Ahora que el proceso de elección de magistrados a la octava Corte de Constitucionalidad (CC) está definido, la pregunta oportuna es ¿Cómo influirá el hecho en el comportamiento de las fuerzas políticas dentro del sistema? Desde que Guatemala tiene memoria, las instituciones han sido instrumentos para legitimar el poder oficial. La séptima magistratura de la CC fue un peón que obstruyó el movimiento de las élites en muchas ocasiones y esto se tradujo en noches de insomnio para aquellos que veían sus objetivos frustrados.

Al observar las formas en que se condujeron los procesos de designación y los resultados correspondientes, es posible entrever indicios del futuro próximo que le espera a la justicia constitucional y a la política guatemalteca en general. Estos no son prometedores. Solo hace falta ver casos como Comisiones Paralelas 2020, para comprender cómo se operan los intereses en un sector de justicia sumamente debilitado.

La séptima magistratura de Alta Corte se caracterizó por emitir resoluciones controversiales, que iban en contra de la corriente tradicional del poder. A partir de esto, se mantiene un esfuerzo que busca abatir a la CC y a sus magistrados. Entre algunas de las acciones más controversiales de este Tribunal, se encuentran las resoluciones de temas como la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las industrias mineras, la prohibición de candidaturas presidenciales, la ley de ONG, entre otras.

Esto ha generado un malestar entre los poderes fácticos que manejan el Estado, ya que se han visto imposibilitados de maniobrar, por resoluciones del máximo tribunal constitucional. Es por esto que,  la elección de la nueva magistratura constituye la reconquista de un órgano disidente, que aglutinará diversos intereses en una agenda regresiva. Sin lugar a dudas, esto representa un avance en la cooptación del Estado que ha venido recuperando terreno en los últimos años.

De ahí la necesidad de recuperar un poder de la envergadura de la CC, el cual será el caballo de batalla para los intereses de impunidad, corrupción y clientelismo.

La falta de contrapesos políticos y la coordinación de las instituciones bajo la gerencia del poder oficial, son algunos de los principales objetivos que persiguen las élites, que acuerpan a este y a anteriores gobiernos. Si algo se debe reconocer, es que han llevado a cabo los objetivos con éxito. La disolución de CICIG, la pérdida de un Ministerio Público (MP) comprometido con la lucha contra la corrupción y la reciente toma de la CC, son algunas de las manifestaciones del avance de este plan.

Lo que le espera al sistema a partir de la elección de CC, es un reajuste de las fuerzas políticas, en donde la alianza que mantienen el oficialismo y sus socios, descompensará aún más el balance entre los poderes dentro del Estado. Además, son previsibles algunas regresiones en materia de Derechos Humanos, calidad democrática e institucional y lucha contra la corrupción.

Pareciera que las alianzas oscuras se fortalecen, pero será cuestión de observar qué tan fuerte es la presión desde el exterior, para forzar a este gobierno a actuar en temas de corrupción e impunidad. Sin embargo, como ciudadanía debemos encontrar las formas adecuadas de manifestar la inconformidad y la indignación.

Si queremos movernos hacia una democracia real, donde prevalezca un Estado constitucional y democrático de Derecho, debemos empezar por un ejercicio responsable e informado de nuestra ciudadanía. Si queremos instituciones robustas y libres, en las que podamos depositar nuestra representación; la fiscalización y exigencia son imprescindibles. Las reformas no se logran desde la pasividad indiferente. Pensar en un poder judicial fuerte e independiente parece ser un engaño con el actual sistema, pero no se puede caer en la impasibilidad política, que nos condena constantemente.