El voto libre e igualitario, la libertad para conformar un partido político, el respeto por las minorías, los órganos de control; toda una serie de cualidades que conforman un sistema democrático moderno y que defienden a capa y espada los principios de igualdad, libertad y representatividad. Pese a que la democracia ha sufrido innumerables cambios a través del tiempo al punto que, como bien dijo el célebre politólogo Giovani Sartori, ya no es “la misma democracia” de la antigua Grecia, existen ciertas características que han perdurado y deben seguir perdurando, a fin de salvaguardar los principios antes mencionados y que son vitales para vivir en una sociedad libre, desarrollada y próspera.

Una de las características indispensables es la existencia de un órgano electoral independiente, íntegro y que brinde confianza a la población. No podemos pretender vivir en democracia, si la institución a la que le compete el tema electoral se encuentra parcializada o cooptada por algún grupo en particular. Sin dicho tribunal, las demás características (libertad e igualdad de voto, capacidad de asociación y participación, principio de la mayoría) son vacías, vanas y superficiales, ya que de nada sirve que numerosos partidos políticos compitan o que se conserve cierta uniformidad en el voto, si la máxima autoridad actúa en favor de intereses personales y no con base a la ley y la justicia.

Pero, ¿Por qué hago alusión a esto? Todo ello nace a raíz de lo que sucedió en nuestro país el pasado 2 de junio, en donde el magistrado Ranulfo Rojas Cetina asumió como presidente del órgano electoral que posee nuestro país: el Tribunal Supremo Electoral, para el período 2021-2022. No obstante, tal investidura fue empañada por una investigación periodística de un medio de comunicación, en donde se evidenció que en 2020 dicho magistrado había presentado documentación falsa a la comisión de postulación para optar a tal cargo. Dicho fraude, según la nota periodística, era en torno a un documento extendido por una universidad del país y que lo acreditaba como “Doctor en Derecho Constitucional”, cuando en realidad no había finalizado el doctorado como tal, ya que le hacían falta ciertos requisitos académicos.  Este certificado, si bien no era un requisito indispensable, permitió a Rojas obtener una mayor cantidad de puntos frente a otros candidatos, convirtiéndose finalmente en magistrado de un órgano de suma importancia para nuestra joven democracia.

Ahora bien, ¿hay evidencia suficiente para afirmar que el señor Rojas no es apto para el puesto de magistrado del máximo órgano electoral en el país?, en mi opinión si la hay. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 207, todos los magistrados, incluyendo los del Tribunal Supremo Electoral, deben poseer reconocida “honorabilidad”, con el propósito que su accionar en el puesto no sea viciado y se apegue a la justicia y a lo que la ley indica. Con todo esto, ¿deberíamos exigir la renuncia del magistrado, debido a que su papelería se encontraba adulterada? por supuesto que sí. Con una contienda electoral a la vuelta de la esquina, se hace indispensable hacernos escuchar, más aún en algo tan preocupante como lo es el tema electoral. Recordemos que no estamos hablando de una secretaría o pequeña dependencia del Estado, sino de uno de los tribunales que mayor credibilidad debería tener frente a la población.

Y sí, quizás suene demasiado alarmista al decir esto o consideren que me estoy dejando llevar por el desasosiego en el que medios de comunicación, analistas y agrupaciones de la sociedad civil se encuentran actualmente en torno a este tema.

Si aceptamos tales actos de corrupción estaremos normalizando la impunidad y la injusticia en nuestro país.

Si permitimos que personas acusadas de cometer delitos asuman altos puestos en instituciones de gran envergadura de nuestro país, más temprano que tarde la corrupción, la opacidad y los favores políticos extinguirán cualquier atisbo de democracia y terminarán por derrumbar las instituciones que durante décadas hemos intentado construir.

Oscuro escenario el que se viene, si seguimos permitiendo abusos como estos en las instituciones del Estado. Con los antecedentes de la contienda del 2019, en donde existieron anomalías tanto en inscripción de candidatos como en financiamiento y recuento de votos, ¿qué sucederá en 2023 con magistrados de dudosa honorabilidad? Lo único seguro en todo este flagelo, es que debemos seguir defendiendo los ideales democráticos y las instituciones que conforman dicho sistema político, a fin de que la frase:

“la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”

Propugnada por Abraham Lincoln en el famoso discurso de Gettysburg, no se convierta en una simple y vana ilusión para nuestra querida Guatemala.