By Brújula
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La semana pasada la Corte de Constitucionalidad emitió una polémica resolución en el caso del amparo que se había promovido contra Jimmy Morales por haber declarado persona non grata a Iván Velásquez. Lo que sucedió fue que el Procurador de los Derechos Humanos y otras personas le pidieron a la Corte de Constitucionalidad que tomara cartas en el asunto (a través de una petición de ejecución), pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, al revocarle la visa a Velásquez, estaba incumpliendo lo resuelto por la Corte a finales de agosto (que básicamente era mantener a Iván Velásquez en el cargo).

En la nota donde le revocaron la visa al Comisionado, la Viceministra también le recordó (así, con esas palabras) que sus inmunidades diplomáticas no le eximen de la obligación de respetar la Constitución Política y las leyes, así como tampoco le eximen de la obligación de abstenerse de inmiscuirse en los asuntos internos. En la resolución que comento, la Corte interpretó que el recordatorio era en realidad una conminatoria, una amenaza. Entonces le ordenó a la Ministra y a la Viceministra de Relaciones Exteriores que en el plazo de doce horas debían revocar el párrafo que contenía la supuesta amenaza en contra del Comisionado. Y por si fuera poco, dispuso que si estas no hacían caso a lo resuelto, la Corte le ordenaría al Presidente que procediera a la destitución de las funcionarias.

No fueron pocos los analistas que opinaron que la Corte de Constitucionalidad se excedió en esta resolución.

Me parece que la Corte, en efecto, se extralimitó. Lo evidencian varios aspectos. Uno de ellos es que la intervención de la Corte se pidió para que se dejará sin efecto la revocatoria de la visa del Comisionado, y no para conocer acerca del recordatorio que la Viceministra le hizo a aquel. Además, durante el trámite de la petición de ejecución, el Ministerio le renovó la visa al Comisionado, o sea, el asunto prácticamente se había quedado sin materia, y ya no era necesaria la intervención de la Corte. Y así lo reconocieron los magistrados en el inciso IV de su resolución. Sin embargo, estos no desaprovecharon la oportunidad para pronunciarse respecto del recordatorio que se le hizo al Comisionado. En esto, la Corte se excedió porque resolvió sobre algo que no le fue pedido.

Otro aspecto que evidencia el exceso y parcialidad de la Corte, es que esta indicó en su resolución que lo que la Viceministra le había dicho al Comisionado no era un “recordatorio” (como expresamente lo dice la nota diplomática), sino que era una “conminatoria”. Me parece que la Corte sabía que no tenía razón de ser pronunciarse acerca de un simple recordatorio que le hizo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores al Comisionado, y es por eso mismo que decide cambiarle el nombre y naturaleza a ese simple recordatorio. Para tratar de justificar su intervención en ese aspecto, la Corte decide llamarle conminatoria (amenaza) a aquel recordatorio, y dice que dicha conminatoria restringe y condiciona las funciones del Comisionado. Y es que, planteado así, a cualquiera le hubiera parecido justificable la intervención.

También es posible apreciar la “prisa” con que la Corte actuó, en la parte de la resolución donde dice que la conminatoria transgrede los derechos fundamentales que fueron identificados en la resolución del caso de la declaratoria de persona non grata. ¿Cuáles derechos fundamentales? ¿Derechos fundamentales de quién? Ni en aquella resolución ni en esta que comento se hace referencia a derechos fundamentales de alguna persona. Me atrevería a decir que la prisa que tenía la Corte por resolver este caso (como no la tiene en otros, por supuesto) la obligó a hacerle copy-paste a alguna resolución anterior, y eso la llevó a cometer ese gazapo.

Por último, quisiera llamar la atención sobre algo curioso.

La Corte dijo en esta última resolución que para que el Comisionado renueve su visa no se debe requerir mayores formalismos, sin embargo, en la resolución de la declaratoria de persona non grata, la Corte dio a entender que una de las graves falencias en la declaración que hizo Jimmy Morales, era que al principio del documento se consignó fecha 26 de agosto y al final del documento se puso la del 27 de agosto. O sea, pues, nos da a entender que esos formalismos no deben existir o no debe de hacérseles caso cuando perjudiquen al Comisionado, pero que estos sí son necesarios cuando se pretenda ejercer alguna acción que lo pueda perjudicar.

Entiendo que el tribunal constitucional actúa dentro de la política, que es un factor decisivo en la misma, y que sus resoluciones muchas veces tendrán tintes políticos.

Sin embargo, se me hace difícil creer en la justicia constitucional cuando veo que los jueces ponen, por encima del Derecho y la justicia, intereses políticos en favor del grupo de poder que pretende gobernar el país desde los tribunales.

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