By Mayid Alegria
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Treinta y cinco años han pasado desde que se le dio vida, en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, a una de las nuevas instituciones que atendían a las aspiraciones democráticas de la época, me refiero específicamente a la Corte de Constitucionalidad.

Por mandato constitucional, debía hacerse efectiva la instalación de la misma, noventa días después que la del Congreso de la República (14 de enero de 1986) conforme a lo dispuesto en el Artículo 296 de nuestra Constitución. Fue así como el 11 de abril de abril de 1986, se publicó el Decreto Número 20-86 del Congreso de la República en el Diario de Centroamérica. Dicho decreto, designaba a los primeros magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Los primeros magistrados titulares a los que se les encomendaría la función esencial de la defensa del orden constitucional: Héctor Zachrisson Descamps, Edgar Enrique Larraondo Salguero, Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, Adolfo González Rodas y Edmundo Quiñónez Solórzano. Asimismo, en el mismo Decreto (20-86), se convocaba a los magistrados para quedaran instalados el 14 de abril de 1986, cabe mencionar que fue hasta el 9 de junio de 1986 en donde se consolidó la I Magistratura.

Por otro lado, estimo oportuno realizar una breve reseña sobre el origen de los tribunales constitucionales en el mundo. Según lo desarrollado en la obra “La justicia constitucional. Garantías, proceso y tribunal constitucional” de Osvaldo Alfredo Gozaini, se dio vida a dos sistemas de control constitucional a finales del siglo XVIII, con la revolución de Estados Unidos y Francia. Más modernamente, en el siglo XX, se crea un sistema que está compuesto por los dos anteriores; desde su origen, se les ha encomendado a los tribunales constitucionales, la defensa del orden constitucional y la solución de conflicto entre los órganos del Estado, toda vez se busque un equilibrio en el poder público. Por otro lado, el antecedente histórico más cercano se remonta a la Constitución de 1965, en donde se implementó un sistema limitado, que creó una Corte de Constitucionalidad con carácter de tribunal no permanente; lo anterior es una corta reseña que podría ser desarrollada en otra columna de opinión, sobre la historia del Derecho Constitucional guatemalteco.

A lo largo de nuestra historia moderna, la Corte de Constitucionalidad (1986), ha jugado un papel importante en la esfera privada y pública. Desde su conformación, cada una de las magistraturas ha decido sobre un tema de trascendencia, de tal modo que nos han dirigido hasta nuestros días.

  • El 19 de octubre de 1990, la Corte de Constitucionalidad confirmó la sentencia que denegó la inscripción de la planilla en donde se encontraba el candidato General Efraín Ríos Mont, por los partidos: Partido Institucional Democrático, Frente de Unidad Nacional y Frente Republicano Guatemalteco; debido a la prohibición contenida en el Artículo 186, inciso a, de la Constitución Política de la República de Guatemala (Expediente 280-90).
  • En mayo de 1993, la Corte de Constitucionalidad dictó la sentencia de inconstitucionalidad, derivada del actuar del entonces presidente Ingeniero Jorge Serrano Elías, debido a que el mismo día, 25 de mayo de 1993, el presidente emitió un cuerpo normativo denominado “Normas Temporales de Gobierno”, las cuales difundió a través de una cadena de radio y televisión; en dichas disposiciones, se pretendía dejar sin efecto algunos derechos y contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. No obstante, debo aclarar que, en mi opinión, este ha sido el momento histórico en el que la Corte de Constitucionalidad ha jugado un papel fundamental, para defender el orden constitucional y consecuentemente, guardar la institucionalidad de la historia moderna del país (Expediente 225-93).
  • En agosto de 2011, la Corte de Constitucionalidad resolvió por medio del Expediente 2906-2011, otro de los tantos casos en materia política, que llegan hasta este Tribunal. Me refiero específicamente a la sentencia en donde se deniega la candidatura de la ciudadana Sandra Torres, ex Primera Dama de la Nación; uno de los argumentos fue el fraude de ley y el fraude constitucional, puesto que anteriormente, ella se encontraba civilmente casada con el ex Presidente Álvaro Colom y según la propia sentencia, el fraude de ley “entraña, como presupuestos, la existencia de un acto legal cuya validez jurídica no se cuestiona (en el presente caso, el divorcio) y que en sí mismo no es contrario a la ley, pero que es el medio para eludir una prohibición (específicamente, la imposibilidad de optar a la Presidencia de la República a quienes se encuentren dentro del supuesto contemplado por el inciso c) del artículo 186 constitucional”. El objetivo fue frenar la posibilidad que se alterara de forma incorrecta y viciosa la alternancia en el poder.
  • En 2017, la Corte de Constitucionalidad emitió una polémica resolución, en donde se ordenaba a las autoridades de Cancillería a que se revocara la conminatoria, con la cual se le revocó la visa al ex comisionado Iván Velásquez, luego que Jimmy Morales lo declarara ‘non grato’.
  • El 04 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad, por medio del Expediente 1169-2020, otorgó amparo solicitado por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, contra el Congreso de la República. En dicha resolución, se marcó una ruta para la elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones; debido a las distintas circunstancias que han vuelto a este proceso eleccionario, como fallido. Hasta la fecha, la resolución sigue sin cumplirse y consecuentemente aún no se relevan las Magistraturas de las Cortes.

De la misma forma, el relevo de la actual Magistratura de la Corte de Constitucionalidad está muy cerca, debido a que en abril de 2021, se estaría conformando la próxima Magistratura tal y como lo señala el Artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Cabe mencionar que la VIII Magistratura, al igual que las anteriores, deberá enfrentar una serie de retos para el ejercicio de su cargo. En primer lugar, deberán alejarse de todo compromiso personal con las instituciones que los designen. En segundo lugar, por medio de sus resoluciones, deberán seguir consolidando el régimen de certeza y legalidad. Asimismo, tienen una ardua tarea para que se haga efectivo el cumplimiento de sus resoluciones, ya que desde el gobierno de Jimmy Morales, se tiene un antecedente en el que se han venido desobedeciendo sus sentencias.  Por último, y no menos importante, deberán apegarse a la Constitución Política de la República de Guatemala, derecho y despojarse de ideologías que los nublen al momento de resolver sus fallos.

Por lo anterior, no debemos perder de vista la conformación de la próxima magistratura en tanto que el papel de la Corte de Constitucionalidad es crucial para la vida jurídica, democrática, social y económica del país; toda vez que la mayoría de casos podrían llegar a definirse ante este Honorable Tribual, por lo que podría convertirse en una corte codiciada para los intereses de los distintos sectores y consecuentemente en una amenaza para la sociedad guatemalteca.

Finalmente, la defensa del orden constitucional, ha sido encomendada a la Corte de Constitucionalidad. La defensa de la Constitución de igual manera, es deber de todo funcionario público, sin embargo, como ciudadanos también nos encontramos en la obligatoriedad de “cumplir y velar por que se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala”, de tal modo que debemos asumir ese compromiso permanente, de defender nuestra Constitución ante la amenaza de intereses particulares de los funcionarios públicos que se transforman en arbitrariedades de poder, lo cual rompe con nuestras aspiraciones de un Estado Constitucional de Derecho y una plena democracia.

¡Los ciudadanos y las ciudadanas somos garantes de nuestra Constitución!

 

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