decir “la izquierda quiere el poder”, es algo lógico bajo democracia. No algo alarmante, pero evidencia nuestra opaca cultura democrática.

Las autoridades electas, deben someterse a la rendición de cuentas a lo largo de su mandato y están obligadas a responder a los señalamientos en su contra. Especialmente, cuando se trata de las instituciones de control. No existe una amenaza de golpe de estado. Lo que presenciamos son procesos en donde las instituciones autónomas responden ante actos arbitrarios y corruptos, que dichas respuestas son necesarias si pretendemos consolidar nuestra democracia.

La creación de una nueva “amenaza golpista de izquierda comunista”, es producto de la alianza gestada por todos aquellos actores cuyos intereses, privados y sectoriales, se ven afectados por la lucha contra la corrupción. Estos sectores han acumulado riquezas bajo el modelo clientelar del estado y ahora se les cae el negocio. No olvidemos que son actores con poder, movilizan recursos con el fin de revertir estos procesos. Una forma de lograrlo, es influenciar la opinión pública y han permitido esta amenaza inexistente.