Chiar

María Alejandra Morales / Opinión /

El modelo de Comisiones de Postulación está estructurado de tal forma que deja el espacio libre para que se filtren la diversidad de intereses que emergen dentro de los grupos de presión. Los distintos actores, instituciones, tanto como agrupaciones que desean incidir en dicho proceso, encuentran una vía fácil para filtrar sus preferencias a través de este sistema. A pesar de que en un principio este mecanismo pretendía fomentar la independencia de los poderes del Estado, el modelo corporativista bajo el cual fue diseñado ha terminado por politizar la elección. En esta medida, no son solo las organizaciones y gremios de profesionales que buscan cooptar el sistema, sino el mismo gobierno central busca también adueñarse del Órgano de Justicia del Estado, a través del nombramiento de funcionarios afines dentro de los puestos designados por las postuladoras.

Cabe resaltar que el deseo por intervenir en este proceso de selección de los funcionarios no se manifiesta únicamente entre los gobernantes de turno, se observa también en el resto de asociaciones, tradicionales y nuevas, que se organizan corporativamente dentro del Estado. Es por ello que, en el afán por generar más espacios de incidencia política, buscan tener representación dentro de las Comisiones de Postulación, en la persecución por obtener mayores privilegios de este Estado de tipo patrimonial que figura como el único ente confiable para la creación de riqueza.

Por ello, en la actualidad incluso la actividad gremial se ha convertido en otro mecanismo para acceder a la oportunidad patrimonial del Estado. Este hecho se ejemplifica con claridad en el modelo de Comisiones de Postulación, para el cual, previo a su integración, se crea una competencia dentro de los entes colegiados y académicos por acceder a los espacios que se han abierto para representar a los distintas agrupaciones dentro de las comisiones.

Tal es el caso de algunas universidades del país, que en sus distintas representaciones dentro de las postuladoras, desde que el sistema de elección fue implementado, se han convertido en agentes al servicio de determinados grupos de presión.

Este hecho se observa con más claridad en la designación de los Decanos.

Un caso similar se observa en la elección de los representantes del Colegio de Abogados; también puede apreciarse en el de Economistas, Auditores y Contadores Públicos, dentro de los cuales aparecen distintas agrupaciones que representan diversidad de intereses y que lo que buscan en última instancia es también poder filtrar sus preferencias a través de las postuladoras. Estos se organizan a través de planillas, que compiten dentro de los gremios para poder así optar a poseer un asiento en la designación de dichos cargos.

El resultado de la cooptación por parte de los grupos de interés se concreta en el nombramiento de comisionados que se encuentran al servicio de determinadas corporaciones. El comisionado, en este modelo corporativo y de cooptación, no es más que un agente que acude en representación de determinado grupo de presión y que por medio de la votación, a la cual recurre en la última fase de integración de la nómina la Comisión, buscará nominar a los candidatos afines a su grupo para ocupar el cargo.

El modelo se ha vuelto tan efectivo en su función de representar diversidad de intereses, así como se ha esmerado en enfrentarlos dentro del campo de batalla en que se han convertido las postuladoras. El elemento político, que idealmente se pretendía eliminar para este mecanismo de elección, ha terminado por convertirse en el factor definitivo para la selección de estos cargos. El mero hecho de enviar las nóminas integradas por las Comisiones de Postulación, en la elección de los distintos cargos, al Presidente tanto como al Congreso de la República, han acabado por politizar completamente la elección de los distintos cargos. Este fenómeno se ha evidenciado con mucha claridad en la elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, la cual se encuentra provisionalmente suspendida. Pero la historia no termina ahí, aún falta ver en qué concluye dicha elección. ¿Logrará su cometido la sociedad civil y CICIG, o veremos triunfar un sistema absolutamente cooptado por el Estado? Mientras tanto, y como tanto nos gusta, solo queda esperar. ¿Y el Contralor General? ¡Oops, se nos olvidó!

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