Carlos Iván Cobos/ Opinión/
Hace unas semanas fuimos testigos una vez más del asalto hacia nuestra justicia cuando la elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones se vieron viciados a pesar de la fiscalización de las organizaciones de la sociedad civiles. Fue por eso que la Dra. Claudia Escobar renunció a su reelección ya que fundamentaba que desde un inicio se incurrió al tráfico de influencias y se proliferaba los intereses entre los comisionados para elegir a dichas magistraturas. Era de esperarse que dentro del pleno de diputados (el peor que ha habido desde que empezó la era democrática) –exceptuando a varios- se repartieran el pastel entre ellos para ver quién alcazaba el pedazo más grande, por ende era el momento de actuar y no quedarse de brazos cruzados mientras creían que nos podrían dar atol con el dedo.
La noticia fue como una piedra arrojada al río, se expandió en un santiamén y se empezó a escuchar en la radio, la televisión y los matutinos; el debate se generaba alrededor del actuar de los ciudadanos, amparos tras amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad en donde se exhortaba a que se frenara el nombramiento a los nuevos magistrados electos y también se escuchaba el rumor que el Congreso, dijera lo que dijera la Corte de Constitucionalidad, nombraría a dichos funcionarios. No obstante, la Corte de Constitucionalidad dio con lugar el amparo provisional en donde se suspendía el nombramiento de los mismos.
Obviamente hubo quienes dieron el grito al cielo con dicha resolución, pero creo que se actuó de la manera más razonada aunque la misma adolezca de errores técnicos.
Es de aplaudir la valentía que tuvo la Dra. Claudia Escobar, ya que son pocos los que se atreven a hacerle frente a nuestro Estado de Derecho imperado por la corrupción de los mal llamados “gobernantes democráticos”; el hacer el bien en nuestro país pareciera una paradoja. Como muestra de solidaridad al pronunciamiento público de la Dra. Escobar, se unieron varios jueces demostrando apoyo para que tengamos unas cortes legítimas y aptas para el manejo de la espada y la balanza. No es la primera vez que se intenta botar elecciones de este tipo, tenemos el ejemplo de lo sucedido con la ex fiscal Claudia Paz y Paz en donde se discrepaba si su período terminaba en mayo o en diciembre, dando por concluido que debía entregar su puesto siendo electa la fiscal Thelma Aldana. Esta decisión dejó el beneficio de la duda si también las comisiones de postulación trabajaron bajo la mesa. Y sin ir muy lejos, actualmente también se discute si el Contralor General de Cuentas debe dejar su cargo o no en estas fechas. Con todo esto podríamos afirmar que tenemos un sistema de elección sobre la pata coja de la mesa, y que es necesario reformas la ley de comisiones de postulación, o bien quitarlas en definitiva.
Previamente mencionaba de un error técnico al momento de la resolución que dictó la Corte de Constitucionalidad de suspender la elección de los Magistrados, ya que en el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de cinco años. La pregunta es: ¿no se estaría violentando dicho artículo con la resolución de la CC? No es defender a los magistrados electos que fueron a presentar su amparo para que fueran debidamente juramentados, pero ¿no se estará contradiciendo la CC en cumplir con el tiempo establecido por la Carta Maga? Esta -claro- es la otra cara de la moneda, por lo que se abre un nuevo debate sobre si es legítima o legal esta decisión. ¿Quién saldrá ganando y perdiendo? ¿La presión de la sociedad civil, la independencia de la institucionalidad o el movimiento de influencias?
Es de esperar con los ojos bien abiertos.
La imaginación de los guatemaltecos nunca falta; muchos dijeron que se incurrió en un golpe de Estado técnico, cuando realmente eso no existe en la doctrina legal. El único término que se conoce es el Golpe de Estado que trasgrede el orden constitucional a través de diferentes mecanismos, y para que este exista debe de existir un Estado fallido incapaz de valerse por su independencia entre los organismos del Estado. Sería un error técnico de manera cautelar mientras se resuelven los 80 recursos dejados ante el pleno constitucional.
Es momento de calmar las aguas, salir a respirar aire puro y no dejar de apoyar a las iniciativas de las organizaciones. Queremos un país justo, equitativo y correcto, debemos involucrarnos, como dice Luis Felipe Valenzuela en su columna titulada “Bien por la CC”, el fin no justifica los medios. Nuestro país sigue en tela de duda ante la agonía del cáncer, y vuelvo a reiterar, seamos ciudadanos de cambio, seamos el remedio que necesita Guatemala.
