By Justicia Ya
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La historia de la matriz energética en Guatemala se remonta a la Revolución Liberal, cuando compañías alemanas aportaron una enorme porción del capital para su creación. Desde su origen se caracterizó por la poca presencia estatal en el sector de la distribución eléctrica. La primera nacionalización se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Con la Alemania Nazi derrotada, el Estado guatemalteco expropió las propiedades de las empresas alemanas inversoras y, más adelante, brindó las concesiones a empresas estadounidenses.

Durante la primavera democrática, se nacionalizó nuevamente la energía eléctrica debido a irregularidades en los procesos financieros de la empresa. Luego, en 1954 con la contrarrevolución regresa al capital privado. Más adelante, en 1972, al caducar las concesiones la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) pasa a consolidarse como una empresa de capital mixto. En ese periodo, la guerra civil se recrudeció en Guatemala con violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad que se perpetraron a gran escala.

A finales de la década del ochenta, con los lineamientos del Consenso de Washington, que sintetizaba las reformas estructurales que debían realizarse en los países para salir de la deuda externa, comenzó el proceso de instauración de políticas neoliberales. En 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, se crean las condiciones necesarias para que la privatización del sector eléctrico se concrete en 1998, durante el gobierno de Alvaro Arzú, con la venta de las empresas estatales.

A veinte años de haberse cerrado el proceso de privatización, resulta necesario hacer una revisión de las consecuencias.

Por una parte, los procesos de privatización resultaron en la mejora de los procesos de distribución en algunos sectores del país. Sin embargo, sigue existiendo una enorme asimetría en la calidad de servicio y cobertura. Las construcciones ideológicas que impulsaron el proceso de reducción del Estado en la década del noventa se sustentaron en una  relación de dependencia, debido a que la deuda de Guatemala a los organismos financieros internacionales motivó tales modificaciones estructurales. Pese a ello, la venta de los activos estatales no se reflejó en una disminución sustancial de la deuda externa, de hecho, entre 1998 y 1999 aumentó. Tampoco se vieron cambios positivos en los índices de inversión en el desarrollo humano. Según informes de ASIES, la privatización y los ajustes estructurales dejaron una profunda deuda a nivel social. La problemática de la pobreza se agudizó con las imposiciones y la voracidad neoliberal frente a un Estado debilitado, incapaz de cumplir con su rol fiscalizador y garante de los derechos de los consumidores.

Frente a estas condiciones queda preguntarse si el acceso a la energía eléctrica es solo un servicio o un derecho humano.

Porque si se trata únicamente de un servicio, se justifica la falta de cobertura en muchas áreas del país donde los índices de pobreza sobrepasan el 80%. En contraposición, resulta interesante observar que varios países han decidido volcarse a la nacionalización de la energía eléctrica como una forma de garantizar el acceso para la población. Países como Noruega, Francia, Alemania, Suecia, Canadá, Colombia y Bolivia, tienen modelos municipales de distribución de la energía eléctrica. Cuyas ventajas son enormes para los Estados que, incluso brindando tarifas mucho más cómodas que las empresas privadas, adquieren enormes ganancias.

El modelo de empresa municipal que tiene Colombia es particularmente llamativo. Empresas Públicas de Medellín, actual dueña de EEGSA, es una empresa municipal tan eficiente que es capaz de brindar el servicio a otros países, generando enormes réditos para la comuna cuyo presupuesto actual es quince veces mayor el de la Ciudad de Guatemala, con una demográfica similar. Resulta paradójico que se haya abogado durante décadas por la privatización para que sea actualmente una empresa pública en expansión la actual dueña del negocio de la distribución en el área central del país.

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